El 7 de mayo, en la cárcel de Angol, internos mapuches que cumplen condenas o están en prisión preventiva protagonizaron incidentes y retuvieron contra su voluntad a tres funcionarios penitenciarios.
El Mercurio (archivo)
Luego que el miércoles concluyera la huelga de hambre de 17 comuneros mapuche presos, imputados por el Ministerio Público por su participación en el secuestro de tres gendarmes, ocurrido el 7 de mayo de este año en la cárcel de Angol, y en consideración a que el vocero de los manifestantes, Rodrigo Curipán, reconoció un acuerdo con las autoridades del Gobierno para deponer el ayuno, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, pidió "transparentar las conversaciones". De igual manera, advirtió que "la señal que se envía es que el Estado y el Gobierno se ponen de rodillas ante la violencia". La autoridad regional lamentó la "falta de transparencia de los órganos gubernamentales que operaron para conseguir bajar la huelga de hambre de los 17 presos, vinculados a la violencia en la zona", y recalcó que esto ocurrió "tras supuestas conversaciones con Gendarmería, sin informarse aún el trasfondo de los beneficios a los que habría cedido la institución".
