Erika Maira integra la tercera quina propuesta por la Corte Suprema para el cargo de fiscal nacional.
Aton
Con 10 votos de respaldo
, Erika Maira se convirtió en la nueva integrante de la quina que la Corte Suprema presentará, por tercera vez, al Presidente Gabriel Boric, en un nuevo intento por destrabar la elección de la cabeza de la Fiscalía Nacional, y cuyos nombres anteriores no han logrado ratificación en el Senado.
Maira se impuso con la mayoría de votos sobre otros dos candidatos que completaban la lista de ocho postulantes para integrar el pool de cinco nombres: Eugenio Campos obtuvo seis apoyos y Nelly Salvo, dos.
La candidata viene a reemplazar el nombre de Marta Herrera y se suma a los postulantes Carlos Palma, Juan Meléndez, Nayalet Mansilla y Ángel Valencia; este último, uno de los presuntamente favoritos en el Parlamento (principalmente PS y RN), pero primero será el Ejecutivo el encargado de escoger de la lista y llegar con un nombre al Senado.
La abogada de la Universidad Católica es actual gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, y acumula una década de experiencia como fiscal adjunta y tres años como abogada asistente de fiscal. También es ex dirigenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), cargo que ocupó por dos periodos.
Entre sus especializaciones están los delitos violentos, sexuales y la violencia intrafamiliar. Además, acumula experiencia en protección de víctimas y litigación.
Maira pertenece al Comité de Género del Ministerio Público, e incluso participó en el desarrollo de la política de género y en su implementación. Asimismo, según consigna Ex-Ante respecto al contenido de su exposición ante la Suprema, lideró un proyecto de innovación en inteligencia artificial para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia en la pareja.
En materia de crimen organizado, participó en la mesa de la Macrozona Norte, y se ha abocado al tema de protección de seguridad de fiscales. Sus ejes y propuesta, según reveló en la instancia, están en "eficacia en la persecución penal, prioridad en las víctimas, control, transparencia y política comunicacional".
