Una querella de 13 páginas presentó este jueves la Municipalidad de Santiago en contra de los tres tasadores que elaboraron informes en la fallida compra de la clínica Sierra Bella, y cuyo proceso fue impugnado por la Contraloría General de la República.
En detalle, la administración de Irací Hassler se querelló en contra de los arquitectos Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo, a quienes acusa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado, apuntándolos directamente por la frustrada transacción del recinto de salud.
En el escrito, el Municipio recuerda que el ente fiscalizador cuestionó el contenido de los informes de los tasadores, por lo que sus resultados "no son trazables ni verificables".
"De esta manera, dadas las inconsistencias y falta de trazabilidad de las tasaciones antedichas, no es posible tener por justificados los valores a que ellas arriban", sostiene la querella del Municipio.
Y agrega: "De ser correcto lo señalado por la I. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes e hicieron pasar por informes de tasación documentos que lo eran sólo en apariencia, sin respetar las normas de su propia lex artis".
De acuerdo al documento, "aquello ha significado un engaño por parte de los querellados" y le ha "generado un perjuicio a la I. Municipalidad de Santiago correspondiente a la supuesta contraprestación por la que fueron remunerados".
Delitos acusados y diligencias
En la querella, la administración de Hassler asegura que habría sido víctima de estafa ya que "los tasadores querellados habrían entregado a la I. Municipalidad de Santiago tasaciones que únicamente en apariencia lo serían, siendo que, en realidad, representaban una falsedad consistente en documentos que no eran suficientes para que se concluyera que el encargo se había realizado, y que las conclusiones de valoración a las que arriba se fundaban en un procedimiento y metodología válido, algo que solo con un análisis profesional podría darse".
En cuanto al delito de falsificación de instrumento privado, indica que "sus informes, como se señaló previamente, únicamente tenían una apariencia de veracidad".
"Consideramos también que S.S. debe tener presente que no solamente existe un perjuicio patrimonial por las sumas que fueron pagadas a los tasadores querellados, sino que con su conducta han provocado un perjuicio en términos de la imagen de la I. Municipalidad de Santiago. Esto último es fundamental, considerando que el perjuicio contemplado en el delito establecido en el artículo 197 del Código Penal no solo debe ser apreciado desde la óptica patrimonial, sino que su alcance sería mucho más amplio", complementa.
A raíz de esta situación, el Municipio solicita que la querella sea admitida por tribunales y piden que, entre sus diligencias, se otorgue el caso a la Policía de Investigaciones (PDI) y se cite a declarar en calidad de imputados a los tres tasadores.
