La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, aprobó este lunes el proyecto que busca sancionar con cárcel la usurpación de inmuebles y la toma de terrenos -tema que forma parte de la agenta prioritaria de 31 materias acordada entre el Gobierno y Parlamento-, por lo que se despachó a Sala.
La iniciativa, además de fijar nuevas sanciones -actualmente el hecho se refrenda con multas-, propone la flagrancia permanente, que permite la restitución de terrenos, y la legítima defensa privilegiada, lo que no es compartido por el Gobierno.
Y es que según ha advertido la ministra del Interior, Carolina Tohá, ello supondría una "bomba de inseguridad", porque haría que concurra "un grupo de amigos con palos y escopetas, a reivindicar por sí solos, por mano propia, el sitio usurpado".
En la misma línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha manifestado que "en el caso de la flagrancia, la extensión de la usurpación violenta, la legítima defensa privilegiada conjuntamente con la flagrancia, constituyen incentivos que, reunidos todos, pueden dar origen a ciertos riesgos de autotutela".
De hecho, ello ha provocado que algunos parlamentarios consideren que el proyecto pueda terminar en una comisión mixta, en el Tribunal Constitucional o, incluso, con un veto del Ejecutivo.
Consultada al respecto, Tohá sostuvo que "el Gobierno no descarta ninguno de los instrumentos de los que dispone, pero prioriza en esta etapa de tramitación lo que hoy día estamos haciendo en ese proyecto, que es votar".
En ese sentido, aclaró que "a lo que estamos apuntando es a convencer en la votación que tendrá que hacerse en la sala de la Cámara de Diputados, que el proyecto se apruebe en aquellas materias que constituyen su corazón y en las cuales hay consenso, y no en aquellas otras que ampliamente se consideran insensatas".
Desde la oposición, en cambio, hubo una valoración. El diputado por la región de La Araucanía, Andrés Jouannet (Movimiento Amarillos por Chile), quien además es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, comentó a Emol que es "un avance significativo" y respaldó la legítima defensa privilegiada. "Si el Estado no da garantía, las personas tienen derecho a defender su propiedad privada", afirmó en términos generales.
-¿Qué opina respecto a que se haya aprobado el articulado que fija nuevas penas e incorpora mecanismos de restitución del proyecto de usurpación en la Comisión de Seguridad?
Primero, creo que claramente aquí hay un avance significativo, porque la ley hoy eleva el rango a un delito y eso permite que las personas tengan presidio efectivo, por tanto, es mucho más gravoso que lo que había antes.
"Es un proyecto de ley que lo que hace es acercarnos de a poco a que este país vuelva a tener un orden que ha ido perdiendo, porque este era un país que tuvo cierto orden en los gobiernos de la Concertación, y lo fue perdiendo"
Andrés Jouannet
Segundo, cierto tipo de incivilidades también se van a poder sancionar, por ejemplo, una indicación mía, que no es llegar y marcar los campos ni las casas -las marcan con banderas, palos- y con eso la gente queda atemorizada, porque en el fondo le marcaron su campo. Se desvaloriza, pero también se instala el miedo y después de eso viene la toma.
Entonces, creo que es un proyecto de ley que lo que hace es acercarnos de a poco a que este país vuelva a tener un orden que ha ido perdiendo, porque este era un país que tuvo cierto orden en los gobiernos de la Concertación, y lo fue perdiendo, y hoy es un país donde el Estado no responde.
El Estado tiene que hacerse cargo, porque si no da garantías, la garantía fundamental de la propiedad privada a las personas, las personas también tienen derecho a defender su propiedad privada y ese es el sentido del proyecto.
-Hay aspectos que cuestiona el Gobierno de la iniciativa, que tiene que ver con la flagrancia permanente y la legítima defensa privilegiada, vistas como "riesgo" por la autotutela. ¿Lo considera así?
-Lo primero, respecto a la flagrancia permanente, es una iniciativa del Gobierno que ha sido respaldada, así que creo que tiene que saludar eso. En cuando a la defensa privilegiada, yo siento que algunos asesores del Gobierno no han ido o no saben lo que pasa en La Araucanía, pero han muerto personas. Hay personas muertas que fueron a usurparles los predios, por tanto, la realidad es que si esa persona no tiene ni una posibilidad de defenderse, de qué estamos hablado, porque el Estado no le garantiza la seguridad, entonces creo que no estoy de acuerdo con el Gobierno.
Además, creo que le faltó naturalmente hacer mucho más trabajo prelegislativo. Nosotros le dimos la oportunidad para hacerlo, el Gobierno no tomo eso y finalmente nos encontramos que tuvimos que discutir el proyecto en la Comisión, pero si hubiera hecho un buen trabajo prelegislativo, hubiéramos llegado a un acuerdo más amplio, preacordado y hubiéramos tenido mayores consensos, pero es una irresponsabilidad de la técnica legislativa del Gobierno, porque creo que el Gobierno perdió su oportunidad.
-¿Y qué le parece un eventual veto del Ejecutivo? Algunos parlamentarios pusieron la alerta sobre la mesa.
-Sería una muy mala señal, porque no habría posibilidad de diálogo con el Gobierno en materia legislativa y, por tanto, entraríamos en una guerra de guerrillas en materia legal en este país que está mal y quedaría más mal.
"Yo siento que algunos asesores del Gobierno no han ido o no saben lo que pasa en La Araucanía, pero han muerto personas"
Andrés Jouanett
Estamos hablando de un Gobierno que está en el suelo. Este no es un Gobierno de la ética ni de las victorias, ha perdido dos plebiscitos, perdió su sentido refundacional. Es un Gobierno cruzado por la mala gestión, porque además lo ha hecho mal, y también es un Gobierno que al punto de vista de la ética pública, ha demostrado que entraron a robarse el Estado y, por tanto, tienen que responder de los funcionarios que ellos nombraron.
Si más encima este Gobierno quiere aliarse con los Parlamentarios, con quienes puede dialogar para sacar leyes que favorezcan a la gente en materia de seguridad, porque tenemos que darle garantías a las personas (...) Lo que dicen mis colegas equivocadamente que aquí se van a enfrentar civiles, no, aquí no se enfrentan civiles, se enfrentan civiles con delincuentes, porque ahora quienes van a entrar un terreno, quienes van a ocupar una casa, ya no van a ser civiles, van a ser delincuentes y el Estado tiene que ponerse al lado de las personas y no de los delincuentes.
-¿Usted ve algún riesgo en el proyecto?
-El riesgo que yo veo es que el Estado no sea capaz de garantizarle lo básico a las personas, que es la propiedad privada. Sus predios que los han obtenido de forma legal. Si el Estado no puede hacerlo efectivamente, la persona tiene derecho a defender su propiedad. El riesgo es que el Estado no asuma el rol que le corresponde, dar seguridad jurídica, pública, que hoy no lo está dando.
-¿Qué otra opción habría para defender los predios?
-Lo que tiene que hacer el Estado y en este caso el Gobierno, es que preocuparse de garantizarle la seguridad a las personas y, por lo tanto, una vez que se produce la toma o la usurpación, inmediatamente tienen que actuar con las policías para sacar a la gente y eso se puede.
Le doy un ejemplo, cuando yo era intendente en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desalojábamos inmediatamente. Esto tiene que ver con voluntad política y si el Gobierno quiere que haya otra cultura en materia de seguridad, cuando haya usurpación tiene que inmediatamente mandar a los Carabineros, es una decisión política, porque así la gente que usurpa los predios, que hace tomas de casas, va a darse cuenta que no es como antes. Este país ha perdido el orden y el desorden da paso a la inseguridad.
-¿Cree que el Gobierno debería participar más o considera que las posiciones están muy distantes?
-El Gobierno tiene que dejar que las instituciones funcionen, que la democracia funcione, y este proyecto tiene que salir del Congreso como una buena ley, que le de garantías a las personas, que puedan resguardar su propiedad privada. Eso es lo que busca el proyecto y creo que se demoraron en darle urgencia.
"Cuando yo era intendente en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desalojábamos inmediatamente. Esto tiene que ver con voluntad política y si el Gobierno quiere que haya otra cultura en materia de seguridad, cuando haya usurpación tiene que inmediatamente mandar a los Carabineros"
Andrés Jouannet
Si el Gobierno quiere tener complicaciones legislativas o dificultades legislativas en el futuro, va a entrar en una disputa con el Parlamento y el Gobierno también ha tenido malas actitudes. O sea, el hecho que hoy día no permitamos que el asesor de Interior pueda hablar en la comisión, hoy (el martes) tampoco lo pudo hacer, mientras el Gobierno no lo retira, no le pida derechamente al asesor que tiene en tierra, que es una persona que abiertamente ha promovido las usurpaciones, entonces de qué estamos hablando, en qué está el Gobierno. El Gobierno tiene una persona que ha promovido las usurpaciones y lo tiene de jefe de tierra en la Conadi y la verdad es que tiene un mal trato en el fondo".
