Nuevos problemas surgen para el alcalde
Rodolfo Carter y su política de demoler narco-casas, y ahora también mausoleos, en La Florida. La última de estas actividades se realizó el pasado martes 13 de junio.
Y es justamente esta la que genera inconvenientes para el jefe comunal. De acuerdo a la Radio Bío Bio,
desde Carabineros no le facilitarán más colaboración ni protección en este tipo de acciones.
Esto, porque la Municipalidad no había avisado que aparte de viviendas se demolería un mausoleo, exponiendo al personal policial a ataques. Pero además, y de acuerdo a lo citado por el medio, "porque la institución se habría dado cuenta ahora que no habría cumplido el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del organismo, en su inciso final, sostiene que 'la autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público'".
La respuesta de Carter no se hizo esperar. Y fue con duras críticas, tanto a Carabineros como al Gobierno.
"Efectivamente, hace 48 horas llegó este documento, este oficio, firmado por el prefecto de la zona, pero partamos diciendo que esto no es una decisión que haya tomado un prefecto, esto es una decisión que viene del alto mando de Carabineros de Chile, partiendo con su general director, el general Yáñez, a quien traté de ubicar por teléfono hace 48 horas y no hemos tenido noticias. Es muy sorprendente porque quiere decir que
el alto mando de Carabineros se da cuenta después de ochenta y dos días después de la última demolición y después de cinco meses de la primera demolición, que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal", comenzó en sus descargos.
Y agregó que "lo que ha ocurrido en estas últimas horas y lamentamos que haya sido así, es un cambio terrible del alto mando policial y será función del general Yáñez explicar este error o esta falsedad, porque no se ha violado ninguna ley, no se ha expuesto jamás a ningún policía y tercero la obligación de cualquier funcionario público, carabinero, militar, Presidente o alcalde es combatir el delito en el lugar, especialmente cuando es un delito flagrante".
Sus dardos al Gobierno fueron que "permítame decirle que estamos como estamos, y los ciudadanos víctimas del delito lo saben perfectamente, porque tienen claro que un Gobierno como este prefiere la politiquería antes que el combate al delito claro y directo.
La agenda del Gobierno no es la delincuencia, es controlar todas las acciones para sí e impedir que cualquier otro lo haga. Y la evidencia es clara. Dijeron que las demoliciones de casas narcos eran politiquería, que eran una campaña presidencial, que era finalmente solo efectismo. Miren qué poca cosa era. Han hecho de todo. Han levantado el teléfono siempre, para impedir que se haga. Y se equivocan, porque además lo hacen mal. Porque es demasiado evidente la huella digital. Esto no es un prefecto, ni siquiera es el general director. Esto es una acción política para evitar que un municipio en particular que les desagrada especialmente pueda seguir haciendo algo que sintoniza profundamente con los chilenos".
