Cárceles exclusivas para personas de los pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Chile. Es la idea que baraja el Gobierno, según reveló a La Tercera el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo: "Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello".
Y lo respaldan los dichos del diputado de La Araucanía, Andrés Jouannet, a Emol, quien aseguró que esta iniciativa se la había propuesto a él, a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a la ex ministra del Interior, Izkia Siches, y a quien fue su jefa de gabinete y que hoy ejerce como titular de Segpres, Ana Lya Uriarte.
Para el parlamentario, esto "
hay que estudiarlo bien, esto no es una cuestión solamente de anuncios como nos tiene acostumbrado el Gobierno y después no pasa nada", dijo, y continuó: "Yo creo que efectivamente podría darse la posibilidad de que exista una cárcel especial para segregar a la población indígena, pero
que sea comprobado que es parte de una cultura y ancestralidad indígena".
Bajo esa perspectiva, levantó una alerta. "En Chile hay un 12% de personas que se autoreconocen indígenas. ¿Significaría que esas personas tendrían que ir a esas cárceles? No (…) es para gente que vive ahí, en la ruralidad indígena. Muchos, si es que tiene buenas condiciones, van a decir ´mire yo tengo apellido indígena´, pero esas personas no tienen ninguna vinculación a lo indígena propiamente tal".
Asimismo, discrepó con su colega Miguel Mellado, también de la zona, quien aseguró que estas cárceles deben ser construidas en el la periferia, y ser de alta seguridad solo para quienes cometan delitos de "terrorismo o violencia rural", para así mejorar la seguridad de quienes viven en la ciudad cerca de los recintos penitenciarios.
De esta manera, Jouannet aseguró que ese tipo de condenados que sean parte de una comunidad indígena, "tienen que cumplir la pena en una cárcel de alta seguridad, pero en una cárcel normal.
Esas personas no pueden tener este ´beneficio carcelario´".
Esto basándose en el artículo 9 del Convenio, que establece que, para aplicar la legislación nacional a personas de pueblos originarios, "deberán tomarse en cuenta sus costumbres o sus normas internas, traspasadas de generación en generación. Los pueblos deben tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos".
Por su parte, la única parlamentaria del Frente Amplio de la zona, Ericka Ñanco, aseguró que, para llevar adelante la idea, considerando siempre el Convenio 169 de la OIT, "se hace indispensable realizar procesos de consulta con las comunidades primero que todo y también con los familiares de quienes hoy día están privados de libertad. Así es como se escucha a los distintos pueblos. Más allá de lo que puedan opinar parlamentarios o parlamentarios de la zona, necesitamos escuchar a las comunidades y cuáles son las demandas reales en este tipo de materia".
Andrés Longton, jefe de comité de diputados RN, también cree que este tema debe abordarse "con prudencia", ya que "la creación de cárceles especiales tiene que ver con la creación de condiciones extraordinarias de seguridad, no con un trato diferenciado, que se puede lograr de otra manera".
Para el legislador, la idea debiera "apuntar hacia la creación de recintos o unidades que respeten la cosmovisión indígena, pero con límites claros, razonables y sin tratos preferentes. Se debe respetar la diversidad, pero en caso alguno promover la impunidad y el trato preferente como ha ocurrido en los últimos meses".
De la misma forma, refrendó lo planteado por Mellado: "Lo que parece necesario es la construcción de una cárcel de alta seguridad en la Macrozona Sur, sin distinción, en la que cumplan condena o prisión preventiva quienes hubieren participado en hechos constitutivos de terrorismo, robo de madera, narcotráfico o cualquier otra forma de crimen organizado".
Desde la misma bancada, Miguel Ángel Becker, diputado electo por La Araucanía, opinó lo contrario. "Me parece que es seguir segregando. Me parece que no es la forma. Los delincuentes comunes deben estar en cárceles comunes y para eso entonces no debe ser como se está proponiendo en este caso de tener cárceles separadas para personas que han sembrado el terror y la mala calidad de vida que tenemos hoy día especialmente en la Macrozona Sur".
Desde la bancada republicana, Mauricio Ojeda, también representante de La Araucanía, no está de acuerdo con la propuesta. Por una parte sí cree que "las cárceles debieran estar muy lejos de la ciudad, de hecho, en el campo para que los reos puedan producir, trabajar su propio alimento”, pero, sin embargo, “de ahí a separar a los reos por religión, por etnia, por culturas, creo que es una muy mala decisión porque somos todos iguales ante la ley", manifestó.
Henry Leal, diputado UDI por la misma región, tampoco apoya la idea del Gobierno. "No estoy de acuerdo con crear cárceles especiales para un grupo, en este caso para los pueblos originarios, porque mañana hay que crear para los extranjeros y así. No, yo creo en la igualdad ante la ley por sobre todo. Todos a las mismas cárceles".
Sin embargo, agregó que si es partidario de la "segregación". "Segregar de acuerdo al compromiso delictual. Los primerizos en un sector, las personas que han sido condenadas y tienen ya un comportamiento reiterado, que son reincidentes, en un lugar distinto. Eso me parece adecuado", indicó el diputado.
Lo mismo opina la senadora por la región, Carmen Gloria Aravena (Ind. RN), quien asegura que avanzar en esta idea "atentaría contra la igualdad ante la ley y sería un mal precedente".
Asimismo, llama al "Estado y el gobierno de turno" a "repensar el sistema carcelario en su totalidad", y agrega que es importante atender que "haya una adecuada segmentación de los internos, de manera que estén agrupados según su grado de peligrosidad y tipo de crimen que han cometido, ya que no todas las cárceles en Chile tienen esa segmentación, mezclando a reos altamente peligrosos con delincuentes comunes".
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (Demócratas), aseguró que invitarán a la ministra de Justicia a esa instancia para abordar el tema. Asegurando que tenemos en Chile "un problema de hacinamiento carcelario", agregó que "se trata de no crear privilegios especiales, pero sí que las sentencias de los tribunales se cumplan efectivamente y que no haya impunidad frente a los hechos de violencia, porque también hay inquietud de las regiones donde son trasladados muchas veces los condenados".
