Después de poco más de cinco años, esta jornada comenzó el juicio en contra de Felipe Rojas Lobos, el único imputado por el asesinato de Fernanda Maciel Correa. La mujer desapareció el 10 de febrero de 2018 cuando tenía siete meses de embarazo y sus restos fueron encontrados en junio de 2020 en un inmueble –denominado la bodega- en Conchalí donde trabajaba el acusado, quien era su vecino.
Rojas Lobos está siendo acusado por homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple por lo que se pide presidio perpetuo calificado.
Durante los primeros alegatos, la Fiscalía, la Delegación Presidencial y el abogado querellante representante de la pareja de Maciel, solicitaron aplicar
perspectiva de género en el caso debido al abuso de poder y de fuerza que habría ejercido Rojas en contra la víctima. De hecho, la persecutora es la jefa de la Fiscalía Género y Violencia Intrafamiliar (VIF),
Patricia Varas.
Durante este juicio, "con la prueba que se va a rendir está seguro el Ministerio Público que lograra acreditar la existencia de los delitos por los cuales es acusado, la participación del acusado", dijo la fiscal en su intervención.
Así, adelantó ciertas pruebas que se expondrán y que podrán comprobar la tesis. En primer lugar, Varas aseguró que el último rastro que se tiene de la víctima es "concurriendo a la bodega el día 10 de febrero de 2018 y no volvió a salir del lugar".
Sin embargo, el indicio más probatorio que ha presentado la Fiscalía hasta el momento tiene que ver con la compra de un saco de cemento marca San Juan de 25 kilos en la ferretería "El Dato", emplazada en calle Independencia 4747, también en la comuna de Conchalí.
Esa adquisición fue realizada el día 12 de febrero y al día siguiente, Rojas Lobos fue captado por cámaras de seguridad de la calle Llaima –donde se encuentra la bodega- "portando a bordo de una bicicleta un saco de cemento San Juan", relató la fiscal.
Además, cuando se halló el cuerpo de Fernanda Maciel, también se encontró un envoltorio de un saco de cemento de la misma marca y el mismo peso.
Otro de los adelantos hechos por Varas tiene que ver con que "el martes 13 de febrero el acusado fue captado por las cámaras (de seguridad) de calle Llaima revisando la ubicación de estas mismas y verificando hacia el lado donde estas apuntaban, especialmente si apuntaban a la bodega".
Según lo expuesto por la fiscal, el 14 de febrero de ese año, Rojas Lobos le dijo a Felipe Rivera, su jefe de ese entonces, que renunciaba. Luego, el 20 del mismo mes "llamó a su ex polola de esa época diciendo que, si Carabineros la llamaba para preguntarle por él, ella dijera que él no era violento", aseveró Varas.
Finalmente, otra de las pruebas que se expondrán en el juicio, con ayuda de testigos, será que, cuando "Paula Correa le contó a Felipe Rojas que había puesto una denuncia por presunta desgracia por su hija Fernanda, él le dijo ´no me nombres a mí´", relató Varas.
La defensa
Por su parte, la abogada de Rojas Lobos, cuestionó el respecto al derecho al silencio que se le ha dado a su representado. Comenzó diciendo que "a lo largo del juicio ustedes podrán observar como un hecho que parte como una presunta desgracia se transforma en un caso judicial (…) como las infracciones reiteradas y sucesivas al derecho de guardar silencio generaron consecuencias insalvables y de tal gravedad que hoy está sentado a mi lado".
Esto, debido a que los interrogatorios que se le hicieron al imputado fueron recurrentes y de largas horas: "Prestó declaración en más de 12 oportunidades", dijo la defensora.
Para ella, lo que constituye una falta en ese sentido es que no se tenía claridad de en qué se encontraba la investigación al momento de hacer los interrogatorios. "El paso de la investigación y la sospecha en contra de mi representado es importante determinar la calidad. La calidad si este era un investigado, un testigo o si era una persona que ya estaba siendo imputada. Lo interesante en este juicio (…) dice relación con que la calidad de esa declaración va a generar si esta calidad ante la investigación cambio y varió".
