Académica de la Universidad Católica.
El Mercurio
La democracia implica que la ciudadanía debe tener la oportunidad de expresar sus opiniones para influir en las decisiones. Hoy en día pocas voces se animarían a discutir que las mujeres también somos parte de la ciudadanía y a reconocer que hemos estado históricamente excluidas de participar en las elecciones en iguales condiciones que los hombres. En democracia, las elecciones son cruciales porque representan algo más que una mera competencia, son la manera en que la ciudadanía participa en la creación de cuerpos políticos representativos.
Si bien se ha avanzado desde 1949, cuando las mujeres consiguieron el derecho a voto para elecciones presidenciales y legislativas, aún persisten barreras para la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Recién en 2021 las mujeres superaron el 25% de la Cámara (apenas la mitad de su proporción poblacional). Y esto no fue porque no hubiera mujeres en política, los barrios siempre estuvieron llenos de mujeres dirigentas. Tampoco fue porque la ciudadanía no quisiera votar por mujeres (nunca hubo un sesgo tan grande que explicara el piso del 80% de la representación que tuvieron los hombres hasta 2017).
Un factor que explica la subrepresentación de las mujeres tanto en Chile como en el mundo es la renuencia de los partidos políticos a nominarlas. Por eso se implementaron las cuotas, pero aun así no igualaron la cancha. En las elecciones de 2017, los partidos nominaron más mujeres en distritos perdedores y les dieron la mitad del financiamiento que a los hombres. En 2021, los partidos de izquierda lograron elegir más mujeres, pero el resto de los conglomerados no superó el 26%. Así que confiar que el avance cultural y los líderes de partidos cedan espacios a las mujeres nos dejará esperando a Godot.
La paridad no es un mecanismo electoral. La paridad como principio es aplicable en diferentes sistemas electorales, aunque funciona mejor con listas de partidos cerradas y bloqueadas en distritos grandes. Si se mantiene la lista abierta, se necesita de un mecanismo corrector, pero dentro de estos hay mucha variedad. Si se corrige por porcentaje de votación individual de la candidatura menos votada del sexo sobrerrepresentado, la diferencia entre quienes entran y salen por la corrección será mucho menor.
Sin embargo, se han alzado voces que generan confusión sobre este tema. Confunde la insistencia de quienes declaman que la paridad altera la voluntad soberana. Si la soberanía se expresa a través del voto por candidatura individual, el sistema actual de voto por persona y asignación por lista ya la afecta cuando quedan fuera personas que recibieron más votos que otras que resultaron elegidas. Es más, si tanto preocupa que queden fuera personas con mucho caudal de votación, esto pasará aún más por el umbral que establece el anteproyecto —con el que muchas voces contrarias a la paridad se mostraron públicamente a favor.
Confunden también quienes sostienen que la paridad es propia de las autocracias. De los países en los que al menos el 40% de la cámara poblacional son mujeres, más del 81% son democracias (Unión Interparlamentaria). No hay correlación entre paridad y autocracias, aunque es cierto que algunas autocracias han reservado algunos asientos para mujeres buscando legitimar sus sistemas políticos. Tanto las democracias como las autocracias entienden esto.
Nuestras asambleas y autoridades electas a nivel nacional, regional y local se perjudican al no reflejar la diversidad de la ciudadanía. Es difícil sostener el valor democrático de tener 77% de hombres concejales, 83% de alcaldes, 64% de cores y 81% de gobernadores, como pasa actualmente.
La sociedad en su conjunto pierde con la sobrerrepresentación de los hombres, salvo que creamos que están biológicamente determinados a ser mejores políticos, algo para lo cual no existe evidencia científica. Los índices de descontento y desconfianza ciudadana con las instituciones parecen señalar todo lo contrario. Nuestras instituciones con escasa presencia de mujeres son percibidas como poco legítimas y lejanas a la gente. La democracia del siglo XXI es paritaria y una Constitución para este siglo debe hacerse cargo de esto.
