"Lo que tiene que hacer la fiscalía es poder realizar todas las diligencias pertinentes para establecer si los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público resultan ser constitutivos de delitos". Con esas palabras, el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, abordó ayer la investigación que se inició el martes, tras conocerse públicamente los antecedentes en torno al caso de la Fundación Democracia Viva, ligada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), y la asignación directa de más de $400 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la región, cuando a la cabeza de la repartición se encontraba Carlos Contreras, también militante RD. En la causa se investiga la eventual comisión de distintos delitos, dijo el persecutor, puntualizando: "Entre los cuales podría estar tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco", los que serán indagados por la Policía de Investigaciones (PDI).
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