En noviembre de 2018 entró en vigencia la Ley de Convivencia Vial, que buscaba normar la relación de los distintos medios de transporte que se movilizan por las calles del país. En ese entonces, la Conaset afirmaba que este venía a ser "un aporte al orden urbano". Más de cuatro años después, los principales impulsores reconocen que la aplicación de la norma ha sido compleja, y que aún existen puntos fundamentales en los que se está al debe. Es, para muchos, "letra muerta". Andrés Santelices, presidente de la ONG Educleta, dice que "uno quisiera cambios más rápidos, porque son vidas las que están en juego. Se quisiera que esto fuera mucho más eficiente, pero la verdad es que aún falta para alcanzar ese objetivo".