El Presidente Gabriel Boric lo dijo el pasado 21 de agosto en medio del desconcierto: "Hoy nos vamos a centrar principalmente en la emergencia (...) Todos nuestros esfuerzos están concentrados, primero, en salvar vidas y, después, en ayudar a quienes más lo necesiten, en particular a las comunidades que han sido golpeadas dos veces".
Y es que zonas que habían quedado inundadas tras las lluvias de junio -e incluso que habían sido afectadas por los incendios forestales del verano- volvieron a sufrir el gran impacto de una emergencia.
Tal es el caso de Licantén, en la región del Maule, que hace menos de dos meses perdió casas, centros comerciales y, además, el hospital y la comisaría y ahora, tras el paso de dos sistemas frontales la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el 50% de la comuna estaba bajo el agua.
El Mandatario, en una de sus alocuciones, también expuso otro problema. "Hay mucha gente viviendo en asentamientos irregulares en zonas inundables. Los ríos en Chile tienen memoria y recuperan su cauce histórico cuando llueve", dijo, por lo que llamó a las personas a "no comprar viviendas en loteos irregulares" y al Estado a "estar más presente en la fiscalización".
Tras todo lo anterior, surge la interrogante de si es necesario reubicar los pueblos o ciudades, pero, antes que eso, si es factible o no. Lo cierto, es que tanto en Chile como en otros países del mundo se ha realizado esa acción. Un caso nacional que se puede destacar es el de Chaitén, que en 2008 se cubrió de cenizas.
Ese año ocurrió la erupción del volcán que destruyó casi por completo la ciudad. Los habitantes, tuvieron que ser evacuados y reubicados en Puerto Montt y Chiloé.
La mirada de expertos: De lo económico a lo emocional
"Cuando ocurren fenómenos como ese, es complejo en términos de que hay no solamente una relación con lo productivo y el entorno, sino que también hay una relación cultural con los lugares y esa yo creo que es la más difícil de desafectar", relató Blanca Zúñiga, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, y dio un ejemplo: "Luego del terremoto y maremoto del año 2010, algunos lugares, como en la costa de la región del Maule, que quedaron completamente afectados por el tsunami, uno ve que hoy en día se volvieron a reconstruir donde mismo estaban antes".
En lo contingente, dijo que para el caso de Licantén "creo que no quedan muchas opciones, ya que es un fenómeno que seguramente se va a volver a repetir, el de las inundaciones de este año, y no es viable el poder mantener la vida ahí". Aunque, mencionó un punto no menor, y es que "muchas de esas viviendas, por ejemplo, que están en el centro de Licantén, tienen ciertos valores espaciales que son de interés. Son viviendas que han ido acomodando a la vida de sus habitantes, por lo tanto, se han ido transformando con los años, y eso hace que sean guantes hechos a la medida de alguna manera o guantes que se han ido acomodando a la medida".
"Lo que nosotros en general proveemos en términos de vivienda, son soluciones genéricas que difícilmente van a poder dar cabida a la vida de las personas del mismo modo. Entonces, eso también yo creo que genera un gran recelo, porque sabemos que la calidad de lo estandarizado dista mucho de la calidad de estos guantes que se han ido construyendo, que se han ido amoldando a estas viviendas, que se han ido amoldando como guantes a la vida de las personas", puntualizó.
Ahora, en cuanto a cómo establecer cambios de tal magnitud, expuso que no le queda claro si en este momento están los mecanismos administrativos para hacerlo, pues habría que sortear varias dificultades, como "el poder trasladar a las personas a lugares más seguros, pero sin desvincularlas de sus vínculos productivos y laborales de los lugares, y también tratando de mantener el vínculo con esos lazos culturales".
"Lo que sí, yo creo que tenemos que alejarnos lo más posible como sociedad de lo que fueron las erradicaciones en los años 80', en la dictadura, en dónde se tomaban poblaciones que tenían un cierto grado de informalidad y se construían nuevas viviendas en lugares distantes a esos a esas poblaciones iniciales", agregó.
Ricardo Fuentealba, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins (UOH) y PhD en Ciencias Sociales (Geografía Humana, Urbanismo y Desarrollo Internacional), expresó por su parte que la idea "es posible, aunque poco probable", ya que "es sumamente costoso y es más eficiente y justo implementar otras medidas, como ordenamiento territorial, desarrollar infraestructura, planificar áreas verdes, etc. Adaptarnos a esta nueva realidad climática puede ser más gradual, pero se requiere voluntad política".
Además de la complejidad económica y técnica, señaló que "hay un conjunto de consecuencias sociales y culturales. La gente tiene apego a los lugares que habita (lo que los geógrafos llaman topofilia). Los problemas con la relocalización de Nueva Chaitén dan cuenta de eso: muchos habitantes regresaron a su asentamiento previo (...) Donde uno habita constituye una identidad y experiencia de vida que es difícil de cambiar".
Carolina Martínez, investigadora principal de Cigiden y directora del Observatorio de la Costa, también sostuvo que es posible reubicar ciudades, "porque la reconstrucción, la reubicación y la rehabilitación de lugares afectados por grandes desastres, es algo que se aplica ya hace bastantes décadas en el mundo (...) Nueva Zelanda, tras uno de los últimos terremotos que se efectuó la zona costera, tuvo que relocalizar".
En Chile, afirmó que "en los últimos 12 años llevamos cerca de 15 procesos de reconstrucción. Principalmente han sido por incendios, pero también hemos tenido eventos por aludes (...) El último gran proceso de reconstrucción que hubo que hacer en Chile fue el de 2010, pero también tuvimos otros procesos de ajuste".
Por último, Miguel Arriagada, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, advirtió que "la reubicación en general de asentamientos urbanos o rurales en sí, es una tarea monumental que demandaría una inversión significativa en términos económicos, sociales, culturales".
"Pasa que muchas de las comunidades que han vivido en sus ubicaciones actuales han sido por generaciones, y el costo emocional que implicaría moverlos de ahí o la disrupción de la identidad local, son muy complejos de cuantificar. Aunque, en la teoría la reubicación es factible, en la práctica no puede ser una de las opciones que se consideren como más eficiente o sostenible, dado que perderíamos toda la infraestructura que ya está ubicada en esos territorios y todas las inversiones que han involucrado", acotó.
Lo que se debiese hacer en su lugar, aseguró, "es enfocarnos en fortalecer una planificación territorial utilizando herramientas como han sido los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales comunales que, en definitiva, lo que buscan es mitigar los riesgos asociados a desastres naturales y fomentar una recuperación más ágil tras este tipo de eventos".
Por otro lado, manifestó que "lamentablemente si uno se mete a consultar los planes reguladores en el sitio oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos va a revelar una preocupante falta de actualización. Muchos de los planes están en proceso de modificación o simplemente no existen, lo cual deja en evidencia una deficiencia no tan solo de ahora, sino que una deficiencia crónica que pone en riesgo la resiliencia en nuestra comunidad ante estos eventos extremos, o sea, la herramienta que nosotros debiésemos tener para evitar estos problemas, no están acorde a las necesidades actuales de la sociedad".
Finalmente, una consecuencia que vio el experto es a nivel ambiental. "Expandirse a nuevas áreas urbanas puede tener un impacto negativo si no se planifica de manera sostenible y que básicamente todo esto apunte a fomentar una calidad de vida adecuada de las personas, entendiendo que el Estado tiene que tener el rol garante de normar, porque esto algo que lamentablemente no se lo podemos dejar en la comunidad".
"Si lo dejamos la comunidad, la gente va a tratar de construir en donde pueda más que en donde deba. Por eso es sumamente relevante fortalecer el rol del Estado que esto tenga fundamentos técnicos, además de todo lo teórico, pero que tome en consideración los planes territoriales y que estos detallen claramente cuáles son los sectores que tienen riesgo o, incluso, definir claramente la zona de sacrificio y cuando hablo de zona de sacrificio no implica que dejemos un territorio a merced simplemente, no, que efectivamente dejemos espacios que tiendan a mitigar las consecuencias de sectores poblados (...) Todas estas son medidas que efectivamente no se van a lograr en el corto plazo, sino que son a mediano y largo plazo en donde Chile, no como gobierno actual, sino que como Estado debe preocuparse y velar en el largo aliento", concluyó.
