Krist Naranjo suspendida por Contraloría
El Mercurio
Tres meses de suspensión de su cargo y una reducción del 50% de su salario por el mismo periodo de tiempo. Fue la sanción impuesta por la Contraloría a la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo por mal uso del vehículo fiscal.
Naranjo fue acusada de ordenar a los conductores de los vehículos fiscales que la trasladaran a efectuar actividades de carácter particular en centros comerciales, supermercados, clínicas y al colegio donde sufraga. Estas faltas se cometieron los años 2021 y 2022.
Las actividades no tenían relación con su cargo en la Gobernación Regional de Coquimbo y sólo representaban un beneficio personal.
Asimismo, se le acusó de permitir que su hijo utilizara el vehículo fiscal para ser trasladado por un conductor a distintos lugares.
Para Contraloría, estas acciones constituyen una falta a sus obligaciones contempladas en el artículo 61 de la Ley N° 18.834 del Estatuto Administrativo, que establece que los funcionarios deben observar estrictamente el principio de probidad administrativa. Lo realizado por Naranjo contraviene especialmente dicho principio al hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.
Ahora,
la gobernadora tiene hasta el 29 de agosto para poder apelar al oficio, donde tiene dos alternativas. La primera un recurso de reposición que deberá ser resuelto por el contralor regional. Y la segunda un recurso jerárquico que debe resolver el propio Jorge Bermúdez. En ninguna de estas dos instancias la Contraloría tiene un plazo para responder.
Además, el abogado de Krist Naranjo, Isidro Solis, aseguró que concurrirán a la Corte Suprema para revertir la sanción, que a su juicio es "desproporcionada, tomando en relación cómo nosotros entendemos que ocurrieron los hechos".
"Tenemos la convicción de que la utilización que hizo la gobernadora del auto fiscal que le estaba asignado, está absolutamente dentro de los parámetros que uno puede esperar en el uso racional y cotidiano de los bienes públicos. Esta sanción no corresponde", manifestó Solís.
