"Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, estén en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos". El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, no dejaba dudas. La nacionalización del cobre sería una prioridad.
Es que era una idea en la que incluso hubo coincidencia entre las candidaturas de Salvador Allende y del DC Radomiro Tomic.
Entonces, parecía que todos los males de Chile estaban relacionados con la propiedad del cobre. Así se desprende de las palabras del jurista Eduardo Novoa Monreal: "Las cuatro grandes empresas norteamericanas que han explotado en Chile estas riquezas han obtenido de ellas, en los últimos 60 años, ingresos por la suma de 10.800 millones de dólares. Si consideramos que el patrimonio nacional, logrado durante 400 años de esfuerzo, asciende a unos 10.500 millones de dólares, podemos concluir que en poco más de medio siglo estos monopolios norteamericanos sacaron de Chile el valor equivalente a todo lo creado por sus ciudadanos en industrias, caminos, puertos, viviendas, escuelas, hospitales, comercios (…) a lo largo de su historia. Aquí está la raíz de nuestro subdesarrollo. Por eso tenemos un débil crecimiento industrial. Por eso tenemos una agricultura primitiva. Por eso tenemos cesantes y bajos salarios. A esto debemos nuestros miles de niños muertos en forma prematura. Por esto tenemos miseria y atraso".
Tal era la importancia que el Ejecutivo daba a este tema, que solo semanas después de haber asumido en La Moneda, el Presidente Salvador Allende envió al Senado el proyecto de nacionalización del cobre, confiado en el respaldo con que contaría.
"Nadie se atrevía a estar en contra de la nacionalización total del cobre, la considerara o no conveniente para los intereses del país. Se escogió el camino de una reforma constitucional circunscrita a la propiedad de la Gran Minería, tanto para transar con la oposición como para darle un respaldo legal a ojos del país y, según creían los dirigentes de la Unidad Popular, a ojos del mundo", explica Joaquín Fermandois en "La revolución inconclusa".
El proyecto declaraba propiedad del Estado a los depósitos minerales en general, y aceptaba la indemnización. Sin embargo, acá había un punto no menor: "Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieran obtenido las empresas nacionalizadas".
Para ello se fijó como rentabilidad “normal”, desde 1955, una de 10%. ¿Quién haría el cálculo de las rentabilidades? El contralor general de la República, y habría una última instancia, el Tribunal Especial del Cobre, que sería inapelable.
Finalmente, el 11 de julio de 1971, de manera unánime, el Congreso aprobó la reforma constitucional. “Esta trascendental medida forma parte de un proceso de cambio, de una revolución que tiende a colocarlo todo al servicio del pueblo y de la Patria, abriendo camino al socialismo”, señalaba el senador PC Luis Corvalán, mientras su par socialista Carlos Altamirano expresaba que “desde esta hora, Chile asume su plena y definitiva independencia”.
"¡Paguen algo!"
¿Qué pasó con las indemnizaciones? En un principio se concluyó que, por ejemplo, la compañía Anaconda Copper debería devolver US$ 76 millones por Chuquicamata, y Kennecott, US$ 310 millones por El Teniente.
Sin embargo, Jorge Edwards, en su libro “Personan non grata”, explica el escepticismo con que se veía esto en el exterior: “En todo el mundo capitalista, la idea de la nacionalización o de la expropiación sin compensaciones es contraria a los hábitos mentales, a los principios jurídicos más arraigados. La teoría de las utilidades excesivas, aunque ingeniosa y hasta cierto punto novedosa, no resultaba convincente en los sectores occidentales que había necesidad de convencer. Supimos en París que Kissinger, en una conversación privada con Orlando Letelier, entonces embajador de Chile en Washington, le había dicho: ‘¡Paguen un dólar, pero paguen algo!’. Ese dólar, sin duda, desde el momento en que aceptáramos el principio del pago, se iba a convertir en muchos dólares, pero el hecho era que nuestra tesis de las utilidades excesivas había herido un punto demasiado sensible del gran capitalismo”.
¿Qué hicieron las compañías afectadas? Alegaron ante el Tribunal Especial del Cobre. Lo hicieron expresando que se les debía aplicar el Derecho Internacional consuetudinario de la época y la Resolución 1803, “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962. Finalmente, el Tribunal, en agosto de 1972, se declaró incompetente para resolver respecto de las utilidades excesivas, por lo que las compañías acudieron a diversos tribunales en Estados Unidos y Europa.
Kennecott, además, inició una serie de acciones para lograr embargo de cargamentos de cobre chileno.
El costo
Finalmente, de acuerdo a con un estudio del historiador René Millar, en 1974 el Estado acordó con cinco grandes compañías pagos por US$ 377,2 millones entre indemnizaciones y pagos pendientes. Según Millar, las negociaciones fueron “altamente convenientes para el país”, ya que los acuerdos “terminaron siendo muy bajos en relación con lo que aspiraban las compañías norteamericanas e incluso respecto del valor objetivo de los bienes nacionalizados”.
Casi 50 años después, en 2022, el experto Gustavo Lagos, en “El Mercurio”, hizo un análisis de los costos del proceso de nacionalización del cobre, y, entre otros aspectos, llegó a la siguiente conclusión: "Además de los costos de indemnización, Chile tuvo otros costos, que no fueron estimados, tales como el embargo de bienes en el exterior, el cierre de acceso al crédito internacional, la imposibilidad de obtener repuestos, maquinarias e insumos, y la emigración de expertos extranjeros (Meller, 1998). En suma, entre 1971 y 1975 quedó demostrado que una expropiación con indemnización no acordada es ahora, así como antes, más caro para Chile que una expropiación negociada".
