"El Gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento al TC", dijo Cordero.
Aton.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo este jueves que por ahora no está en los planes iniciar un sumario por las “desprolijidades” que el Presidente Gabriel Boric reconoció en la preparación de los 13 indultos que otorgó, asegurando que lo primero es esperar el resultado de los procesos en la Contraloría y el Tribunal Constitucional.
Tras sostener una cita protocolar con la Corte Suprema en la sede del Poder Judicial, el secretario de Estado evitó pronunciarse sobre los errores apuntados por el Mandatario, respondiendo que "yo no quiero no puedo ser interprete del Presidente, él es el que ha expresado esa opinión, pero también ha precisado a que se refiere".
"
Es una afirmación que está vinculada a las cuestionas políticas. Eso tuvo consecuencias y una de esas consecuencias es que hoy me tienen acá", indicó, junto con descartar que por ahora se inicie una investigación para determinar las responsabilidades administrativas al interior de su cartera.
Al respecto, Cordero señaló que "las responsabilidades administrativas son resultado de consecuencias jurídicas y mientras esta sea planteada como una discusión jurídica, como ha sido planteado no por el Ejecutivo, sino por la oposición, en ese espacio se mantendrá".
"Las responsabilidades disciplinarias
es algo que por ahora no forma parte de la discusión, fundamentalmente porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional", enfatizó, en referencia a los requerimientos de Chile Vamos.
Asimismo, sobre si cree que los beneficios entregados a los presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna estaban ajustados a derecho, indicó que "lo que pasa es que esto
es como si yo le definiera la estrategia del caso, dado que hay alguien que los ha objetado, que es lo que tenemos en Contraloría".
"Lo planteo del siguiente modo. En el sistema institucional chileno, un acto administrativo legalmente emitido que ha producido sus efectos, esto no lo digo yo, lo dice la ley, tiene presunción de legalidad. Y mientras esa presunción no sea derribada,
esos actos administrativos son ajustados a derecho", concluyó.
Finalmente, el titular de Justicia también fue abordado sobre la publicación de un reportaje de Ciper sobre unas boletas de honorarios que emitió a la Municipalidad de Lo Barnechea mientras era conducida por el ex alcalde Felipe Guevara, quien ha sido involucrado en la investigación por el fraude que habría ocurrido en Vitacura.
Sobre ese caso, sostuvo que "hay un aspecto constitucional que es relevante: El fiscal nacional y la fiscalía nacional es una autonomía constitucional respecto de la cual el Ejecutivo no tiene ningún vinculo ni dependencia ni supervigilancia. Cualquier respuesta a esa pregunta es algo que tiene que responder el Ministerio Público y en particular el fiscal Valencia".
