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"Recordatorio" de la Suprema: Cómo leer la señal de la Corte y el momento de la relación del Gobierno con el Poder Judicial

Si bien el Ejecutivo y el propio Mandatario han intentado desdramatizar la polémica, la oposición adelantó una serie de acciones que incluyen una acusación constitucional a la titular de Justicia, Marcela Ríos e incluso el estudio de un libelo contra Gabriel Boric.

04 de Enero de 2023 | 08:01 | Por M. Romero, C. Román y F. Vargas, Emol
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Aton Chile/ Archivo.
Revuelo siguen generando los indultos otorgados el viernes por el Presidente Gabriel Boric a 13 condenados -12 en el marco del estallido social-, particularmente el que dice relación con el ex frentista Jorge Mateluna, el cual incluso abrió un flanco en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.

Esto luego de que el Mandatario asegura el lunes tener convicción de que Mateluna es "inocente" y que en su juicio, "hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia".

Los dichos del Presidente generaron molestia inmediata en la oposición, quienes ya a primera hora del martes alertaban respecto a que se había pasado a llevar a otro poder del Estado. Algo que incluso, según dijeron, se confirmó con el pronunciamiento emitido por la Corte Suprema subrayando sus atribuciones.

"Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos", señalaron desde el máximo tribunal, en una declaración que el mismo Presidente Boric, llamó "recordatorio" horas mas tarde.

Interpretación de ex ministros de Justicia


Consultado por Emol, el ex ministro de Justicia Carlos Maldonado opinó que la declaración de la Suprema, "sin duda es una expresión de profunda molestia y es una situación bastante grave en el funcionamiento de nuestra institucionalidad, no es normal que la Corte Suprema le tenga que recordar a un Presidente de la República cuestiones tan básicas del Estado de derecho como es la separación de poderes y la facultad exclusiva que tienen los tribunales para resolver las causas sometidas s su conocimiento (...) Es un recordatorio, un freno y un tirón de orejas de marca mayor".

Maldonado manifestó que la justificación del Presidente sobre el indulto a Mateluna, "pasa a llevar al organismo a cargo de la persecución penal y que dirige la investigación, como es el Ministerio Público, que también ha reaccionado, y pasa a llevar a los tribunales que conocieron de esta materia (...) La declaración del Presidente es como un elefante en una cristalería, con el agravante de que es el Presidente de la República, su primer deber es defender la institucionalidad y no deteriorarla con este tipo de declaraciones".

El también ex titular de Justicia Jaime Campos consideró que "la Corte Suprema tiene toda la razón y lo que advertí de que si es que el Presidente de la República fundaba el indulto en una supuesta inocencia del favorecido, estaba incurriendo en un acto inconstitucional y eso es lo que en el fondo dice la Corte Suprema cuando le reproduce íntegramente el artículo 76 de nuestra Constitución Política. Tiene toda la razón en hacer esta declaración, lo mismo la Fiscalía que apunta a lo mismo".

"El Presidente de la República no puede basar un indulto en una supuesta inocencia, porque eso es entrometerse en materias que son de la exclusiva y excluyente potestad del Poder Judicial. Esto es un hecho muy grave y que ameritaba una respuesta como la que leísmos", precisó Campos, añadiendo que "no facilita el que existan buenas relaciones entre dos poderes públicos cuando uno se mete en las facultades del otro".

Gobierno descarta pugna

En medio de la controversia, el propio Presidente Boric salió durante la tarde a abordar el tema, indicando que "comparto plenamente el recordatorio que hoy realizara la Corte Suprema". Aunque recalcó que "la facultad del indulto del que hecho uso, no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político que yo personalmente respeto, valoro y haré respetar".

Con ello, Boric añadió que "sería mala noticia para nuestro país que yo como Presidente de la República, iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países (...) valoro y estoy de acuerdo con la declaración de la Corte Suprema".

La declaración del Mandatario buscaba dejar atrás la polémica instalada y la idea de una pugna entre ambos poderes del Estado, pues pese a las explicaciones que había entregado más temprano la titular del Interior, Carolina Tohá, no se había aplacado.

La ola de cuestionamientos que provocaron los dichos del Mandatario ocasionaron suma inquietud al interior de La Moneda. Prueba de ello fue la serie de aclaraciones que tuvo que protagonizar la ministra Tohá, quien tuvo que intervenir en tres ocasiones en una sola mañana para abordar el tema.

Primero lo hizo pasadas las 7 de la mañana durante el balance 2022 de prevención y seguridad, ocasión en la que intentó enviar señales a la oposición para que revirtieran su decisión de bajarse de la mesa de seguridad impulsada por el Ejecutivo en protesta por los indultos concedidos por Boric.

Una hora más tarde conversó con Radio Cooperativa, en donde sostuvo que "lo que el Presidente ha querido hablar es de la convicción que él tiene y el juicio que se ha hecho respecto a uno de esos casos”, procediendo a defender el uso del instrumento del indulto por parte del Presidente.

Sin embargo, a eso del mediodía y una vez que se conoció la declaración de la Suprema, la jefa de gabinete enfrentó nuevamente a la prensa desde el Congreso en Valparaíso. Esa vez, afirmó que Boric nunca puso en discusión las atribuciones de los tribunales y que en el Gobierno "compartían" la postura de los magistrados.

Según Tohá, Boric "nunca ha puesto en discusión el ejercicio que este hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas", aclarando de paso que sus dichos, hacen referencia "al debate público que hubo y a opiniones que distintos actores han dado en ese debate, no a una opinión que él tenga del Poder Judicial".

Desde el Gobierno, comentaron que no existió ningún diseño previo que estableciera que Tohá saldría al paso. En esa línea, destacaron que ella solo respondió a lo que le preguntaron a lo largo del día con lo que ha sostenido siempre el Ejecutivo: Que se respetan las decisiones de los tribunales y se hizo uso de una potestad presidencial.

Otro elemento que dejó en evidencia la dificultad del Ejecutivo para procesar el asunto fue lo ocurrido con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo. En un comienzo, la portavoz respondería a las dudas sobre el tema a las 13:00 horas, pero paulatinamente ese plazo se fue postergando hasta suspender su vocería.

Minutos antes de las 15:00 horas, informaron que la secretaria de Estado no hablaría junto a la canciller Antonia Urrejola como estaba anunciado. Al interior de La Moneda, explicaron que la titular de la Segegob estaba en reuniones, pero lo cierto es que se había decidido que el propio Presidente emitiera una declaración pública.

Si bien la ministra Tohá desdramatizó la situación, voces al interior del oficialismo reconocen que la relación entre La Moneda y la Corte Suprema no pasa por su mejor momento, sobre todo recordando las dificultades en el proceso de designación del fiscal nacional que involucra a ambos poderes.

Cabe recordar que también causó revuelo hace unas semanas la llamada que hizo Boric al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en la que habría solicitado que se realice un nuevo concurso para fiscal nacional y no se siga completando la quina de candidatos con los nombres que ya estaban sobre la mesa. Lo que finalmente no ocurrió.

Pero la relación ente estos actores, aún tiene varios hitos pendientes, así durante su periodo el Mandatario deberá nominar a cuatro magistrados de la Corte, para reemplazar a quienes se jubilen.

Las reacciones de los partidos

Pese a lo anterior y a algunas críticas aisladas, los parlamentarios del oficialismo han sido cautos al abordar el tema, así el diputado del PC Luis Cuello manifestó a este medio que "coincido con lo expresado por el Presidente, se trató de un proceso que, en opinión de varios abogados careció de regularidad para imputar a Mateluna por el delito que dio lugar a la condena. En caso alguno la opinión del Presidente constituye una injerencia, tiene todo el derecho a expresar una apreciación".

"La Corte Suprema está siendo sorprendentemente activa en responderle al Presidente de la República, tanto en la petición que hizo hace semanas de que hubiera un nuevo llamado a concurso público de fiscal nacional, como en esta oportunidad en que deciden sacar una declaración que yo no comparto. Toda vez que el Presidente de la República tiene facultades discrecionales absolutas, entregas por la Constitución", recalcó el diputado Leonardo Soto (PS).

A juicio de Soto, "hay que tomarse las cosas con más tranquilidad y buscar tener una relación más armoniosa entre ambos poderes del Estado, particularmente cuando ambos tienen facultades exclusivas que nadie discute (...) podría estimarse que la relación que está teniendo la Corte Suprema en el último tiempo es de cierta fricción con el Presidente Gabriel Boric y quizás es reflejo de la integración actual que es bastante conservadora o influida por las designaciones de los dos últimos gobiernos de Sebastián Piñera.

El senador Pedro Araya (IND-PPD) advirtió que "el Gobierno tiene que mejorar las relaciones con los distintos poderes del Estado (...) probablemente llegó la hora de que el Presidente haga una evaluación de quiénes son los ministros que lo están acompañando para liderar ciertas áreas, porque este tipo de roces no se conocían con anterioridad y han sido bastante mal manejados por el Ejecutivo". El senador Araya fue crítico del rol de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en este tema.

"Me parece que es parte del estilo del Presidente Boric actuar transparentemente, de tratar de explicar a la ciudadanía (...) él salió a aclarar sus dichos para que no se armara un escándalo mayor", precisó el senador Daniel Núñez (PC), añadiendo que "no hay ninguna vulneración en los actos del Presidente de la República a las atribuciones del Poder Judicial".

En la oposición, en cambio, criticaron las declaraciones iniciales del Presidente y anunciaron una serie de acciones, por ejemplo, la UDI presentó una reforma constitucional que elimina la facultad presidencial de otorgar indultos. Tampoco descartaron la idea de recurrir al recurrir al Tribunal Constitucional por este caso en particular.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, expresó que esto "demuestra la gravedad de lo que estamos presenciando en los últimos días, la gravedad de la decisión que tomó el Presidente de la República, que no solo demuestra falta de coherencia con el tema de la seguridad en un momento importante para Chile, sino que afecta con sus declaraciones gravemente la independencia del Poder Judicial, y es la razón por la cual la Corte Suprema emite esta declaración".

"La Corte Suprema da la señal obvia, el Presidente no puede fundamentar un indulto en decir que un procedimiento estuvo mal llevado por el Poder Judicial, eso es algo muy grave (...) esto lesiona las confianzas y lesiona lo que son la separación de Poderes", afirmó el senador Rodrigo Galilea (RN).

Desde RN también el diputado y secretario general, Diego Schalper, envió un oficio al contralor Jorge Bermúdez para que declare inconstitucional el indulto a Mateluna.

La senadora Carmen Gloria Aravena (IND-RN) planteó que "el Presidente se arroga atribuciones que son exclusiva de los tribunales al señalar que tiene plena 'convicción' de la inocencia del ex frentista y de que hubo 'irregularidades' en el proceso".

"Aquí se hizo uso de una atribución constitucional del Presidente, pero sobre elementos que son inconstitucionales, y por esa misma razón, el Mandatario debiese revertir esos indultos y dejarlos sin efecto", complementó Aravena.

Sumado a esto, las bancadas de Chile Vamos impulsarían en conjunto una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, algo anunciado ya el viernes por RN y ratificado hoy por la UDI. Y aunque inicialmente la idea era ingresar el libelo la tercera semana de enero, los últimos hechos harían que fuese a la brevedad.

Sobre el anuncio de la acusación constitucional en su contra, la ministra Ríos precisó que se trata de "una facultad de la Cámara, nosotros somos muy respetuosos de las facultades del Poder Legislativo, estamos disponibles para concurrir en los procedimientos necesarios y poder responder cualquier duda de los diputados en este sentido".

En menor medida, además en la oposición también ha circulado la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente Boric, algo que han deslizado desde RN y Republicanos. Hoy, en tanto, a las 19:00 horas se realizará una sesión especial en la Cámara para abordar el tema de los indultos, a petición de la UDI, y con apoyo de Chile Vamos, el PDG y de otros diputados
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