Esta mañana se dio a conocer un nuevo antecedente en el caso de los indultos otorgados a presos del estallido social.
Según un artículo de Ex-Ante, Gendarmería habría recomendado al Ejecutivo no otorgar el beneficio a Luis Castillo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana dado el "alto riesgo" de reincidencia y falta de conciencia sobre los delitos que cometieron.
A solicitud de La Moneda, los antecedentes de los reos se había mantenido bajo reserva, apuntando a la ley de protección de datos personales y así, permitir la reinserción social de los beneficiados. Con ello, se negó la solicitud presentada por los abogados de Chile Vamos que impugnaron la constitucionalidad de los indultos.
Con la revelación de estos datos, el senador Matías Walker (Demócratas), dijo que "parece relevante que el Tribunal Constitucional (TC) cuente con estos antecedes y los informes de Gendarmería. Cuando nosotros los solicitamos no era para darlos a conocer a la prensa o a los medios de comunicación, entendemos que tienen un carácter reservado, pero eso no inhibe la necesidad de que el TC los conozca para los efectos de fallar en sentido de si los indultos impugnados fueron otorgados de manera debidamente fundada o si fueron entregados de manera arbitraria".
Según Walker, "los fundamentos de indultos se contradicen de los argumentos otorgados públicamente por el Presidente de la República, cuando afirmó que los condenados que él había indultado no eran delincuentes, cuando aseveró que en el caso del señor Jorge Mateluna estábamos frente a irregularidades en el proceso y que él tenía convicción respecto de su inocencia, a pesar que que hubo un proceso de revisión, rechazado cinco contra cero por la Corte Suprema".
Finalmente dijo que "nos parece fundamente que el TC pondere estos antecedentes, tenemos la convicción, cada vez que aparecen más antecedentes, que debe declararse la inconstitucionalidad de estos indultos porque hay una arbitrariedad en su otorgamiento, porque se vulneró el principio de igualdad ante la ley y no fueron debidamente fundados".
El senador Iván Moreira (UDI), indicó que "cada día se suman nuevos antecedentes que dan cuenta de lo oscuro de este proceso de otorgamiento de indultos a quienes participaron del Estallido Social. Esperamos que el TC se de cuenta del daño que se ha hecho en el combate a la delincuencia con algunos de estos indultos y esperamos que recojan nuestros requerimientos y sean invalidados".
Siguiendo la misma línea, Luciano Cruz- Coke (EVO) preguntó "¿Qué consideraciones tuvo el Presidente de la República para darle un indulto a una persona que le dicen 'el pirómano'?".
"Cuando Gendarmería dice que las personas no tienen las condiciones psicológicas ni muestran arrepentimiento para salir de la cárcel, entonces uno tiene que deducir que acá hubo solo razones ideológicas", afirmó el senador.
Ante esta situación, el diputado Andrés Longton (RN), señaló que "esto denota la gravedad de la liberación de estas personas y el peligro al que fueron expuestos chilenas y chilenos al tener que convivir con personas con una alta probabilidad de que vuelvan a cometer delitos. Por eso, cuando el Presidente dice que no tiene los antecedentes, hay una negligencia que es inexcusable y que lamentablemente para él y para su equipo de Gobierno, una vez, más primó la ideología política y la simpatía política con grupos que a través de la violencia y de delitos, pretendieron causar mucho daño".
El parlamentario también reiteró el llamado a conformar "lo antes posible" la Comisión Investigadora de los indultos en la Cámara de Diputados. Instancia que fue aprobada por el hemiciclo en enero de este año y que aún no ha comenzado a funcionar. Según Longton, ahí, se podrán “determinar las responsabilidades políticas de estos hechos que agravan el otorgamiento de indultos a personas que siguen siendo un peligro para la sociedad”.
Su par Frank Sauerbaum (RN) argumentó que "es verdad que el indulto es una facultad el Presidente, pero el sentido común y la crisis de seguridad hacen aconsejable que no se indulte en contra de la voluntad de Gendarmeria, quienes conocen de primera fuente el proceso de reinserción".
Por su parte, Cristián Araya (Republicano), miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara, indicó que "la ciudadanía aún desconoce las verdaderas razones que lo motivaron a liberar peligrosos delincuentes y sus vínculos con los beneficiados ¿Por qué el Presidente asume un costo tan alto para proteger a delincuentes? Quizás desconocemos los vínculos personales o políticos de los condenados por graves y violentos crímenes, con personas o partidos de Gobierno".
"Es muy grave que el Presidente Boric, de una manera totalmente voluntarista, desatienda los informes desfavorables de Gendarmería, a la opinión pública y una inmensa mayoría de parlamentarios. Debe aclarar públicamente los fundamentos de los indultos y anularlos porque de lo contrario lo único que genera es mayor desconfianza en la primera autoridad del país", puntualizó.
