Siete episodios que marcaron las relaciones de Chile y el extranjero

Washington DC, 9:35 horas del 21 de septiembre de 1976. Una bomba colocada bajo un automóvil Chevrolet lo hace explotar. En su interior iban el excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, y su secretaria, Ronnie Moffitt, acompañada de su marido. Los dos primeros murieron casi de inmediato, quedando gravemente herido el tercer pasajero.

"El estallido ocurrió a la altura de la rotonda Sheridan en la avenida Massachusetts, cuando el vehículo acababa de pasar frente a la residencia de los embajadores chilenos", informaba "El Mercurio".

De esta manera, fallecía a los 44 años el ministro y diplomático de la Unidad Popular. El atentado causó un impacto profundo en Washington, pues fue el primer acto terrorista ocurrido en la historia de la capital de los Estados Unidos. Dadas las motivaciones políticas y el hecho de que la justicia norteamericana atribuyó su autoría a miembros del servicio de seguridad del régimen de Pinochet, el hecho marcó un quiebre en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos.

Letelier estaba exiliado en ese país y poco tiempo antes de su muerte le había sido despojada su nacionalidad. Trabajaba en reconocidos institutos internacionales desde donde hacía presión en el Congreso estadounidense en contra de la dictadura. Antes de llegar a Washington estuvo en Venezuela, donde se radicó tras ser liberado de la prisión en la isla Dawson.

Según relata el historiador Rodrigo González San Martín, el senador Edward Kennedy, quien en febrero de 1976 impulsó la prohibición de vender armas a Chile en la enmienda que llevaba su apellido, fue de los primeros en acusar del crimen al régimen de Pinochet. En tanto la Cámara de Representantes, aprobó el mismo 21 de septiembre, una moción de condena al crimen y se lo atribuyó a "terroristas de derecha que aparentemente habían entrado a Estados Unidos". De ahí en adelante, encontrar al culpable sería una prioridad para los norteamericanos.

Se necesitarían, eso sí, casi veinte años y múltiples vicisitudes, para que la Corte Suprema de Chile determinara la responsabilidad del crimen y lo castigase.

Cuando dos años más tarde comenzó el juicio, nadie conocía a los autores. Hasta que la primera pista la dio "El Mercurio" con la foto del ciudadano estadounidense y agente de la Dina, Michael Townley. Tiempo después confesó que, obedeciendo órdenes de los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, colocó la bomba. No actuó solo, pues previamente había contratado a un grupo de cubanos anticastristas para que la hiciesen detonar por control remoto.

La justicia estadounidense estableció que en julio de 1976 Contreras se comunicó con el director del Servicio de Inteligencia Militar de Paraguay para obtener dos pasaportes especiales para una misión secreta. Eran para Armando Fernández Larios y la agente Liliana Walker, quienes viajaron a Washington a vigilar los pasos de Letelier. Después se sumaría Townley, que contactó a miembros del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC) que le proveyeron explosivos y le ayudaron a fabricar la bomba (Dionisio Suárez y Virgilio Paz, los más conocidos).

En 1978, en el juicio en Estados Unidos fueron condenados todos los cubanos, pero no Contreras ni Espinoza de quienes Chile negó la extradición. Sí entregó a Townley, quien se acogió al Sistema de Protección de Testigos.

Polémica causó que aunque existían pruebas que inculpaban a los jefes de la Dina, los tribunales cerraron la causa. Pese a la llegada del fiscal Eugene Propper para interrogarlos (gestión que le fue negada) y a la protesta del Departamento de Estado, el juez Israel Bórquez rechazó el envío de los agentes.

En 1986 la Justicia Militar chilena decidió sobreseer definitivamente el caso sin hallar culpables. La abogada Fabiola Letelier, apeló sin éxito. Recién siete años más tarde se leía en “El Mercurio" que el excapitán Armando Fernández Larios se entregaba al Gobierno de Estados Unidos, declarándose culpable de haber participado en los crímenes: "Ayudó a otros en el complot para cometer el homicidio, acusando directamente al general (r) Manuel Contreras, al excoronel (E) Pedro Espinoza y otras personas cuyos nombres no revelaremos". Fue condenado como cómplice a cinco años de presidio, pero solo estuvo siete meses encarcelado.

En tanto el 17 de abril de 1990, el diario "La Época" publicó la confesión de Mónica Luisa Lagos, en la que aseguraba ser la agente que acompañó a Fernández Larios a Estados Unidos con el nombre de Liliana Walker. El caso fue reabierto y en 1991 la Corte Suprema designó al ministro instructor Adolfo Bañados para el proceso por la falsificación de pasaportes y homicidio del excanciller.

En 1995, la Corte Suprema condenó al general en retiro Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, como autores intelectuales del asesinato de Orlando Letelier, con penas de seis y siete años respectivamente. A este hecho se sumarían otros atentados en el extranjero perpetrados por organismos de inteligencia y que tendrían repercusiones políticas internacionales: el asesinato en Argentina del excomandante en Jefe del Ejército y exministro de Allende, Carlos Prats, y de su esposa; el ataque en Italia al exparlamentario DC Bernardo Leighton y a su señora, además del impacto generado por la "Operación Cóndor".

El 11 de diciembre de 1991, el gobierno ruso advertía al expresidente de la desaparecida República Democrática Alemana que tenía 48 horas para abandonar el país, de lo contrario, sería extraditado a Alemania Federal donde lo esperaba un proceso judicial por abusos a los derechos humanos cometidos bajo su mandato. No obstante, ese mismo día, Erich Honecker (79) buscó otra salida y golpeó la puerta de la embajada chilena en Moscú, donde se refugió junto a su esposa Margot.

En "El Mercurio" se recordaba que el exjerarca comunista había sido transferido secretamente a la URSS desde un hospital del Ejército Rojo en Alemania, donde recibía tratamiento médico: "El matrimonio solicitó visados para viajar a Chile, donde viven su hija y sus dos nietos, pero se les han negado las visas por carecer de pasaporte válido. Según declararon sus abogados, el exgobernante rechazó ser responsable de las muertes en el Muro y otras fronteras interalemanas durante su gobierno (1976-1989)".

Cabe recordar que durante la Guerra Fría fueron miles los asesinatos cometidos por los guardias de seguridad germano-orientales contra las personas que intentaron cruzar el Muro de Berlín. Era parte de la política represiva del político alemán, ícono del comunismo más duro. Tras conocerse la noticia, la Cancillería afirmó que Honecker estaba en calidad de huésped en la legación, y el embajador chileno en Moscú, Clodomiro Almeyda (quien se hallaba en Chile) insistió que no sabía del plan. Sin embargo, afirmó que era su amigo personal y que su permanencia en la embajada "no tenía plazo fijo".

El inesperado hospedaje causó un problema diplomático entre Alemania y Chile. Mientras Bonn calificaba de lamentable y preocupante lo ocurrido, pues buscaba la extradición del exjefe de Estado, el Presidente Patricio Aylwin reiteraba que no se le concedería asilo político porque no estaban dadas las condiciones legales para hacerlo.

Pero junto con calmar las presiones externas —tras la reciente visita de Helmut Kohl, el Gobierno se había comprometido tácitamente a no aceptar el ingreso de Honecker— también hubo desacuerdos al interior de la Concertación: los socialistas sostenían que el asilo era un deber moral, ya que muchos exiliados de la colectividad fueron acogidos en la RDA durante el régimen de Pinochet.

Finalmente, el 29 de julio de 1992 el dictador comunista abandonó "con el puño en alto" la sede diplomática de la capital rusa y fue extraditado a Alemania.

Las reacciones en Chile fueron diversas. La DC afirmó que la solución era “satisfactoria, digna y exitosa”. En cambio, la oposición de centroderecha criticó ácidamente la salida dada por el Gobierno. Y mientras los socialistas de la Concertación expresaron sus reservas, el Partido Comunista acusó a Aylwin de haber roto la tradición jurídica y diplomática de Chile.

Honecker alcanzó a estar menos de seis meses cumpliendo su condena en la cárcel de alta seguridad de Berlín-Moabit. Los tribunales germanos decidieron cerrar el proceso y liberarlo debido a que su estado de salud no le permitiría afrontar el juicio.

No pasaron ni dos horas desde su salida de prisión para que Honecker tomara un avión rumbo a Santiago, el 14 de enero de 1993. El Gobierno chileno autorizó su ingreso al país por razones humanitarias.

Y, así, como un turista más, llegó al aeropuerto de Santiago, acompañado de Klaus Keste, presidente del Comité de Solidaridad con Honecker (entidad que financió el traslado). Fue recibido por su esposa Margot y su hija Sonia, además de casi un centenar de periodistas, nacionales y extranjeros.

También le dieron la bienvenida dirigentes comunistas, como Gladys Marín y Volodia Teitelboim, y del Partido Socialista, como Germán Correa, Isabel Allende, Luis Maira y Almeyda. "Algunas de las personas que lo esperaban en el exterior del aeropuerto explicaron su presencia afirmando que admiraban al anciano líder. Afirmaron que les extrañaba que siendo más de 5 mil los chilenos exiliados que estuvieron en la RDA, solo algunos centenares hubieran acudido a saludarlo", se leía en la prensa.

En sus primeras declaraciones, Honecker agradeció al gobierno chileno por permitirle el ingreso y cumplir "mi último deseo personal: ver de nuevo mi querida señora y valiente compañera". Desde el terminal aéreo el exdirigente fue trasladado a una clínica privada capitalina, donde se realizó exámenes por el cáncer hepático que lo afectaba. Catorce meses más tarde, el 29 de mayo de 1994, falleció en su casa de La Reina y fue sepultado en el Cementerio General.

Caso avión secuestrado: Guerrilleros argentinos se fugan, llegan a Santiago y Allende niega su extradición

La noche del 15 de agosto de 1972 se vivió una situación excepcionalmente tensa en el aeropuerto de Pudahuel. Un avión argentino que había sido secuestrado por extremistas de izquierda trasandinos permanecía en la losa. Se trataba de un aparato de la línea aérea Austral que había sido desviado desde Trelew, sur de Argentina, con un centenar de pasajeros a bordo.

Los captores eran presos que acababan de escaparse de la cárcel de Rawson, pertenecientes a los Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Ejército Revolucionario del Pueblo (que lideraban la subversión en contra del gobierno de Alejandro Lanusse). Su intención era apoderarse de la aeronave para huir a Cuba, pero solo diez lo lograron. Los fugitivos cruzaron la cordillera, hicieron escala en Puerto Montt, y luego aterrizaron en Santiago. El resto no tuvo más remedio que entregarse a la policía, que los envió de nuevo a prisión.

En un principio, el gobierno chileno mantuvo una actitud cautelosa, pues como lo dijo el propio Presidente Salvador Allende, era prioritario salvaguardar las vidas de los pasajeros de los supuestos piratas aéreos. Rechazó, asimismo, la exigencia de los captores de ser recibidos en el aeropuerto por el ministro del Interior o el canciller.

Luego de cuatro horas, finalmente descendió de la máquina Roberto Santucho —cabecilla de la operación— con el objetivo de dialogar con las autoridades sobre la petición de asilo. "Después de prolongadas negociaciones con los secuestradores, el avión regresó a Buenos Aires y los extremistas quedaron en calidad de retenidos en el cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna", informaba “El Mercurio”.

El 17 de agosto el diario publicaba las declaraciones de Allende, quien le aseveró a Lanusse, vía telefónica, que "nosotros actuaremos de acuerdo a las leyes chilenas".

La Casa Rosada, en tanto, anunciaba que pediría la extradición del grupo por haber cometido varios delitos: tenencia de armas, atentado contra un puesto de guardia con resultado de muerte, piratería, uso ilegítimo de uniformes con distintivos de las FF.AA., evasión con intimidación y violencia en las personas.

La cancillería argentina hizo llegar tres oficios sucesivos al respecto, dos de los cuales fueron declarados "insuficientes" por las autoridades nacionales. La disyuntiva chilena era detener a los guerrilleros por piratería aérea, a la espera de la extradición que de ellos pidiese Lanusse, o darles asilo político para continuar en Chile o bien seguir a Cuba.

En tanto La Moneda resolvía el camino a seguir, ocurrió la llamada "Masacre de Trelew". El 23 de agosto en la base naval de esa ciudad fueron asesinados por marinos 16 de los guerrilleros que habían organizado el escape aéreo. Entre ellos, la esposa de Santucho.

Aunque en ese entonces el gobierno trasandino informó que habían muerto en un intento de fuga, años más tarde los propios uniformados implicados reconocerían ante la justicia que los guerrilleros fueron fusilados.

La noticia precipitó la decisión del Jefe de Estado chileno: "Un informante que declinó ser identificado comentó que el episodio donde murieron los extremistas recapturados, es un factor nuevo, es un elemento político que deberá ser considerado".

En distintos lugares se realizaron manifestaciones para que Chile concediera el asilo a los guerrilleros. De ahí que cuando el 24 de agosto llegó al país el primer pedido de extradición, Allende ya tenía clara su postura. "El Gobierno chileno concedió asilo a los retenidos y al mismo tiempo dispuso las medidas para que abandonaran Chile y partieran a Cuba", titulaba "El Mercurio" al día siguiente.

En cadena de radio y televisión, el Mandatario dio a conocer su resolución a la ciudadanía —motivada "por las profundas razones de humanidad y moral", diría— e insistía en que se actuó "en conformidad con los principios internacionales".

Con un gran despliegue mediático y de seguridad, finalmente los diez guerrilleros se embarcaron en un vuelo regular de “Cubana de Aviación”. En la terraza del aeropuerto, grupos de izquierda aplaudían, incluyendo algunos argentinos que entonaban una canción donde pedían la vuelta de Perón a su país. La reacción argentina fue inmediata. Lanusse hizo llegar una nota de protesta a la legación chilena en Buenos Aires que decía que la decisión de Allende “ha causado profundo desagrado”. Incluso llamó a su embajador y las relaciones entre ambos países se tensaron en extremo.

Tiempo después, uno de los abogados de los fugitivos que fue invitado al Consejo de Gabinete para analizar el asunto, contó que en la reunión Allende habría dicho: "¡Este es un gobierno socialista, mierda, así que esta noche se van para La Habana!".

Jorge Edwards en La Habana: Un diplomático incómodo para Cuba

"Ahora tengo que decirle que nos habíamos equivocado con respecto a usted. ¡Porque usted demostró ser una persona hostil a la Revolución Cubana! ¡Y hostil a la revolución chilena! Usted fue rodeado desde el primer día por elementos contrarrevolucionarios, enemigos de la Revolución, interesados en darle una visión negativa de la situación cubana, que usted después iba a transmitir a Chile (…). En rigor, debimos haberlo declarado persona non grata, pero no quisimos hacerlo por tratarse de nuestras relaciones con Chile".

De esta manera, Fidel Castro despedía a Jorge Edwards, encargado de Negocios en la embajada chilena en Cuba, la medianoche del 21 de marzo de 1971. El diplomático estuvo poco más de tres meses en la isla luego que el gobierno de Salvador Allende restableciera relaciones entre ambos países.

El diálogo quedó grabado en la memoria de Edwards y aparecería luego en su libro "Persona non grata", en el que relataría su experiencia en Cuba. En esas páginas cuenta su paso por la isla, donde —afirma— espiaban cada paso que daba y donde estuvo en la mira por sus contactos con intelectuales disidentes, como Heberto Padilla.

Según contó años después a "El Mercurio", entonces "venía de ser lo que se puede llamar un intelectual de izquierda. Simpatizante de la Revolución Cubana, por ejemplo, aunque no muy simpatizante del mundo soviético. Pero lo veía como una cosa nueva, casi con una adhesión de tipo nacionalista al fenómeno cubano frente a Estados Unidos, pero en 1970 era bastante escéptico. Iba más o menos preparado para lo que me encontré. Pero hubo sorpresas, pues las cosas eran peores de lo que pensaba. Esa es la verdad, porque ya había emprendido un proceso intelectual de alejamiento del socialismo soviético".

En efecto, Jorge Edwards aceptó la misión profesional, pero no imaginó las dificultades: "No calculé que los escritores estuvieran tan de punta con el gobierno. Porque uno oía hablar de los disidentes en Rusia, en Hungría, Checoslovaquia, en Polonia, pero no se oía hablar de un movimiento literario disidente en Cuba. No era lo mismo que en los otros países, porque la gente tenía mucho miedo y se expresaba muy poco. Creo que había, aunque sea paradójico, porque parecía lo contrario, mayores grados de libertad en la Checoslovaquia comunista y en Hungría que en Cuba".

Una de las experiencias que narra en su libro fue la llegada del Buque Escuela "Esmeralda" a La Habana. Relata que Fidel apareció a bordo de la nave con sus escoltas, aunque el comandante chileno se lo había prohibido. El capitán del navío (Ernesto Jobet) también tuvo que soportar una broma fuera de lugar alusiva a la calvicie de Arturo Prat.

Otra anécdota fue una intervención del jefe de la policía secreta cubana que llegó a oídos chilenos: "Con los marineros no hay problema. A ellos se les maneja con la punta del dedo. A los oficiales, en cambio, hay que colocarles un verdugo". Todo aquello, unido a ver las estrecheces que se vivían en La Habana, gatilló en los tripulantes del "Esmeralda" preocupación: "En el barco, en la víspera de partir, había un ambiente extraño. Los muchachos estaban golpeados, abrumados por la experiencia, como si se hubieran asomado en Cuba a un futuro sombrío que ellos creían que esperaba inevitablemente a Chile”, diría Edwards.

"Persona non grata" fue una obra polémica y censurada, que trajo consigo coletazos, como explicaría el escritor en La Segunda en 2017: "Hoy, muchas personas me dicen que gracias a ese libro no se quedaron en la beatería política (…). Yo escribí mi testimonio, alrededor de tres años más tarde, porque llegaba desde Chile, y porque la mitad o más de la mitad del gobierno chileno de entonces, el de Salvador Allende y la Unidad Popular, pensaba que la revolución castrista era la panacea, la solución de todas nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, de nuestras miserias".

Agregó: "Yo me convencí en forma muy rápida, a los pocos días de estar en la isla, de que si la panacea fidelista y guevarista llegaba a aplicarse en mi país, sería uno de los primeros exiliados. Cuando lo dije en una conferencia literaria, hace pocos años, hubo chilenos que abandonaron la sala, furiosos, y confieso que sentí lástima por ellos, pero también por todos nosotros".

Todo comenzó con unas llamadas anónimas a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, al más puro estilo de una película. Los mensajes advertían sobre un supuesto envenenamiento en el cargamento de más de 12 mil cajas de fruta chilena a bordo del Almeria Star, buque fondeado en el puerto de Filadelfia.

Una vez enviada la alerta, la Food and Drug Administration (FDA) realizó la respectiva inspección, proceso que tardó nueve días (eran miles de granos de uvas a revisar). Hasta que el 12 de marzo de 1989, la institución informó: "El organismo encontró y confirmó rastros de cianuro en una pequeña muestra de uva negra sin pepa procedente de Chile y como resultado de ello está deteniendo todos los embarques de uva y otra fruta procedente de dicho país y urge a que aquella ya distribuida sea retirada del mercado".

Luego del anuncio estadounidense, tomaron la misma decisión Canadá y Japón, junto con algunos países europeos.

"El Mercurio" consignó entonces que "el Gobierno anunció esta madrugada que se reforzarán las medidas de seguridad en torno a todo el proceso de producción de la fruta, desde la cosecha hasta su llegada a puerto de destino (…) Se ordenaron las medidas pertinentes para ubicar a los causantes de este hecho".

Si bien era una dosis mínima de veneno, incapaz —según los especialistas— de matar a nadie, el hecho gatilló una crisis política, diplomática y económica que tensionó los últimos meses del Régimen Militar, enfrió las relaciones con Estados Unidos y provocó millonarias pérdidas para los productores agrícolas de Chile.

Mientras las madres estadounidenses llamaban a los colegios porque habían puesto fruta chilena en las colaciones de sus hijos, en Chile se efectuaron manifestaciones "en apoyo a los productores y exportadores de fruta chilena y contra el embargo norteamericano. Se repartieron en las calles camionadas de uvas a granel, que el público consumió con deleite, convirtiendo esta jornada en una fiesta", se informó. Los noticieros mostraban las protestas frente a la embajada de Estados Unidos, con kilos de uvas lanzadas al interior del edificio, y a Pinochet, calificando la situación como "terrorismo químico" y parte de un plan para sabotear las exportaciones y la economía chilena.

En paralelo, los productores iniciaron una campaña para demostrar que era seguro comer la fruta con participación de Cecilia Bolocco probando uvas frente a las cámaras.

Fue una semana de incertidumbre. Los packing dejaron de funcionar y el Gobierno debió comprar la uva que estaba lista para ser exportada antes de que se pudriera. El 18 de marzo, un cable notificó el fin del embargo: "Tras agotadores esfuerzos que llegaron al más alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, Chile logró que su excelente fruta llegara nuevamente a los consumidores norteamericanos al levantarse una veda impuesta luego de descubrirse dos granos de uvas envenenados. El anuncio del término de la crisis, que causó grandes daños a la economía de Chile, lo hizo el Presidente George Bush".

Las exportaciones se reanudaban de esta manera, y los expertos de la FDA que habían viajado a Chile para certificar la seguridad en la producción, volvieron a Estados Unidos.

El caso dio un giro cuando las investigaciones —dirigidas por el ministro en visita Domingo Yurac— descartaron que el envenenamiento de las uvas se hubiera realizado en territorio chileno o en el buque. De hecho, las pruebas determinaron que los granos debieron contaminarse poco antes de su análisis. Con esto surgieron nuevas teorías que apuntaban a que el Gobierno estadounidense estaba detrás del hecho.

En su libro "Hombres de la transición", Ascanio Cavallo relata que generales comentaron que veían el complot como "un llamado de atención" para que el cronograma de la vuelta a la democracia siguiera su curso pactado. El comandante en jefe de la Armada e integrante de la Junta Militar, José Toribio Merino, lo resumió así: "Esto es una de las tantas canalladas que nos han hecho los EE.UU.".

Tanto el Gobierno chileno —que contrató a una connotada oficina de abogados norteamericana— como los productores y exportadores hortofrutícolas, acordaron acciones legales contra Estados Unidos. Buscaban una indemnización cercana a los $250 millones de dólares. No obstante, en agosto de 1991 Washington anunció que no habría resarcimiento.

Un nuevo intento fallido ocurrió en 1993, cuando el Gobierno chileno invitó al de Estados Unidos a concurrir a la Comisión Bryan-Suárez Mujica. Tampoco llegaron a puerto otras instancias de trabajo bilateral, así como varios reclamos al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia. Incluso en octubre de 1995 la Corte Suprema estadounidense rechazó acoger la apelación chilena. La investigación y búsqueda de compensaciones se prolongó por cerca de una década y el caso fue cerrado sin fallos judiciales ni culpables.

Con carteles de bienvenida y coloridas decoraciones, las calles de Manila, Filipinas, estaban listas para recibir a Augusto Pinochet. Sin embargo, minutos antes de su llegada, el 22 de marzo de 1980, el gobierno de Ferdinand Marcos le negó el aterrizaje y dejó, literalmente, al invitado en el aire. Furioso por la cancelación, el general chileno decidió regresar de inmediato a Chile y tomar cartas en el asunto. "No es un desaire para mí, sino para mi patria", dijo al enterarse de que no podía pisar suelo filipino.

La razón dada por Marcos fue que debía atender un grave problema interno, “el recrudecimiento de la actividad subversiva del Frente Moro de Liberación Nacional”, se informó.

"El Mercurio"Vpublicó que la noticia había causado gran conmoción en la opinión pública nacional e internacional. La desusada actitud del dictador filipino "dio lugar a unánime y enérgico repudio de toda la nación, que rechazó el desaire inferido al país en la persona del Jefe del Estado".

En el extranjero, algunas fuentes comentaban que la influencia cubana, soviética, libia o de otro origen pudo haber inducido a Marcos a dar ese paso. También se murmuraba que Estados Unidos tenía que ver con el asunto, lo que fue desmentido por el embajador de ese país en Chile.

Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillos —quien era parte de la comitiva—, señaló que no se previó ningún problema en la visita, pues el viaje a Manila obedecía a una invitación cursada por el propio Marcos en 1977.

Tras escalas en Fiji e Isla de Pascua, Pinochet retornó a Santiago y llamó a Cubillos para pedirle la renuncia. El historiador Gonzalo Vial escribiría después que el canciller no tuvo ninguna culpa, ya que se había opuesto al viaje, aduciendo razones de seguridad y a que la amistad con el dictador filipino no prestigiaba a Chile.

En “El Mercurio” se leían declaraciones de Pinochet: "No puedo aceptar una bofetada a mi país, por eso romperé relaciones con Filipinas". Días después se desdijo y aceptó las excusas personales que le diera el Presidente de ese país.

Pero, ¿qué o quién estuvo detrás del "filipinazo"? La prensa de la época consignó que en algunas de las escalas cumplidas por el avión “surgieron esporádicas manifestaciones negativas, en las que aparecieron individuos que hablaban con acento cubano y de otros matices”. También se informó que en Filipinas fueron aprehendidas algunas personas en cuyo poder fueron halladas armas de diversa índole.

Asimismo, el diario español El País titulaba que fue la presión internacional, tanto estadounidense como de otros países, la que motivó a Ferdinand Marcos a cancelar la invitación.

Detrás del incidente, considerado el peor de la política exterior chilena en muchos años, se supo luego que efectivamente estuvo involucrado Estados Unidos. El gobierno de Jimmy Carter no perdonaba verse envuelto en el "caso Letelier". Incluso la propia Imelda Marcos confesaría posteriormente en una entrevista que habían sido "presionados directamente por la Casa Blanca".

"Impedido de regresar a mi país y viviendo la experiencia más dura e injusta de mi vida, quiero agradecer a mis compatriotas todas las nobles muestras de cariño y de apoyo que me han dado, sin las cuales estas horas de prueba y soledad serían incomparablemente más tristes para mí y mi familia". Con estas palabras, el general Augusto Pinochet se dirigía al pueblo chileno en una carta fechada el 11 de diciembre de 1998.

Dos meses antes, la noche del viernes 16 de octubre, mientras se recuperaba de una operación en la London Clinic, cuatro efectivos de Scotland Yard ingresaron a la habitación del senador vitalicio para arrestarlo. Cumplían órdenes del juez Nicholas Evans, quien a su vez había recibido del juez español Baltasar Garzón la solicitud de detenerlo provisoriamente, mientras formalizaba su petición de extradición al gobierno británico. El magistrado hispano buscaba enjuiciarlo por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante la dictadura. Más tarde, España, Bélgica, Francia y Suiza también solicitarían extraditar a Pinochet.

Así comenzaba un proceso que se prolongó por más de 16 meses y que envolvió a Chile en un complejo caso político, diplomático y jurídico. Fue un asunto que concitó la atención de todo el mundo y que complicó a la Concertación, coalición gobernante en la cual no había consenso sobre cómo enfrentar el tema.

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle decidió impulsar su liberación y "presentó una protesta formal ante Gran Bretaña por la orden de arresto preventivo en contra del senador vitalicio Augusto Pinochet y considera la acción judicial como una violación a la inmunidad diplomática de la que goza el general en retiro", se leía en "El Mercurio" el 18 de octubre de 1998.

A los pocos días del arresto, la familia Pinochet contrató al estudio de abogados Kingnley and Napley, quienes asumieron la defensa declarando que combatirían cualquier intento de entrega a Madrid. Luego llegaron a la capital inglesa los abogados Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Schweitzer, quienes presentaron un recurso de habeas corpus, solicitando a la justicia inglesa que declarara la ilegalidad de la detención.

El 28 de octubre la Alta Corte de Justicia de Londres reconoció la inmunidad al senador vitalicio, pero tras la apelación española, la revocó. Luego el caso lo tomó la Cámara de los Lores (actual Tribunal Supremo), la máxima instancia judicial británica.

En paralelo, organismos como Amnistía Internacional tomaron medidas para impedir que el ministro del Interior inglés, Jack Straw, lo liberara. Ello, porque en sus manos recaía la decisión de autorizar o rechazar que se iniciara el juicio de extradición en Londres. Al principio Straw desechó los argumentos de La Moneda (la inmunidad) y de la defensa (razones humanitarias por su débil salud) y sostuvo que no había motivos que le impidieran enfrentar el juicio.

Los abogados de Pinochet apelaron, impugnando un riesgo de parcialidad en el veredicto de uno de los lores (que tenía vínculos con Amnistía Internacional). En una decisión rápida y sin precedentes en el derecho británico, la Cámara de los Lores aceptó este reclamo y revocó el fallo que le negó la inmunidad.

Mientras, el acusado permanecía en la residencia de Virginia Waters, al sudoeste de Londres. Ante el tribunal de Belmarsh, pidió la palabra: "Yo no reconozco la jurisdicción de ningún otro tribunal que no sea el de mi país para que se me pueda juzgar de todos los embustes que han hecho los señores de España".

En su primera entrevista a un medio chileno —concedida en Londres a El Mercurio de Valparaíso, en julio de 1999—, Pinochet afirmó: "Quieren juzgarlo a uno a la luz de otro momento, porque no estamos viviendo las circunstancias de esos años, las que incluso se silencian, se omiten y distorsionan". La administración de Frei inició, por su parte, gestiones para su regreso a Chile, pero el ministro Straw dijo que esperaría el curso del proceso judicial para volver a revisar la petición chilena. Durante los meses siguientes el caso no avanzaría entre los sucesivos alegatos y apelaciones de las partes. El 8 de octubre de 1999 la justicia británica autorizó la extradición a España de Augusto Pinochet, pero luego aceptaría la petición del gobierno chileno de liberarlo por razones de salud.

Tras un informe médico confidencial que concluía que el exgobernante no estaba en condiciones de ser juzgado, Straw finalmente se abrió a la posibilidad de liberarlo. Jueces de España, Francia y Bélgica, así como varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, refutaron las conclusiones médicas británicas, pidiendo un contraperitaje.

Finalmente, el 2 de marzo de 2000, el ministro del Interior inglés anunció su decisión de interrumpir el proceso de extradición "por razones humanitarias" y permitió su inmediato retorno a Chile.