El
Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó esta tarde una querella contra el ex alcalde de Vitacura,
Raúl Torrealba, por los presuntos delitos cometidos en esa comuna durante su administración (1996-2021), y que incluyen malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.
La acción judicial había sido anunciada ayer por el organismo, que justificó su decisión en los diversos antecedentes recogidos hasta ahora por el Ministerio Público sobre el caso.
La querella del consejo busca determinar la calidad de autores, cómplices o encubridores del ex alcalde Torrealba y de los ex directores de Desarrollo Comunitario (DECOM) de dicho municipio, Renato Sepúlveda Nebel y Antonia Larraín Prieto; y de los directivos y/o funcionarios de organizaciones comunitarias que recibieron millonarias subvenciones públicas, como son Domingo Prieto Urrejola, César Silva Silva y Arnaldo Cañas González.
"El Consejo de Defensa del Estado se encuentra trabajando con prontitud y rigurosidad para ejercer todas las atribuciones que la ley le otorga para el esclarecimiento total de los hechos y de cada uno de los delitos cometidos contra la Municipalidad de Vitacura", manifestó el presidente del organismo, Juan Peribonio.
Según detalló, la idea es "apoyar el avance de la indagatoria a cargo del Ministerio Público y obtener las más altas condenas de quienes tengan responsabilidad penal en estos ilícitos perpetrados concertada y reiteradamente durante un extenso periodo de tiempo".
La determinación de presentar la querella se tomó de forma unánime en el CDE, argumentada en los "más de 1.400 documentos digitales, que suman más de 15.000 páginas, luego que el Ministerio Público levantara el secreto que regía a su respecto desde el inicio del caso".
"Conforme con las declaraciones y antecedentes a los que el Consejo pudo acceder a mediados del mes de octubre, una vez levantado el secreto, la querella consigna una serie de procedimientos o mecanismos utilizados por los seis imputados para apropiarse de cuantiosas sumas de dinero desde las organizaciones comunitarias funcionales a dicha municipalidad, mecanismos que son, todavía, objeto de investigación por parte de la Fiscalía", complementó el organismo.
