La Contraloría General de la República dio un plazo de cinco días para que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta entregue toda la información de los convenios suscritos con fundaciones en medio de la polémica abierta por el accionar de Democracia Viva, entidad que recibió 426 millones.
La acción no se circunscribe solo a la ONG que era liderada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (ambos militantes de RD), sino de todos los convenios realizados por la seremi de Vivienda a través del programa de Asentamientos Precarios.
Los montos a esta fundación fueron otorgados por el seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, también militante de RD), lo que provocó un terremoto en el oficialismo y desembocó en la renuncia de Contreras, Andrade, la "suspensión" de la vicepresidencia de Pérez en la Cámara, y una dura arremetida de la oposición.
De hecho, el oficio es firmado por la contralora regional, Claudia Neira, y va dirigido a la seremi de Antofagasta.
Según fuentes del ente contralor, la entidad no realizó una revisión previa de los convenios dado que el dinero entregado a la fundación Democracia Viva fue fraccionado: Un convenio por $200 millones, otro por $170 millones y finalmente otro por $56 millones. Sólo en el caso de montos superiores a las cinco mil UTM ($ 316.315.000) se requiere una toma de razón de Contraloría.
Además, el organismo puede realizar una revisión con dineros ejecutados y no es el caso de la cuestionada fundación.
Cabe señalar que entre 2018 y 2022 la Contraloría realizó 558 acciones de fiscalización de distinto tipo al Minvu.
