A eso del mediodía del martes comenzaron a suspenderse las clases en más de una decena de establecimientos educacionales de Valparaíso. La razón: A las 14.30 horas
estaba programado un "narco funeral" que ponía en riesgo a la comunidad.
El temor entre vecinos, padres y docentes no era infundado, puesto que el día anterior,
Camilo Rojas, más conocido como el "Ñaju" -un sujeto de 27 años con antecedentes penales e investigado por homicidio- había sido asesinado por 30 balazos a sólo metros del Colegio Las Acacias en Santos Ossa.
El hecho generó un cruce de declaraciones y de búsqueda de responsabilidades sobre un fenómeno que, desde el Municipio de Valparaíso, afirman que "ido escalando". El propio jefe comunal, Jorge Sharp, emplazó a las autoridades del Interior a dotar a la región de los recursos necesarios para enfrentar este tipo de hechos y a "actuar ya".
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo ayer que "no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar", y subrayó que "lo que necesitamos es hacer un trabajo colaborativo", que incluya a las autoridades de los establecimientos.
En tanto, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respaldó la medida de cancelar las clases ante este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los estudiantes. Sus dichos generaron duras críticas en el espectro político, quienes acusaron al titular del Mineduc por una actitud de "pasividad" ante el fenómeno delictual y las acciones que se requieren para enfrentarlo.
Más tarde, el secretario de Estado anunció a través de su cuenta de Twitter que ayer la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, presentarían "las orientaciones que elaboraron para todos los establecimientos educativos del país", y agregó que "estos lineamientos contienen lineamientos e información específica para actuar ante situaciones que pueden poner en riesgo a las comunidades y cuándo es importante recurrir a las fuerzas policiales para su resguardo".
Sin embargo, aquello no ocurrió. Según conoció Emol, la actividad para presentar dichos lineamientos se suspendió por "temas de agenda"; sin embargo, ya se han presentado otras iniciativas desde la sociedad civil, precisamente para que se tomen medidas y protocolos que permitan, al menos, tener lineamientos claros al momento en que las comunidades escolares se enfrenten a estos hechos de violencia.
Un plan "cooper", pero que enfrente balaceras
Ayer, el director de la fundación País Seguro, Alejandro Vega, llegó hasta el Mineduc para entregar un "Protocolo de acción ante balaceras" que busca, mediante ilustraciones con un lenguaje simple enfocado en niñas, niños y adolescentes instar a las familias y comunidades escolares a conversar sobre qué hacer en caso de estas situaciones, junto con la identificación de zonas seguras en hogares y establecimientos educaciones y qué medidas deben tomar las niñas, niños ante este tipo de situaciones.
La solicitud apunta a que el ministro Ávila incluya estos lineamientos dentro de plan Aula Segura 2023,
como un símil de lo que es hoy en Plan Cooper, poniendo el foco en el auto cuidado en situaciones de inminente riesgo.
Según comentó Vega a este medio, es relevante la cifra que la propia Jefa de la Fiscalía Regional de Valparaíso ha dado a conocer respecto a los homicidios en la zona, los que aumentaron en un 30% entre 2021 y 2022. "La señal es clara, y ante eso tenemos que preparar a la comunidad escolar y a la ciudadanía", complementó.
Además, según datos levantados por la propia fundación, "a la fecha, y en los últimos 12 años, más de 100 niños, niñas y adolescentes han perdido la vida producto de una bala percutada con origen desconocido". Según comentó, dicha información fue recabada en base a información obtenida vía Transparencia, desde la PDI y de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El debate por la "responsabilidad" en la prevención
Voces expertas en materia de Educación apuntan a que este tipo de protocolos abre el dilema sobre quiénes son los "responsables" por tomar medidas que velen por la seguridad de los estudiantes. Esto, porque recalcan que es el Estado el que debe asumir su rol para que el derecho a la educación no esté sometido a la delincuencia, por lo que la "protocolización" de la vida escolar no es suficiente.
"Resulta muy cómodo no cumplir con esa específica responsabilidad de Estado y dejar a las familias y al cuerpo de profesores con un algoritmo de acciones, un protocolo, que ellos deben cumplir; es decir, desentenderse del tema de la violencia y dejarles toda la responsabilidad a las familias y sus comunidades".
Jaime Retamal, experto en políticas públicas y educación, Usach
Para
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, el problema que plantean los hechos de ayer "es si acaso el Estado va a permitir que organizaciones delictuales dicten el funcionamiento de servicios y derechos como la educación. En ese sentido, el mensaje de la Ministra Tohá fue categórico y positivo".
Sin embargo, recalca que "lo grave de la respuesta del ministro Ávila, es que parece sugerir que las escuelas se adapten a la situación. Esto es una renuncia del Estado a proteger a sus ciudadanos, y reconoce que el derecho a la educación está sometido a la voluntad de la delincuencia. La interrupción de las clases es grave no en sí misma, sino como un síntoma de la incapacidad del Estado".
Por su parte, Raime Retamal, experto en políticas públicas y educación de la Universidad de Santiago, sostiene que ante este escenario, donde existe una diversidad de problemas que afectan al sistema escolar y dejan a escuelas atemorizadas por la violencia, "el mandato que toda la ciudadanía le da a las autoridades de educación es a entender su responsabilidad de Estado".
"Ahora, resulta muy cómodo no cumplir con esa específica responsabilidad de Estado y dejar a las familias y al cuerpo de profesores con un algoritmo de acciones, un protocolo, que ellos deben cumplir; es decir, desentenderse del tema de la violencia y dejarles toda la responsabilidad a las familias y sus comunidades", precisó.
En ese sentido, recalcó que "no puede ser que las autoridades, las de ayer o las de hoy, quieran resolver los temas de educación mediante la judicialización o la protocolarización de la vida escolar. Me parece muy complejo el mensaje que se da; me resisto a creer que el sistema escolar es una 'institución enferma' o una 'sometida a la violencia narco'".
Por último, sostuvo que "la mala idea de este plan-cooper es desviar la atención de las responsabilidades que tiene el Estado con la violencia de este nivel que terrorífica pero que también, como ocurrió con la suspensión de la agenda escolar, se normaliza a través del poder ejecutivo; al menos desde el Ministerio del Interior hicieron lo correcto, no así desde Educación. Este Plan Cooper, por su oportunismo y por su improvisación, ojalá sea secundario a la hora de evaluar las responsabilidades políticas de Estado. Ningún ministro está por sobre las obligaciones legales", cerró.
