En octubre de 2019, durante el estallido, cientos de personas irrumpieron en
terrenos privados del cerro La Virgen en San Antonio. Con el paso de los meses, la ocupación ilegal fue adquiriendo mayores proporciones y hoy se estima en miles los ocupantes. El dueño del terreno, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. ha iniciado acciones legales contra los usurpadores, pero
el Estado había abierto otra salida. Siete lotes, que cubren gran parte de la toma,
estaban en trámite de ser expropiados por el Ministerio de Obras Públicas (OO.PP.), pues por ellos pasaba parte del trazado del futuro nuevo acceso norte al puerto de San Antonio. Castigando en 20% el valor de los terrenos debido a la toma, el MOP incluso había depositado los $1.200 millones que pagaba por los terrenos,
pero en julio de 2022 se puso abrupto fin al proceso, "ante la imposibilidad de realizar la desocupación de las tomas por parte de la municipalidad". El gerente de Asunto Públicos de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), Carlos Mondaca, admitió que
esta situación general un "eventual atraso" en el nuevo acceso portuario, pero que "de ninguna manera impacta en el proyecto".
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