Este lunes comienza en la Región Metropolitana la ejecución del plan "Calles sin Violencia", presentado por el Gobierno del Presidente Boric y con el que se busca hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país.
En una primera parte, la intervención se aplicará en 22 comunas de la capital, las que fueron seleccionadas por contar con altos índices de delincuencia y criminalidad.
Santiago, Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón, son las comunas que serán sometidas bajo el programa.
Posteriormente y de manera paulatina, "Calles Sin Violencia" se extenderá a a otras zonas, donde están incluidas todas las capitales regionales.
Estas son Arica (Arica y Parinacota), Iquique y Alto Hospicio (Tarapacá); Antofagasta y Calama ( Antofagasta), Copiapó (Atacama), Coquimbo, La Serena y Ovalle (Coquimbo); Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena (Valparaíso); Rancagua (O'Higgins), Talca (Maule); Chillán (Ñuble), Concepción, Coronel, Los Ángeles (Biobío); Temuco (Araucanía), Valdivia (Los Ríos), Puerto Montt (Los Lagos); Coyhaique (Aysén) y Punta Arenas (Magallanes).
En total, serán 46 las comunas intervenidas.
En palabras del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el plan "incrementará la presencia policial" con el fin de "llevar adelante operativos de fiscalización e incautación, pero por sobre todo para llevar a los responsables frente a la Justicia".
El Ejecutivo efectuará cuatro líneas de acción: La persecución penal efectiva para esclarecer los homicidios y reducir la sensación de impunidad. Aumentar la dotación policial para prevenir delitos, fiscalizar de manera intensiva la posesión de armas y la captura de personas con órdenes vigentes. Por último, la aplicación del programa irá de la mano con la recuperación de espacios públicos, levantando áreas enfocadas en actividades deportivas y educativas.
De manera paralela, también se instalará el plan "Estado Presente" que aumentará la presencia estatal en 120 comunas del país. Estas fueron seleccionadas por el índice de vulnerabilidad sociodelictual "que va más allá de la incidencia criminal", agregó Vergara.
Pese a lo anterior, algunas autoridades han manifestado dudas respecto al detalle y cómo se aplicará el plan en sus respectivas comunas. Es el caso de la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI), que en conversación con Emol señaló que "no existe un detalle de lo que significa este plan".
Expertos concuerdan que "Calle sin Violencia" debe estar dotado de una mirada más integral, que considere más elementos en materia preventiva. Tal es el caso de Pía Greene, integrante del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, que sostuvo a este medio que "este plan no está siendo visto con mirada multisectorial e integral. Si bien el Gobierno ha propuesto tres ejes de acción, que parecen sumamente necesarios, como poner más carabineros o persecución penal, no se está teniendo una mirada a largo plazo".
En esa línea, Green afirma que tampoco está claro cómo se evaluarán los resultados del plan: "Si no evaluamos las políticas de criminalidad, luego no podemos justificar si estuvo bien o mal la inversión en recursos, además de que te limita la posibilidad de ampliarla o ir adaptándola a las situaciones".
Por su parte, Marco Moreno, analista político y académico de la Universidad Central acusó que no se ha definido bien ni el problema ni sus causas. Se dan a conocer medidas de policía pública que generan dudas entre los actores (alcaldes, policías y ciudadanos) porque no son el resultado de un proceso de formación de políticas públicas sino que responden a un intento de dar señales de que la autoridad se está haciendo cargo del problema
Y advierte que "al no tener un diseño claro ni ser informados a través de una comunicación pública adecuada para construirles apoyo y legitimidad", lo que termina por "quitarle efectividad a las medidas, porque se ven como acciones improvisadas tendientes a bajar la presión ciudadana".
