En medio de la preocupación por la seguridad en el país, a raíz de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, han surgido distintas propuestas para enfrentar este escenario: la que ha marcado las últimas semanas tiene que ver con una intensa agenda legislativa que busca, entre otras cosas, dotar de mayores atribuciones a Carabineros.
Sin embargo, más allá del debate político que ha generado la Ley "Retamal-Nain" -uno de los 16 proyectos a los que el Ejecutivo le puso urgencia para avanzar en materia de seguridad-, hay quienes apuntan a mirar el problema desde otro ángulo. Incluso, hay quienes creen que ese paso no es el que realmente resolverá el problema.
Esto, porque el crimen organizado, como empresa que busca un bien económico y para eso se vale de la conquista de territorios, no necesariamente podría ser disuadido, por ejemplo, con penas más altas por sus crímenes. Su forma de operar tiene que ver con redes; con corromper al Estado y a sus instituciones, y son aquellas a las que hay que cuidar.
Otros expertos en el tema, como el abogado Francisco Cox, quien investigó el crimen organizado mexicano, planteó en entrevista con La Tercera que un punto "sumamente estratégico es que Chile debería tener una alianza de extradición con Estados Unidos". Según comentó, "en México (los integrantes del crimen organizado) controlan las cárceles locales, pero a lo que le tienen terror es a que los extraditen a Estados Unidos". Un claro ejemplo de ello, es lo que ocurrió con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
"Entiendo que aquí se está pensando en tener cárceles de máxima seguridad. Es un buen camino, pero antes tienes que tener una política de persecución efectiva", comentó Cox.
Delitos descritos en el tratado de extradición
Chile ya tiene un tratado de extradición con Estados Unidos (decreto 207), promulgado el 22 de diciembre de 2016, durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Fue el 5 de junio de 2013 cuando se suscribió, en Washington, dicho tratado, el que fue aprobado al año siguiente por el Congreso Nacional. En tanto, los instrumentos de ratificación del mismo, se verificaron el 14 de diciembre de 2016.
El tratado establece que ambos países "se comprometen a extraditar recíprocamente, con arreglo a las disposiciones del presente Tratado, las personas reclamadas por las autoridades del Estado requirente para su persecución penal o para la imposición o el cumplimiento de una pena por haber cometido un delito que da lugar a la extradición".
Un delito también dará lugar a la extradición "si es punible conforme a la legislación de ambos Estados con pena de privación de libertad, por un plazo máximo mayor de un año o con una pena más severa".
El decreto sostiene que "no se concederá la extradición si el delito objeto de la solicitud es de carácter político", y especifica el listado de aquellos delitos que no se considerarán con dicho carácter: el asesinato, el homicidio, la comisión dolosa de heridas, la comisión de daños corporales graves, la agresión con ánimo de causar lesiones físicas graves y las agresiones sexuales graves; el delito que tenga que ver con el secuestro, la sustracción o cualquier otra forma de detención ilícita, incluida la toma de un rehén.
Se agrega el delito que tenga que ver con la colocación, el uso, la amenaza de uso o la posesión de un artefacto explosivo, incendiario o destructor, o de un agente biológico, químico o radiológico, cuando ese artefacto o agente sea capaz de poner vidas en peligro, o de causar importantes lesiones corporales o daños materiales; y la conspiración, participación o el intento de cometer alguno de los delitos anteriores, cualquiera que sea el grado de desarrollo del delito y de participación en el mismo.
No obstante lo anterior, "no se concederá la extradición si la autoridad competente del Estado requerido, que en el caso de los Estados Unidos será la Autoridad Ejecutiva, decide que el motivo de la solicitud es político".
¿Una herramienta que ayuda a "disuadir"?
El académico y criminólogo de la Universidad Andrés Bello, Carlos Silva, también destaca el hecho de que Chile ya tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, pero a su juicio, es más bien "subjetiva" la idea de que aquello pueda resultar disuasivo o atemorizante para quienes cometen delitos del crimen organizado.
"Efectivamente existe un tratado de extradición que comprende todos los delitos que se podrían vincular al crimen organizado; tráfico de armas, lavado de activos, narcotráfico, y es bastante completo", comenta en conversación con Emol. De hecho, subraya que el tratado fue parte de las condiciones de Estados Unidos para mejorar los tratados de libre comercio con Chile.
El también experto en tratamiento jurídico del terrorismo, recalca que en el caso de Chile, esa "sensación de temor" por parte de los líderes de organizaciones criminales, "está más vinculada a otros países, como Colombia y México, respecto a cumplir cárcel en Estados Unidos, porque el régimen carcelario respecto de ellos, es extremadamente severo".
De todas formas, a su parecer, se trata de una "una cuestión absolutamente subjetiva. Tomando la forma de comisión en Chile de ese tipo de delitos, yo no creo que a alguien le de más 'temor' ir a cumplir condena en Estados Unidos que cumplirla acá. Porque, además, eso ya existe y los delitos se siguen cometiendo igual".
Otro punto relevante para el académico es que Chile no es aún un "gran exportador" de materias primas para el crimen organizado, como armas y drogas.
El debate entre más cárceles y "perfeccionar" el tratado
El diputado de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Henry Leal (UDI) abordó el debate. Según comentó a este medio, "Chile y Estados Unidos tienen un tratado de extradición vigente, por lo tanto, en ese sentido, no sería necesario un tratado nuevo, y si bien podría perfeccionarse, yo creo que el tema por otro por otro lado. En Chile tenemos que ser capaces de construir más cárceles, si hoy día tomáramos detenido a todos los que están prófugos, no habría dónde meterlos, entonces hay un déficit de cárceles".
En ese sentido, el parlamentario planteó que "si el Estado no tiene recursos para hacerlo, hay que recurrir a las concesiones, si se han concesionado hospitales, ¿por qué no se concesiona una cárcel?, es perfectamente posible", sostuvo.
"Pero más importante que eso es intervenir las cárceles y las mafias que operan al interior. Yo creo que no hay ninguna justificación para que aún no se contrate la tecnología para inhibir la señal de celulares al interior de los recintos penitenciarios. Hay tecnología, pero la pregunta es por qué no se hace; eso no requiere ley, es una medida administrativa que depende exclusivamente del Ministerio de Justicia", agregó el parlamentario.
Por su parte, el también integrante de la instancia, diputado PS, Raúl Leiva, sostiene que "todo lo que implique avanzar en una regulación adecuada que respete la soberanía nacional, pero sancione de manera adecuada el crimen organizado transnacional, es y va ser siempre un aporte". Lo relevante, comenta, es que "se cumplan las normas del debido proceso".
