"Hay guardias municipales cumpliendo labores que eventualmente ponen en riesgo su vida, por eso estamos en conversaciones con municipalidades para darles mayores facultades, pero también sancionar de manera severa a las agresiones de funcionarios municipales.
Este hecho vuelve a colocar carácter urgente avanzar en esta materia".
Esas fueron las palabras con las que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó ayer martes la muerte de
Hugo Vega,
funcionario de seguridad municipal de Macul, quien la noche de ayer lunes fue agredido con un arma blanca tras concurrir a un departamento por un llamado de violencia intrafamiliar (VIF).
El hecho ocurrió luego que el funcionario de 63 años fuera invitado a ingresar al domicilio en cuestión, pero por circunstancias que se investigan, fue atacado en el cuello y tórax por parte de un sujeto quien tendría 17 años y que previamente se habría enfrascado en una discusión con su familia, especialmente con su hermana. Producto de sus heridas, el guardia fue ingresado anoche al Hospital Sótero del Río, lugar donde se constató su muerte durante la tarde de ayer.
Las palabras del subsecretario Monsalve constatan además una alerta por parte del Ejecutivo, puesto que el tema volvió a abrir el debate respecto al rol municipal en materia de seguridad y reactivó los llamados desde las asociaciones de municipios para que se legisle prontamente en la materia y se consideren estatutos de protección similar a los de Carabineros.
Debate por más atribuciones y seguridad
Respecto a este tema, el presidente (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcalde de Talcahuano, Henry Campos, junto con repudiar el hecho que terminó con la muerte del funcionario, recordó al Gobierno y al Congreso que "desde el año 2008 tenemos un proyecto de ley sobre el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad que hoy lamentablemente descansa hace 15 años en el Parlamento".
Campos recalcó además que desde la ACHM le señalaron al Gobierno en la mesa de seguridad que "
necesitamos un estatuto similar al de Carabineros, porque no puede ser que tengamos funcionarios de seguridad de primera y segunda clase; hoy hemos apoyado a Carabineros en las medidas de seguridad a través de la Ley Nain-Retamal y los estatutos de protección que garanticen el ejercicio de la actividad nuestros Carabineros y PDI".
En esa línea, sostuvo que "esperamos que hoy el Gobierno pueda ingresar un proyecto de Ley y que se pueda tramitar con urgencia, para que de la misma manera en que hemos sido capaces como Estado de garantizar la seguridad de Carabineros, garanticemos también la seguridad de los funcionarios municipales que cumplen un rol importante en materia de seguridad preventiva".
Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, expresó que "este caso revela una vez más que el Gobierno sigue sin escuchar el llamado que hemos hecho los alcaldes para dotar de mayores facultades y elementos de defensa a los guardias municipales. Lo ocurrido en Macul sienta un precedente nefasto porque inhibe la acción que deben cumplir los patrulleros en casos donde se requiere actuar con sentido de urgencia".
Asimismo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la ACHM y alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, dijo a este medio que "ante esta tragedia es necesario que se pueda reflexionar en serio, de una buena vez, sobre cuáles son o serán las funciones y atribuciones que esperamos que cumplan nuestros funcionarios municipales que se destinan a seguridad".
"Hay varias propuestas en el acuerdo transversal por la seguridad, pero sin duda no sólo deben discutirse con urgencia, sino también con criterio de realidad, considerando la opinión de los actores locales. Cualquier cambio legal debe proteger a los funcionarios que cumplen estas labores, para evitar nuevos episodios como el vivido en Macul. Esto nos demuestra que la violencia no respeta límites comunales", expresó el jefe comunal.
Los acercamientos con el Ejecutivo
Los llamados de los alcaldes para que existan acciones que doten a los guardias municipales no son nuevas. En 2022 se había gestado con fuerza el debate, cuando una encuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh) indicó que el 80% de los chilenos consultados estaba de acuerdo con que los guardias municipales utilizaran lumas, cascos, gas pimienta y otros implementos de protección.
Esto, pese a que la AMUCh no respalda la idea de que los guardias de seguridad de los municipios estén armados, lo que se planteó en la reunión que sostuvieron en marzo de este año con las autoridades del Interior, luego que el Gobierno les notificara que apoyaría la idea que ellos plantearon en el marco del
Compromiso Transversal para la Seguridad de otorgar más atribuciones a los funcionarios comunales de seguridad.
En la oportunidad, los dirigentes comunales plantearon al Gobierno la necesidad de que el Ejecutivo hiciera la bajada de los requerimientos a través de un proyecto de ley que modificara la Ley Orgánica de Municipalidades, que permitiera entregar más facultades a los municipios para trabajar en conjunto con otras instituciones, como Carabineros, PDI, y en algunos casos, la Armada.
Entre los puntos planteados entonces por los alcaldes, se destacó que los funcionarios de Carabineros disminuyeran sus funciones administrativas y pudieran tomar esas tareas los funcionarios municipales; que los guardias pudieran realizar controles vehiculares u otras labores de fiscalización, dotados de chalecos antibalas o instrumentos disuasivos, pero sin incluir el porte de armas; y generar mayores recursos a los municipios para que se pudiera aumentar la dotación de funcionarios.
En ese contexto, y ante la alerta que despertó en el Gobierno la muerte del funcionario Vega, es que el subsecretario del Interior sostuvo ayer que el caso "vuelve a colocar la importancia del acuerdo que hemos firmado con las asociaciones de municipios, en materia preventiva con los gobernadores y municipios. Una de las tareas es dotar de protocolos y capacidades a municipios para labores de colaboración de orden público".
