El próximo 28 de febrero, un grupo de parlamentarios de la UDI reunirán firmas para impulsar una comisión investigadora a raíz de los incendios forestales que han afectado la zona centro-sur del país; siniestros que a la fecha han dejado una superficie de casi 450 mil hectáreas afectadas, más de 2 mil viviendas destruidas, 25 personas fallecidas y 41 detenidos.
Según comentó el martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, las proyecciones del costo total de la emergencia para el fisco llega a los US$300 millones; cifra superior a los US$250 millones informados la semana pasada.
Este cálculo toma como base el monto que el Estado desembolsó por hectárea durante el incendio ocurrido el año 2017 e incluye el gasto directo en el combate del incendio, la posterior reconstrucción de viviendas, el apoyo a sectores productivos, entre otros.
Pero es precisamente el "megaincendio" de 2017, o la también llamada "tormenta de fuego" la que para varias voces debió haber marcado un precedente más allá del cálculo de los gastos. Aquella experiencia debió haberse convertido en un parámetro para que seis años más tarde el país estuviera mejor preparado para enfrentar este tipo de desastres.
Por eso, un grupo de parlamentarios UDI, encabezados por los diputados Felipe Donoso, Sergio Bobadilla, Henry Leal y Juan Antonio Coloma ya anunciaron que impulsarán una comisión investigadora, con el fin de establecer responsabilidades políticas en materia de "prevención, gestión y combate de incendios", pues según acusan, no hubo una adecuada planificación en el Ejecutivo.
Según detalló el diputado Coloma a Emol, en la instancia buscarán analizar los motivos en la demora en la contratación de los aviones de gran escala, "sobretodo porque con la experiencia de los grandes incendios de años anteriores, sabíamos que estos debían estar contratados y disponibles con anterioridad".
En la misma línea, el diputado Henry Leal sostuvo que "todos los años, Conaf y el MOP hacían un convenio para hacer cortafuegos en las zonas cercanas a los centros poblados, y en diciembre del año pasado aún no partían con esos trabajos en la Región de La Araucanía. Entonces obviamente no hubo una planificación para impedir muchas cosas".
Pero la ofensiva de la oposición también incluirá el debate por la intencionalidad de los siniestros, luego que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuviera que "no habría ningún dato que permitiera decir que eso (la intencionalidad) tiene fundamento". Los dichos fueron cuestionados en el sector privado; incluso en Corma, donde advierten, según sus datos, que la intencionalidad de los siniestros llegaría hasta el 90% en algunas comunas.
Es por ello que el jueves, el mismo día en que la UDI buscará las firmas para la comisión investigadora, desde RN impulsarán la solicitud de una comisión especial y secreta, con las comisiones de Seguridad y Defensa, para abordar la preocupación y los datos asociados a la comisión de incendios con dolo.
Comisión investigadora de 2017
En 2017 también se impulsó una comisión investigadora, esa vez, fue la Democracia Cristiana la tienda que apuntó a la necesidad de evaluar las responsabilidades en el manejo y control de la emergencia que afectaba a las regiones de O'Higgins, Maule y el Biobío. Cuando se hizo la propuesta, los siniestros ya habían consumido más de 120 mil hectáreas.
El 26 de enero de ese año, con 73 votos a favor, la Cámara de Diputados dio luz verde a la instancia que comenzó a sesionar una vez superada la emergencia. El entonces diputado y actual senador,
Iván Flores, impulsor de la iniciativa, tildó al entonces director ejecutivo de la Conaf, Aaron Cavieres como un "inepto" en su gestión y subrayó que la situación era "insostenible para Chile; y nos hemos encontrado con sordera y tozudez".
De la instancia emanó un informe de 121 páginas, de las cuales 11 contienen conclusiones y propuestas. Entre ellas, se señala que "el mega incendio ocurrido entre enero y febrero de 2017 es considerada una situación fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo de combate de incendios forestales, debido a su gran magnitud".
También detalla que los siniestros consumieron casi 500 mil hectáreas, y que "un fenómeno que podría sumarse al conjunto de variables que intensifican los mega incendios es la situación estructural de las plantaciones forestales en el país, caracterizadas por extensas superficies continuas de Pinus radiata y especies del género Eucaliptus, que están generalmente constituidas por masas jóvenes, homogéneas y con muy poco o nulo manejo u ordenamiento silvicultural preventivo, condición que posibilita un aumento de combustibilidad".
"De ahí que se desprende que los recientes incendios se vieron incrementados en su propagación por la expansión desordenada de usos urbanos en el medio rural y de una ineficaz ordenación territorial", agrega el documento.
La comisión concluyó también algunas falencias en materia presupuestaria, pues si bien "Chile cuenta con los recursos necesarios para enfrentar situaciones 'normales' de incendios forestales (...) el Presupuesto de la Nación que se destina año a año para hacer frente a estos siniestros es comparativamente inferior a otras Partidas, lo que no se condice con el gran daño que pueden llegar a tener los incendios forestales".
El informe cuestiona que si bien ha existido un aumento de recursos en los últimos años, que se materializó en la compra de aviones, helicópteros, y del personal para su operación, "no se ha visto una intención similar en aumentar la dotación de brigadistas, adquirir implementos necesarios o costear programas de capacitación efectivos. En ese sentido, se debe concluir que necesariamente que el aumento presupuestario continúa siendo insuficiente".
La comisión también tildó como "preocupante" que algunos de los aviones de la flota institucional hayan estado, al momento de la emergencia, inoperativos por falta de mantención; y detalló que "la capacidad efectiva de los municipios para abordar siniestros de gran magnitud y coordinar los distintos recursos operativos (incluyendo los recursos privados que forman parte del sistema) se constató escasa". También se detectaron fallas en los flujos de comunicación y "falencias históricas" en el Sistema de Gestión de Emergencias.
"Seguimos cometiendo errores"
En conversación con Emol, dos ex integrantes de la comisión de 2017 recalcan que la comisión de Agricultura ya había advertido al Gobierno de la época lo que podía pasar con los incendios y del precario equipamiento con el que se contaba en ese entonces, tanto desde la Conaf y la ahora extinta Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).
"Si bien es cierto a estas alturas del partido se han aumentado un poco los recursos humanos y las aeronaves, siguen no haciendo caso o no asumiendo las recomendaciones que hicieron expertos a través de esta comisión investigadora (2017)".
Senador Iván Flores (DC)
El ahora
senador Iván Flores (DC) plantea que "si bien es cierto a estas alturas del partido se han aumentado un poco los recursos humanos y las aeronaves, siguen no haciendo caso o no asumiendo las recomendaciones que hicieron expertos a través de esta comisión investigadora (...)
yo diría que se han tomado parcialmente en serio, pero seguimos cometiendo errores".
Según recuerda, se recomendó "poner a disposición recursos de emergencia que permitan contratar, con suficiente antelación,en contratemporada particularmente naves que tienen experiencia en el combate de incendios similares a los que ocurren en Chile, principalmente Canadá, Australia y Nueva Zelanda".
"En concreto, ni el ministerio de Agricultura ni en el gobierno de la e Presidenta Michelle Bachelet, donde se produjo este récord desastroso de hectáreas quemadas, no se aplicaron las medidas. En el gobierno de Sebastián Piñera se aumentaron las aeronaves, pero no hubo aumento sustantivo de recursos humanos y tampoco se cambió notoriamente la tecnología de las aeronaves. Y lo que va en este Gobierno es continuidad del anterior, por lo tanto, aquí no hay novedades", subrayó.
Por su parte, el diputado Bernardo Berguer (RN) comenta a este medio que "al parecer, las recomendaciones no fueron acogidas por los organismos públicos responsables en la participación de los grandes siniestros como los ocurridos entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2017".
Según recuerda, "en ese entonces la comisión detectó problemas en el manejo de recursos, en la logística y el tema organizativo de los organismos especializados para enfrentar dicha emergencia. En la situación actual, al igual que en 2017, ademas de los incendios producidos con intencionalidad, se podría haber determinado que la situación era predicible que se presentara, por la sequía, las altas temperaturas, la baja humedad del ambiente, entre las consideraciones que deben tener presente".
"En ese entonces una de las principales anomalías que se detectaron fue la mala gestión del presupuesto disponible para enfrentar las emergencias. En cuanto a la ejecución presupuestaria disponible para enfrentar el presente año las emergencias, será el Director Ejecutivo de la Conaf, el que rinda cuentas ante la Comision Mixta de Presupuesto, del Congreso Nacional. Allí podremos saber cual habrá sido la ejecución del presupuesto aprobado para enfrentar los grandes incendios producidos principalmente en las Regiones de Ñuble, BioBio y Araucanía", cerró.
Parlamentarios llaman a "tomar medidas estructurales"
Parlamentarios de las comisiones de Agricultura y de Emergencia, Desastres y Bomberos, sostienen que "no se aprendió la lección" de lo ocurrido hace seis años atrás y otros insisten en la necesidad de avanzar en una regulación de las plantaciones forestales.
A juicio del
diputado Rubén Oyarzo (PDG) "faltó mucho aprendizaje de política pública en materia de incendios desde la perspectiva de una planificación territorial que permita abordar riesgos y reduciéndolos. Esto incidiría en la regulación de plantaciones forestales en el contexto de un ordenamiento territorial. El alto riesgo que representan las plantaciones forestales en el contexto climático actual y futuro se debe regular, ya que los extensos monocultivos, por su alta carga de combustible, homogeneidad y continuidad son un peligro constante para las zonas rurales habitadas".
Asimismo, recalca que "se debe trabajar con proactividad en los cortafuegos y en la educación de la ciudadanía para evitar estos mega incendios y se debe llegar hasta las últimas consecuencias para saber quiénes fueron los responsables de este desastre".
Por su parte, el diputado Cristián Araya (Republicano), sostiene que al revisar las conclusiones del informe emanado en 2017, "calzan perfectamente con lo que podríamos concluir de lo ocurrido este verano". Esto, a su juicio, "refleja que se ha hecho muy poco o no se aprendió la lección de lo sucedido hace seis años, donde ya se exponía el presupuesto insuficiente de Conaf y la incapacidad del país para responder a incendios de mayor magnitud con focos múltiples".
"Si no se toman medidas estructurales, el daño sufrido por los incendios serán cada vez más devastadores. Es responsabilidad del Estado y del gobierno de turno sacar lecciones de lo ocurrido y realizar los cambios que permitan evitar nuevas catástrofes", advirtió.
El diputado UDI, Felipe Donoso, profundizó en que "todo hacía prever que este periodo iba a ser muy difícil en cuanto a los incendios y por lo que hemos logrado saber, por los informes del ministro (de Agricultura) y de Conaf, es que tenían preparado un sistema muy similar al año anterior, con la diferencia es que habían cambiado el presupuesto; pero no existían contratos previos para la disponibilidad de grandes aeronaves".
En esa línea, dijo esperar que "sea una exhaustiva comisión investigadora, para que sepamos la real preparación de este Gobierno para la temporada de incendios, creo que aquí faltó prevención".
En tanto, la diputada Paula Labra (RN) plantea que si bien en los años 2023-2022 la Conaf tuvo un aumento de $20.000 millones en su presupuesto respecto a los años pasados (21-22), "es importante verificar a qué fueron destinados".
Agrega que "no obstante el importante esfuerzo realizado por brigadistas y algunas autoridades, nos hemos visto enfrentados a una catástrofe de grandes magnitudes con miles de agricultores y familias afectadas, producto de un Gobierno que ha demostrado negligencia en la toma de acciones preventivas para enfrentar los incendios forestales, razón por la cual es totalmente necesario investigar responsabilidades desde el parlamento y tomar lecciones aprendidas para combatir estas emergencias de manera más rápida y efectiva", cerró.
