La segunda acusación anunciada contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson -esgrimida por el Partido Republicano a raíz del Caso Convenios- se enmarca en los diversos cuestionamientos que se han dirigido al secretario de Estado por deficiencias en la gestión de la cartera.
Cabe destacar que el militante de Revolución Democrática logró sortear un primer líbelo acusatorio impulsado por la tienda de José Antonio Kast el pasado 19 de enero. En esa instancia, el pizarrón del hemiciclo de la Cámara digitó 68 votos a favor y 76 en contra y seis abstenciones.
En esta oportunidad, las tiendas de Chile Vamos se plegaron al anuncio de Republicanos y pusieron a disposición a sus equipos jurídicos para redactar la acusación, cuyo anuncio ha sido fuertemente criticado por La Moneda y calificado de "improvisado".
Conadi
Entre las polémicas que han dejado expuesto al ministro de Desarrollo Social, están los cuestionamientos hacia una partición dependiente del ministerio.
En medio de lo que ha sido la trama de convenios de transferencia por parte del Estado a organizaciones sin fines de lucro,
el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, abrió una investigación a partir de los cuestionamientos que el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), hizo respecto a los $245 millones adjudicados por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a la Sociedad de Profesionales Chikawal.
La entidad, cuyo giro apunta a "actividades de consultoría de gestión", se creó el 1 de febrero del 2023 y 22 días después recibió $80 millones de un contrato con Conadi para realizar cursos de enseñanza de la lengua mapuche en jardines infantiles y establecimientos educacionales.
Una segunda licitación se adjudicó el organismo con Conadi por $44 millones el 24 de marzo, en materia de educación intercultural indígena a 10 establecimientos educacionales de la Región de Antofagasta. En estos primeros casos, la Sociedad de Profesionales Chikawal fue el único oferente.
El 8 de mayo, se adjudicaron otras dos licitaciones de educación intercultural con la Conadi (una por $80 millones en la Región de Los Lagos y otra por $37 millones en la Región de Antofagasta). Mientras que el 28 de junio, obtuvieron $4 millones para un curso de cosmovisión y patrimonio indígena para funcionarios de la Conadi.
"Lo que ocurre en la Conadi en La Araucanía, es una cuestión impresentable: una consultora que se crea al 1 de febrero, el día de 28 de febrero recibe 84 millones de pesos y tres o cuatro meses después tiene a su haber 400 millones de pesos", dijo a Emol Jouannet.
En esa línea acusó que "esta es una consultora que no tiene oficina, que no tiene ninguna experiencia, que no tiene funcionarios, que no tiene profesionales y yo he hecho una denuncia, por lo tanto, me parece que el ministro Jackson, por ejemplo, debería haber estado encima de esto y yo no he recibido ninguna respuesta".
Por lo demás, el parlamentario dijo lamentar que Jackson "no se preocupe de su ministerio. Tenemos un ministerio que no se ha preocupado del tema de las familias, nuestros jóvenes están entrando a delinquir de niños, tenemos un ministerio que no ha sacado adelante el Consejo de Pueblos, tenemos un ministerio que no ha sacado adelante el proyecto de ministerio de Pueblos Indígenas. O sea, tenemos un ministerio que no se preocupa de cosas esenciales".
Mejor Niñez
Hay que recordar que uno de los acápites que contemplaba la primera acusación constitucional de Republicanos contra Jackson era referida al Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, llamado Mejor Niñez.
En el tercer capítulo del texto, se acusaba al secretario de Estado de dejar sin ejecución la Ley N°21.302, por "no implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos".
Particularmente se adjudicaba a Jackson la invalidación de un concurso público por parte de Mejor Niñez sobre programas de intervenciones ambulatorias de reparación, diagnóstico clínico especializado y seguimientos de casos y pericias en favor de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos.
Una cuestión que de la que se responsabilizó la directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, en el marco de las audiencias de la comisión revisora de la acusación.
"Desde nuestra mirada, no se sostienen los fundamentos en contra del ministro Jackson. Todas las responsabilidades del concurso están situadas en la dirección del servicio que es descentralizado", sostuvo Muñoz en esa oportunidad, asegurando que "la decisión del proceso de invalidación resguarda la atención de todos los niños, niñas y adolescentes de los proyectos a lo largo de Chile".
Por lo demás, explicó que en el proceso de invalidación de licitaciones "lo que hacemos es dar continuidad, ya sea con organismos colaboradores que venían ejecutando los proyecto o con nuevos adjudicados, si era imposible, digamos, que organismos que venían desarrollando pudiesen dar continuidad. Lo garantizamos en el 100% de los proyectos".
Con todo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Marlene Pérez, señaló a Emol que la acusación contra Jackson "se justifica plenamente, porque a nuestro juicio los tratados internacionales tienen rango Constitucional y acá se está vulnerando gravemente un tratado ratificado hace más de 30 años como es la convención de los derechos del niño, que hoy día tiene una expresión jurídica en la ley de garantías, cuya responsabilidad directa es la del Ministro Jackson en representación del presidente Boric".
"De él depende la implementación del sistema que da cumplimiento a la ley cuyo fundamento es la convención de los derechos del niño que es un tratado internacional ratificado y de rango constitucional", agregó.
Asimismo, apuntó que "existen negligencias serias en materia proteccional que afectan sin duda las garantías constitucionales de quienes son plenos sujetos de derecho como son los niños y niñas de nuestros país".
"Existen materias que son propias del Ministerio de Desarrollo social por la naturaleza de los bienes que protege están más allá del marco de una ley común porque se amparan en derechos fundamentales", cerró.
Casen
A días de que el titular de Mideso encabezara la presentación de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que arrojó el menor índice de pobreza en Chile desde que existe la medición, más de un voz crítica se ha erigido contra la metodología aplicada en el Estudio.
"La población bajo pobreza en Chile no es 6,5%, sino del orden de 11%" advirtió el economista Jorge Quiroz en El mercurio, apuntando que "hay casi 900.000 más pobres que los que calcula el MDS (Ministerio de Desarrollo Social). La pobreza, hoy, es virtualmente idéntica a la de 2015; en ningún caso se ha reducido a casi la mitad".
Para depurar los datos de Casen, senadores han manifestado su intención de convocar una sesión extraordinaria de la sala, invitando los ministros de Desarrollo Social, Hacienda y Economía. "Tenemos dudas razonables respecto, por ejemplo, a los costos de vivienda que no han sido debidamente actualizados", señaló el presiente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, mientras que el vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, apuntó que "es muy difícil que, con una economía estancada, nos creamos tan fácil estas cifras de disminución de la pobreza".
Ahora bien, sobre estos cuestionamientos, en Mideso recalcan que la metodología aplicada en esta Casen es la misma que se utiliza desde el 2015, que fue la que se acordó con insumos de la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza (CMP).
