La abogada Libertad Triviño (38) asumió el pasado 5 de julio como querellante en el caso convenios en representación de Revolución Democrática (RD). Luego de reunirse con la directiva de la tienda, solicitó una serie de diligencias en torno al caso Convenios, en su arista "matriz", por la fundación Democracia Viva, cuestionada por los traspasos recibidos por parte del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
Según contó la semana pasada a La Segunda, el partido está tan interesado como el Gobierno en que se devuelvan los dineros que recibió la fundación Democracia Viva, y las dudas que hasta ahora se han planteado en la esfera pública torno a la ejecución de los montos, es la misma que tendrían ellos. "¿Se utilizó en las obras que se dijo que harían?, ¿cuánto costaron esas obras?, ¿cuánto se pagó por sueldo?, ¿cuánto recibía la fundación y cómo invertía?", planteó la abogada.
Sin militancia política y socia a cargo del área penal de Horvitz y Cía., la también máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, ha tomado un rol relevante en las últimas semanas, a raíz de varias frases donde ha acusado de evasivas y mentiras desde que estalló el caso.
Pero también enfrentará en los próximos días un nuevo desafío en la trama. Esto, porque según reveló Ex-Ante, el 13 de julio, el abogado Sergio Rodríguez, en representación de los querellantes y diputados del Partido Republicano, Cristián Araya y Juan Eduardo Irarrázaval, solicitó una audiencia para "conocer y resolver la exclusión" de RD como querellante. La solicitud fue aceptada y quedó fijada para el 10 de agosto.
Reproches éticos y acusaciones de "mentir"
La abogada Triviño no ha tenido reparos en hacer hincapié en el "reproche ético" a la diputada Catalina Pérez -hoy suspendida de RD- así como también a su ex pareja, Daniel Andrade y al ex seremi, Carlos Contreras. En el caso de la parlamentaria, ha señalado que la tienda suspendió su militancia porque "no es cualquier militante, fue presidenta de RD, es diputada, pero además ella fue la bandera de lucha de la probidad de RD y además es abogada; uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora", comentó.
Triviño tampoco ha tenido problemas en asegurar, en varias oportunidades, y de manera concluyente que ningún peso de la fundación Democracia Viva llegó hasta las arcas de RD. Lo dijo a La Segunda y lo repitió el fin de semana en Estado Nacional de TVN. "
Se revisó todas las cuentas de RD, y mis representados me han asegurado que no hay ningún peso, ni de esta ni de otra fundación que haya llegado a RD", comentó.
Asimismo, ha defendido que "Revolución Democrática, como organización, no tiene esta política en esta forma de operar. Yo puedo asegurar que no hay una institucionalización de este mecanismo. Yo no sé, porque esta es una hipótesis que se baraja, que esto se haya hecho a nivel regional, o que una persona individual (...) pero sí puedo afirmar que desde RD no hay ninguna instrucción operacional de operar así, ni en Antofagasta ni en otra región", afirmó.
También acusó a Andrade de mentir acerca de la experiencia que dijeron tener, junto a Contreras, en materia de construcción. Cuando la directiva de RD los contactó para conocer detalle de los convenios, dijeron que sí la tenían, mientras que el viernes, en entrevista con CHV, reconoció que cuando el ex seremi lo contactó para celebrar el convenio, "yo le planteo que nosotros no tenemos la experiencia en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales".
Profesora de derecho penal y defensora de la paridad
Triviño, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile (2007), obtuvo la distinción máxima. Posteriormente, entre 2014 y 2015, cursó un Máster en Estudios Jurídicos Avanzados con especialización en Derecho Penal en la Universitat de Barcelona, cuya tesis se centró en Derecho Penal de la Empresa, donde obtuvo calificación notable. En 2014 también cursó un Máster en Derecho Penal en la Universitat Pompeu Fabra.
Durante 11 años trabajó en el estudio de Jorge Bofill, pero en 2020, en plena pandemia, se convirtió en socia a cargo del área penal de Horvitz y Cía., tras ser convocada por la abogada Daniela Horvitz, otra socia de la firma quien además fue elegida en 2020 como presidenta de Aijudefa (Asociación Internacional de Juristas en Derecho de Familia), por un periodo de dos años.
En 2016, fue profesora auxiliar de Derecho Penal en la Universidad Diego Portales y desde marzo de 2020 a la fecha, es profesora de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Santiago (Usach).
Triviño se presenta como una "abogada con experiencia en tramitación de causas civiles y penales, y con práctica enfocada a la resolución de todo tipo de controversias especialmente de carácter penal".
La abogada también es integrante de Libertades Públicas, organización chilena fundada en abril de 1997, tras la iniciativa de un grupo de abogados interesados -originalmente- en defender la libertad de expresión frente a la prohibición judicial de la exhibición del film "La Última Tentación de Cristo".
Con el paso del tiempo, la Asociación se extendió también a la promoción y defensa de otros derechos fundamentales de las personas, y han participado en casos como la controversia acerca de los Globos de Vigilancia en la Comuna de Las Condes, y la activa participación en la discusión legislativa y judicial, tanto como la puesta en marcha de la ley de interrupción del embarazo en tres causales.
Triviño se ha mostrado activa en el impulso de las mujeres en el ejercicio de la abogacía, y en 2021, en medio de las elecciones del Colegio de Abogados trabajó por la Lista de Libertades Públicas, donde se destacaba la incorporación de cuotas de paridad para todas las elecciones y que todas las mujeres pudieran obtener cargos de poder, sin sesgo.
