"Ni este Gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar derechos si no es con una reforma tributaria", dijo el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública el pasado primero de junio. Dicho eso, anunció que ingresarían al Senado - a fines de julio - un nuevo proyecto para insistir con la reforma tributaria, luego del rechazo de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, todo indica que el plazo que se autoimpuso el Ejecutivo no se cumplirá, porque a menos que haya una sesión especial la próxima semana, ya no se dará cuenta en la Sala del Senado este mes.
Es que el escenario se ha vuelto particularmente complejo. Analistas aseguran que con la minoría en el Congreso, los roces entre las coaliciones oficialistas, la baja aprobación y el escándalo por el Caso Convenios, seguir la agenda política será cuesta arriba. E incluso advierten que el Gobierno corre el riesgo de quedarse sin agenda de no dar pasos significativos en lo que queda del 2023.
Así como la reforma tributaria hay otras urgencias legislativas que se han visto opacadas desde que salió a luz el traspaso de recursos públicos a la fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática, uno de los partidos más imporantes del oficialismo.
La reforma previsional pasó seis meses congelada en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. A pesar de que la mesa técnica se sostuvo durante semanas con partidos oficialistas y fuerzas no alineadas, aún no hay luces de un acuerdo. Recién esta semana se sumaron los partidos de derecha, pero lo cierto es que la iniciativa del Ejecutivo está en una carrera contra el tiempo y todavía no hay puntos en común para generar un proyecto que cuente con apoyo transversal.
Por otro lado, la agenda de seguridad y el "fast track" legislativo que surgió a raíz de la crisis delictual y los homicidios a funcionarios de Carabineros, si bien ha tenido avances, estos han pasado desapercibidos. Como por ejemplo, la modificación de Ley de Migración y Extranjería para agregar nuevas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión, la cual fue despachada a ley por el Congreso Nacional.
Asimismo, la agenda en materia educacional. Durante el primer año de Gobierno el Minduc sacó adelante proyectos que en su mayoría se arrastraban de la administración anterior y este año, tras duras críticas a sus gestión y sortear una acusación constitucional, el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, tiene como objetivo los siguiente tres proyectos: La flexibilización de la subvención escolar preferencial, la única evaluación docente y el proyecto "Yo cuido, yo estudio"; a todas luces lejos de la ambiosa agenda educativa que se planteó al inicio de la gestión.
Por otro lado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha comparecido regularmente a la comisión del Senado para avanzar en el proyecto de ley corta de isapres que tiene por objetivo dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en la adecuación de la tabla de factores. Sin embago, con los focos puestos en el escándalo político, la atención se ha desviado de ahí.
Los cuestionamientos a la transparencia y probidad han golpeado con fuerza a La Moneda, teniendo que ocupar herramientas y esfuerzos para recabar información y ponerla a disposición del Ministerio Público. Asimismo, esclarecer los hechos y limpiar la imagen ante la opinión pública en reiteradas ocasiones.
"Han optado por proteger al Presidente Boric y sacarlo de esos temas ya sea gira relacionados con derechos humanos o el 11 de septiembre, diría con énfasis en la izquierda para sostener ese sólido apoyo 30% que muestra el Mandatario", planteó el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval.
Respecto al impacto en materia legislativa, Duval señaló que "el Gobierno ha tenido muchas dificultades en plantear una agenda política que tenga consistencia y coherencia en el tiempo. El gran eje planteado era la reforma tributaria, cuestión que ha sido lenta y difícil de avanzar más todavía con escándalos de corrupción. Hubo intentos de avanzar en pensiones en el Congreso pero debió establecer un mes de negociación con técnico para avanzar. Ello revela que no ha sopesado adecuadamente su condición minoritaria en Congreso".
Para Mario Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, el Presidente se encuentra en una "paradoja". "No puede llevar adelante su agenda legislativa porque lo afecta el 'Caso Convenios' y no puede salir del 'Caso Convenios' porque no puede avanzar en el Congreso".
Para él, "la forma de destrabar dicho conflicto está en pagar la deuda política -y no sólo judicial- que le generó el caso. De lo contrario, será difícil avanzar en reformas o tendrá que hacer concesiones significativas, sacrificando compromisos del programa".
"el Gobierno tiene solo estos últimos meses que quedan del año para poder impulsar proyectos claves para su administración"
Marco Moreno
Por su parte, Marco Moreno, académico de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Central, señaló que "el 'Caso Convenios - Fundaciones', evidentemente el efecto que tiene es que evita que el Gobierno pueda instalar su agenda, porque concentra buena parte de la preocupación del Gobierno indirectamente, lo que pueda suceder con uno de los partidos más imporantes como lo es Revolución Democrática".
Asimismo, dijo que "el riesgo que hay en el perder el control de la agenda, es que el Gobierno tiene solo estos últimos meses que quedan del año para poder impulsar proyectos claves para su administración como es el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Como podría ser el desenlace del proceso constituyente o una buena gestión de los Juegos Panamericanos, si el Gobierno logra avanzar en estos cuatro temas claves y centrar la agenda en ello, sería positivo, porque va a ser difícil que los próximos años pueda tener una agenda, porque el 2024 y 2025 están marcadas por el ciclo electoral".
