"Un honor haber podido servir a mi país desde el gobierno. Seguiré aportando donde quiera que esté", dijo el sábado pasado a través de su cuenta en Twitter la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, en las únicas palabras que pronunció tras renunciar al cargo en el que permaneció por casi diez meses.
La severa crisis que provocó la decisión del Presidente Gabriel Boric de otorgar indultos a 12 presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna y la serie de errores ocurridos en el proceso impactaron en la ex secretaria de Estado, quien ahora tendrá que enfrentar una acusación constitucional en su contra por esos hechos.
A tres días de su salida,
Ríos ha permanecido en silencio. No obstante, distintas fuentes consultadas por Emol aseguran que ya está preparando su defensa ante el líbelo impulsado por la oposición, en el que se le apunta por los beneficios carcelarios concedidos a presos mapuche en Angol y las "desprolijidades" en los indultos.
De hecho, un parlamentario oficialista comentó a este medio que incluso "ella estaba planificando la defensa de la acusación constitucional desde antes, porque entendía que existía un asedio permanente por parte de la derecha a su gestión. Desde hace meses ella fue amenazada en al menos tres ocasiones".
"Ella tenía previsto este escenario, había buscado a algunas personas que la pudieran defender y también tenía claridad de cuáles eran los conceptos que iban a fundar su defensa", añadió, junto con subrayar que en este momento la ex ministra está en la “etapa de concreción” de ese trabajo.
En ese contexto, desde su entorno aseguran que el foco en estos días está puesto en analizar particularmente el capítulo dedicado a los indultos, ya que en lo relacionado al caso de Angol, Rios ya posee tarea adelantada. Para ello, sostienen que el informe emanado por la comisión investigadora de la Cámara será clave en su defensa.
"Sobre eso hubo una comisión que analizó en profundidad y en detalle esos beneficios penitenciarios, su legalidad y las situaciones fácticas que concurrieron al traslado de esos comuneros mapuche. Hubo un informe que concluyó que estaban correctamente decididos y
que no hubo irregularidad alguna", sostiene otro legislador oficialista.
En esa línea, subraya que "ese cargo no tiene ningún fundamento y su defensa va a utilizar con mucha claridad el informe de esa comisión investigadora". Distinto es el escenario que se abrió con los indultos, sobre todo después de los comentarios de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que complicaron seriamente a Ríos.
"Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta", dijo la portavoz, en una frase que a juicio de la oposición justifica aún más la acción. "Es relevante el reconocimiento que hizo la ministra Vallejo (…) estamos en manos de ministros que no le entregan toda la información al Presidente", dijeron.
Por ello, la ex titular de Justicia y DD.HH. y su círculo han puesto toda la energía en estos días en buscar a un abogado que le permita superar la acusación. "Está viendo las características, que sea un abogado constitucionalista que tenga la experiencia en estas lides", afirmaron desde su entorno.
Respaldo en el Parlamento
En el último mensaje que publicó en Twitter, la ex ministra también agradeció el apoyo que recibió en los últimos días durante la crisis. "Muchas gracias a todas y todos por las llamadas y mensajes de cariño y afecto. A los apoyos públicos y privados. En política también se evidencia la calidad humana", destacó.
Y es que pese a que no logró cuajar una buena relación con todo el Congreso, donde tuvo una tensa relación con la oposición e incluso se ganó algunos detractores en el propio oficialismo, en particular en el comité de senadores del PS, en los últimos días varios legisladores le expresaron su apoyo por distintas vías.
Entre ellos, se cuenta al presidente de la comisión de Constitución del Senado,
Matías Walker (Demócratas), el diputado
Leonardo Soto (PS), y su par de Centro Democrático Unido,
Miguel Ángel Calisto, quienes lamentaron su salida, destacaron los avances que logró la secretaria de Estado en su cartera y le expresaron su apoyo ante la acusación.
Por ejemplo, Walker señaló a Emol que "públicamente agradecí la labor de la ministra Ríos, me tocó trabajar con ella en la comisión, donde sacamos adelante una agenda muy sustantiva, sobre todo en materia de infancia. Logramos aprobar la ley de garantías de la infancia, la que crea el nuevo servicio que termina con el Sename".
"El proyecto de ley que tipifica la explotación sexual infantil, proyectos en materia de DD.HH. Trabajamos muy bien y yo solamente tengo palabras de valoración a su trabajo. Ella pagó el costo de una mala decisión que adoptó el Presidente respecto de los indultos y le he manifestado mi reconocimiento al trabajo en conjunto", dijo.
En tanto, Calisto mencionó que "yo le manifesté a la ministra mi solidaridad por la situación que ha vivido, porque el Gobierno la ha usado en parte como escudo frente a todo esto que ha ocurrido. Yo lo lamento, pero aquí también hay responsabilidades políticas y es compleja la decisión que vamos a tener en relación a la acusación".
"Yo tengo el firme convencimiento de que ella puntualmente no ha sido responsable solamente de los indultos mal cursados. Pero acá se requiere una responsabilidad del Gobierno frente a estos hechos, ¿pero si no es ella, quién, la ministra del Interior, el Presidente? Entonces estamos en una situación compleja".
Una visión similar planteó la senadora Ximena Rincón, quien acusó que con la caída de Ríos el Ejecutivo ha mostrado un "feminismo de cartón (...) que sirve para hacer campaña, para instalar eslogan, pero no para tener conductas coherentes con ese feminismo que se dice iba a ser lo que marcara la gestión de este Gobierno".
"El Presidente es más duro con las mujeres. Segundo, a una mujer la saca y pone un hombre, tercero, cuando ha podido nombrar mujeres, no las nombra", agregó en una entrevista en EmolTV, en una postura que también fue advertida desde RN por las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez.
No obstante, más allá de apoyos particulares, el escenario para la secretaria de Estado asoma complejo en el Cámara de Diputados, ya que varios diputados independientes y de centro ya mencionaron su apertura a la acusación constitucional e incluso la posibilidad de aprobarla.
El blindaje de CS
Donde más se sintió la salida de Ríos fue en su partido, Convergencia Social, el cual le ha brindado un completo respaldo incluso desde antes de lo ocurrido con los indultos, ya que la ex ministra arrastraba una serie de reproches por el rol que jugó en la fallida nominación de dos candidatos a la Fiscalía Nacional.
De hecho, varios dirigentes de la colectividad, como la vicepresidenta Ximena Peralta y las parlamentarias Gael Yeomans, Lorena Fries y Emilia Schneider, se reunieron días antes con la ex secretaria de Estado para brindarle su respaldo ante el complejo momento político que estaba viviendo.
Ese apoyo se ha mantenido sobre todo este fin de semana, en el cual le ofrecieron toda la ayuda política y jurídica necesaria para salir airosa de la acusación constitucional. "Colaboraremos con la ex ministra, que es nuestra militante, en su defensa frente al revanchismo", dijo a Emol
el líder de la tienda,
Diego Ibáñez.
En esa línea, en relación al líbelo, el parlamentario recordó que "la ministra ya hizo efectiva su renuncia y toda la facultad presidencial se realizó con estricto apego al Estado de Derecho. Sabemos que existen diferencias, pero no tratan sobre la legalidad de su actuación, que es justamente el fundamento de una acusación Constitucional".
La misma visión planteó a este medio Peralta, quien afirmó que "ella es militante de nuestro partido y la estamos apoyando en todo el proceso que viene. El apoyo político se está gestionando desde ya a través de la bancada parlamentaria y todo el trabajo que hacemos como partido".
"Ese trabajo ya se está haciendo", aseguró la dirigenta, apuntando al dialogo que han abierto los legisladores que pertenecen a la colectividad con las otras bancadas de diputados de la oposición, con miras a asegurar los votos que impidan el avance de la acusación constitucional en el Senado.
