Luego del motín que realizaron los reos de la cárcel de Angol el pasado domingo -día en que tomaron de rehenes a tres gendarmes por más de una hora- se realizó un allanamiento al centro penal. A través de imágenes se pudo evidenciar la cantidad de objetos que se incautaron, entre los que se encontraron chicha artesanal, celulares, cuchillos e incluso un sillón para fines sexuales y una piscina.
La situación generó inmediatas reacciones por parte del Ministerio de Justicia, especialmente del subsecretario, Jaime Gajardo, quien anunció el inicio de investigaciones sumarias para determinar si estaba o no permitidos los artículos de ocio.
Raúl Leiva, diputado socialista presidente de la Comisión de Constitución, valoró la acción del Ejecutivo para "poder terminar con estos supuestos o con estas denuncias sobre eventuales privilegios que tuvieran los internos de la cárcel de Angol".
Y aseguró que este y todos los centros penitenciarios deben cumplir las normas legales que los regulan: "Los comuneros (mapuche) cumplen condena como cualquier otro reo, sin perjuicio de los derechos que le concede el Convenio 129 de la OIT, que en el Gobierno presidente Piñera fue debidamente reglamentado a través de una circular. Ahí se establecen de manera taxativa cuales son los derechos que tienen las personas del pueblo mapuche que están condenadas y no deben tener ningún privilegio, ni ningún derecho sobre lo establecido en ese reglamento".
Su compañero de bancada y integrante de la misma comisión, Marcos Ilabaca, fue un poco más allá. Si bien condenó también los artículos encontrados en la cárcel y pidió que el sumario anunciado por Gajardo "logre determinar quiénes fueron los responsables de este tipo de situaciones", mencionó que "hoy día las cárceles se han transformado en escuelas delictuales desde donde operan los líderes criminales sin ningún tipo de control".
Bajo esa premisa, aseguró que "necesariamente tenemos que intervenirlas. La política carcelaria en Chile ya es caduca y es necesario modernizarla, pero para eso necesitamos a todos los actores sentados en la mesa. Los trabajadores penitenciarios son fundamentales, pero también el Gobierno. Tenemos que avanzar en políticas claras para poder ordenar este tipo de hechos".
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton anunció que acudirá a la Contraloría de la República. "Es absolutamente inaceptable, vergonzoso, una falta de respeto hacia las víctimas y un atentado al Estado de Derecho, que condenados mapuches por graves delitos en la cárcel de Angol estén recibiendo este tipo de beneficios, regalías y privilegios con la complicidad de Gendarmería de Chile, contraviniendo toda normativa legal que rige los establecimientos penitenciarios. Ellos no están ahí de vacaciones, están ahí para cumplir una pena, un castigo", dijo.
Y continuó: "El elemento político que acompaña Gendarmería en sus decisiones está presente una vez más, el sesgo ideológico, y es por eso que
iremos a Contraloría General de la República para efectos de que determine las responsabilidades correspondientes, ya que aquí hay una clara infracción legal".
Miguel Mellado, también parte de la bancada de RN y representante de la Región de La Araucanía, se preguntó: "¿Por qué no puede colocar coto a esto?, ¿De quién es la orden? ¿Quién dio esa orden en este Gobierno?", añadiendo que se "deben terminar los privilegios de estos violentistas y terroristas de una vez por todas. Los presos son presos y no me importa si son de una etnia o de otro país, me da lo mismo; todos son chilenos, bajo la misma ley y tienen que estar bajo las mismas premisas en las cárceles".
Desde la Región del Biobío, la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, también rechazó lo divulgado a través de las imágenes. La parlamentaria expresó que "esta falta de cumplir la ley donde puedan entrar a las cárceles celulares, alcohol, armas blancas suele pasar en las distintas cárceles del país, no solo en esta".
"Ahora, yo creo que eso también se debe a una falta de fiscalización, a falta a lo mejor también de nuestros gendarmes que no dan abasto para poder controlar este tipo de situaciones", esbozó, pero también agregó que "hay una presión muy fuerte del pueblo mapuche por obtener privilegios para sus reos, para las personas que están detenidas y que ellos califican como presos políticos, presos de la causa y donde el Gobierno, y no sólo este, sino otros gobiernos, también han cedido frente a las peticiones a las demandas que han hecho ellos a través de la violencia, a través de huelgas de hambre y eso no está bien".
"Creo que es hora de poner mano dura con todos. Aquí no puede haber personas de privilegios ni siendo mapuches ni siendo delincuentes de cuello y corbata. Las leyes se deben aplicar para todos de la misma manera", terminó aseverando Medina.
