La promesa de descentralización del Gobierno del Presidente Boric tendrá un importante gesto en mayo de este año, cuando ingrese una indicación al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Esto, porque ella contendrá el traspaso de facultades en materia de prevención del delito a gobernadores y gobernadoras regionales.
Así lo anunció ayer la
ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante el punto de prensa del comité político ampliado. Junto con subrayar que el Mandatario "ha hecho un compromiso por la descentralización, lo que ha implicado un diálogo" con los gobernadores, destacó que eso también incluye "un compromiso para poder
traspasar facultades en materia de prevención,
y eso se va a materializar a través de una indicación en mayo", esto, al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
La ministra explicó que dicho ministerio, "va a tener que establecer cómo va a estar representado en las regiones y, por cierto, que ya no va a estar la figura como la conocemos de los delegados y delegadas presidenciales; el ministerio del Interior como una jefatura de gabinete a nivel nacional va a tener que tener representación en las regiones, pero todo lo que tiene que ver con orden y seguridad va a estar a cargo de autoridades regionales en esa materia".
Añadió que, de este modo, "lo que le corresponde a los gobernadores va a ser ciertas facultades en materia de prevención, porque, sin lugar a dudas, pueden aportar, por los recursos que tienen, por el conocimiento del territorio, y entonces van a ser grandes aliados en la prevención del delito en todo el terriotorio nacional".
En conversación con Emol, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, calificó como "excelente noticia" que el Gobierno se haya abierto "a reformar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y reconocernos un rol en cuanto a la prevención del delito y así poder generar, no solamente proyectos y programas, sino que también políticas regionales en esta materia, que es la primera prioridad ciudadana".
"Igualmente valoramos que el Gobierno se haya comprometido a enviar una iniciativa legal, a más tardar en mayo al Congreso, sea como proyecto de ley o indicación, que permita eliminar los delegados presidenciales tal como los hemos conocido, y generar otro mecanismo de representación del Ejecutivo, pero que no sea una figura que tenga el mismo nivel de los gobernadores regionales", agregó.
En la misma línea, el gobernador regional de Arica, Jorge Díaz, sostuvo que "nos parece bastante apropiado que las propuestas que tengamos los gobernadores regionales se puedan ir cumpliendo. Esto, porque somos autoridades electas en cada una de las regiones, y además, representamos los intereses de la región ante el Gobierno central. Por lo tanto, que cumplan la promesa de terminar su periodo con menos poder del que comenzó, nos parece, al menos, un buen indicador".
"Por fin vamos a tener un rol distinto en materia de seguridad pública, que es lo que tanto pide la ciudadanía", subrayó.
La solicitud de los gobernadores regionales
El anuncio de la ministra es celebrado por los gobernadores regionales, puesto que se trata de una solicitud escuchada, y que les entregaría importantes facultades que hasta el momento no poseen y que les estrecha el rango de acción en materia de prevención. De hecho, los gobiernos regionales hoy no tienen ninguna competencia en materia de seguridad pública, e incluso no están facultados para presentar querellas en causas asociadas a delitos en las regiones. Lo que buscan hace tiempo es poder tener un rol explícito en la ley.
Lo anterior no ocurrió en junio de 2022, cuando el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2022-2026, "con foco en equidad territorial en prevención del delito y combate al crimen organizado y control de armas". El plan anunciaba medidas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, y una Política Nacional contra el Crimen Organizado;
pero no se especificó ni consideró el rol de los gobiernos regionales.
En septiembre, la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) solicitó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que convocara a los organismos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, junto a Gobiernos regionales y comunales, para un Gran Acuerdo por la Seguridad; esto, para poder diseñar e implementar una política de Estado en la materia.
En diciembre del año pasado, Agorechi elaboró un documento donde plantearon diversas propuestas, divididas en modificaciones relacionadas con el rol preventivo de los gobiernos regionales y, a solicitud de la ministra, sugerencias sobre reformas a cuerpos legales fundamentales para la seguridad y orden público.
Rol preventivo de los gobiernos regionales
En cuanto al rol preventivo, los gobernadores propusieron nueve disposiciones al respecto, entre ellas; la incorporación de un representante de Agorechi al Consejo Nacional de Seguridad Pública; la participación del gobernador regional al Consejo de Seguridad Pública Interior; la creación de un Consejo Regional de Prevención del delito y atención de víctimas presidido por el gobernador regional; una nueva división de prevención del delito y asistencia a víctimas; y la facultad de gobernadores para presentar una denuncia o querella ante ciertos hechos constitutivos de delitos.
El documento de respuesta del ministerio del Interior, elaborado en diciembre de 2022, plantea que es "fundamental asegurar el desarrollo de políticas públicas con pertinencia regional dentro de un marco de coherencia nacional. En esa dirección se elabora esta propuesta, considerando lo presentado por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile".
La propuesta, aclararon desde Interior, "excluye cualquier atribución directa o indirectamente vinculada a la seguridad y orden público, tales como la dependencia y subordinación de las policías, el control del orden público, la distribución policial, la legitimación activa para la presentación de querellas y cualquier otra materia que esté contenida en esta atribución".
Así las cosas, y en atención a lo planteado por los gobernadores, el Ejecutivo propone modificar el artículo 16 de la ley 19.175 para dotar a los gobiernos regionales de la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, las que deben ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública.
Para ello, deberá existir coordinación entre los GOREs y la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que dictará lineamientos y orientaciones técnicas en materia, del mismo modo como hace con los municipios, en los programas y proyectos. En particular, respecto de víctimas, dicha facultad permitiría a los GOREs otorgar asistencia en el ámbito psicológico, social y legal a las personas que han sido víctimas de delitos violentos.
Esta facultad se podrá ejercer sin perjuicio de aquellas que le correspondan a las demás autoridades con competencia en la materia y en el ejercicio de esta facultad, los GOREs podrán celebrar convenios para llevar a cabo esta función con organismos públicos o privados, incluyendo las municipalidades.
Asimismo, los GOREs podrán asesorar a las municipalidades -cuando éstas lo soliciten- en el diseño, implementación y evaluación de sus Planes Comunales de Seguridad Pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito.
En el ámbito de las zonas metropolitanas, se propone que los Gobiernos Regionales puedan desarrollar acciones de prevención del delito respecto a la unificación de planes y programas, tales como salas de cámaras, tecnología y estrategias conjuntas a ejecutar en los territorios metropolitanos.
Asimismo, el Ejecutivo hizo presente que en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N°14614-07) establece que corresponderá al nivel central la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.
Otras propuestas
Las propuestas del Ejecutivo también hacen eco de otras solicitudes de los gobernadores, como la integración de los gobernadores regionales al Consejo de Seguridad Pública; donde se propone además que sea "la principal instancia de elaboración, coordinación y articulación entre el nivel nacional y regional, con el objeto de evitar duplicidad de acciones y propender a un eficiente y eficaz uso de los recursos en materia de prevención del delito. Asimismo, que esta instancia contemple dentro de sus materias lo relativo a prevención del delito y atención y asistencia a víctimas".
También se propone otorgar a los gobiernos regionales la facultad para crear una una nueva
División de Prevención del Delito y de Atención y Asistencias a Víctimas, la que "asesorará a la autoridad regional en el diseño, elaboración y aplicación de programas y proyectos de prevención del delito en la región, en coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública".
Además, dicha División podrá elaborar estudios y estadísticas en la materia; y en general se le asignan las atribuciones que le permitan ejecutar la competencia en prevención del delito, así como dar asistencia gratuita y especializada en el ámbito psicológico, social y legal a las personas que han sido víctimas de delitos violentos. Se propone revisar en conjunto las atribuciones específicas de esta nueva división.
¿Podrán presentar querellas?
Frente a la solicitud de Agorechi para contar con legitimación activa para ejercer acción penal en materia de orden público y comisión de delitos, esto es, la facultad de presentar querellas, el Gobierno manifestó sus reparos.
En el texto de diciembre, destacan que dicha facultad hoy esta reservada para los delegados presidenciales y al Mininisterio del Interior. "
Ante lo planteado por Agorechi, la doctrina critica la posibilidad de que muchos intervinientes, que no sean realmente víctimas, puedan tener la calidad de querellantes dentro del proceso penal".
Agrega que "si bien se consideran a algunos actores como posibles intervinientes sin tener la calidad de víctima, esto es restringido en razón del concepto de monopolio y ejercicio de acción por parte del órgano estatal definido por la Constitución, esto es el Ministerio Público. Por ello, hoy, la ley establece de manera limitada cuándo y quiénes pueden intervenir como entes estatales en representación de intereses comunitarios".
Asimismo, explican que "la sobre representación importa un desequilibrio para los derechos del imputado, afecta la persecución penal y es un derroche de recursos fiscales que afecta la eficiencia del aparataje público. Por un lado, afecta los derechos del imputado porque lo pone en
situación de enfrentar a varios persecutores y por ende, hacerse cargo de variadas pretensiones, muchas veces contradictorias entre sí. Por otro lado, afecta la persecución, porque debilita las posiciones del Ministerio Público y de los querellantes, al verse al imputado como un individuo enfrentado a múltiples acusadores, todos los cuales tienen, en principio, un mismo interés".
"Por último, importa un derroche de recursos fiscales, pues no es adecuado que varias entidades inviertan recursos en persecución que, si son diligentes en su trabajo, importa el destino de varias horas profesionales y medios para cumplir una misma labor", señala el documento.
