El fiscal Cristián Aguilar solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta orden de entrada y registro para allanar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de la Urbanismo Social en Santiago y el domicilio del exseremi Rodrigo Hernández (RD) en el marco del denominado Caso Convenios, petición que se concretó durante esta jornada.
En medio de las indagaciones por los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y fundaciones privadas, el persecutor realizó esta solicitando apuntando que la fundación mantiene convenios con reparticiones de Vivienda en Antofagasta y el Maule.
De esta forma, la tarde del lunes,
la jueza Claudia Campusano accedió y visó los registros requeridos.
"Se autoriza entrada y registro del domicilio que corresponde al Gobierno Regional Maule, para incautar toda la documentación sea en papel, digital u en otro medio relacionada al convenio precitado suscrito con la Fundación Urbanismo Social", señala la resolución consignada por La Tercera, "incluyendo toda aquella previa que sirvió de antecedente para la elección de la Fundación por la autoridad y la relativa a la ejecución del convenio y rendición, si existiere, y computador o computadores, que contenga información vinculada a los hechos investigados", agrega.
En esta línea, se precisa que "se autoriza entrada y registro del domicilio que corresponde a la Fundación Urbanismo Social, para incautar toda la documentación sea en papel, digital u en otro medio relacionada al convenio antes señalado, y computador o computadores, sea pc o notebook que contenga información vinculada a los hechos investigados".
Por último, se autorizó la entrada a la vivienda de Hernández "para incautar toda la documentación sea en papel, digital u en otro medio relacionada a los convenios enunciados, y computador o notebook , y teléfono celular que contenga información vinculada a los hechos investigados".
"El registro y extracción de toda la información que contengan las especies que puedan incautarse, contenida en archivos y en conversaciones, por medios electrónicos, sea por correo u otro medio análogo, o por WhatsApp, según corresponda, que digan relación con los hechos investigados", puntualizó la magistrada.
Personal de la Brigada Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) Talca es la unidad que lleva adelante los operativos.
Allana GORE de Antofagasta
En tanto, la policía civil realizó un allanamiento a la Gobernación Regional de Antofagasta por un millonario acuerdo con la Fundación Procultura, diligencia incluida en las indagatorias por el Caso Convenios.
El procedimiento se enmarca en la investigación contra el organismo regional por un contrato firmado con la ONG por $629 millones, destinados a la "recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica".
La organización civil habría solicitado esos dineros para la reparación de tres inmuebles del casco histórico que alcanzan en total 2.400 metros cuadrados, por lo que cada uno tuvo un costo promedio de $260 mil.
Tanto la fundación como la gobernación han destacado que el acuerdo incluyó capacitaciones y talleres.
Sobre el sorpresivo operativo de la PDI, el jefe de Unidad Jurídica de la gobernación nortina, Bryan Romo, recalcó que "celebramos que la investigación avance rápidamente. Nosotros no tenemos nada que ocultar".
Luego de las acusaciones de falta de transparencia, señaló que "todos los procedimientos se encuentran en orden, no hay ningún conflicto de interés y, por lo tanto, la investigación demostrará que el gobierno regional se ha apegado a los estándares de transparencia y probidad".
"Celebramos que la investigación avance y que sea rigurosa, lo más amplia posible, y nosotros colaboraremos con cualquier requerimiento adicional", zanjó el jefe de la Unidad Jurídica.
El allanamiento de la PDI de Antofagasta es el primer procedimiento de este tipo que se realiza a una gobernación en el marco del Caso Convenios, considerando que las anteriores diligencias se efectuaron a domicilios en fundaciones y dependencias de las Seremis.
