Los últimos días, en el Consejo Constitucional se han vivido jornadas de tensión y largas reuniones para conseguir consensos entre oficialismo y oposición. Sin embargo, estas no han tenido resultados y poco se ha avanzado en las votaciones. Esta situación llevó a los consejeros a extremar medidas y crear una nueva mesa negociadora de diez integrantes (cinco de cada lado) para acordar puntos específicos y así cumplir con el plazo límite para votar en las comisiones, aunque hasta el cierre de esta edición, esto tampoco prosperaba.
En este panorama, diversos analistas entregan su perspectiva respecto de los caminos frente al plebiscito del 17 de diciembre.
Según la última encuesta Feedback-UDP, el 60% de los encuestados votaría “En contra” en diciembre. Una situación similar es la que constató Criteria que en la medición del mes de agosto mostró que el 41% de las personas consultadas se inclina por esta opción aumentando diez puntos respecto del mes de julio. En tanto, Plaza Pública de Cadem en su última versión mostró un crecimiento de la opción “A favor” llegando al 30%, pero sigue lejos del 53% que rechazaría la propuesta.
Según las mediciones, la confianza en este proceso tampoco muestra buenos resultados. La encuesta Pulso Ciudadano publicada el 2 de septiembre indica que el 59% de los consultados dice estar poco o nada confiados en la labor del Consejo. Mientras, Criteria ubica al órgano constitucional como la tercera institución con mayor desconfianza en el país solo por delante del Congreso y los partidos políticos.
Los factores tras las cifras
Este escenario, según analistas que siguen las mediciones, se explica por varios factores como el cansancio de la ciudadanía con el proceso, el no tratar temas urgentes relacionados con los derechos sociales, molestia con la clase política, entre otros.
Al respecto, el director de Tú Influyes, Axel Callís, comenta que hay un cúmulo de situaciones que se mezclan y que no permiten que el proceso conecte con la población. “Actualmente el grado de desinformación de la opinión pública es cuatro o cinco veces más alto del que existía en el proceso anterior. Por lo tanto, no podríamos decir que hay una tendencia, sigue habiendo una opinión que debe haber una nueva Constitución, y es la opinión mayoritaria, pero en concreto, lo que las personas están esperando es saber qué es lo que viene en términos de contenido en el texto”.
En la misma línea, el decano de la facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Eugenio Guzmán, sostiene que aún no hay que ser tan drásticos con las cifras, dado que “cuando se pregunta en las encuestas si alguien está por el ‘A favor’ o ‘En contra’, ciertamente la segunda opción está por sobre la primera. Sin embargo, el porcentaje de personas que responde que no quiere o no puede definir su postura sin conocer el texto es de alrededor del 50%, es un universo muy grande de votos que no tienen posición”.
Para el sociólogo y académico de la Universidad de Santiago (Usach) Alberto Mayol, la inclinación de la ciudadanía por rechazar nuevamente la propuesta “se confirma con lo sucedido esta semana de manera ya irreversible que este proceso constitucional es fallido y que no va a lograr tener una propuesta que permita una aprobación”. Añade que “para que este consejo funcionase había muchas dificultades, era realmente improbable. Su única posibilidad radicaba en un proceso muy poco altisonante, pero sobre todo muy aburrido y muy higiénico, sin grandes errores, sin grandes polémicas, sin asuntos de divergencia política difíciles de resolver”.
Otro de los aspectos que los analistas destacan es que se repite el patrón de polémicas y peleas del proceso anterior. La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carmen Le Foulon, comenta que “la ciudadanía espera que el sistema político dé respuesta a sus demandas, y por lo mismo, valora enormemente a quienes son capaces de construir acuerdos transversales para lograrlo. Y este apoyo a líderes políticos que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder es transversal”.
Falta de conexión
Otros de los puntos clave que tiene al “En contra” con un alto porcentaje de preferencias, según los consultados, es la poca discusión y la incapacidad de llegar a acuerdos transversales en el Consejo en materias claves como salud, vivienda, educación, pensiones, seguridad y migración, que aparecen como prioridades ciudadanas en la mayoría de los sondeos.
Para Callís, el Partido Republicano, que es mayoría en el Consejo, debía evitar repetir lo sucedido en el proceso anterior cuando un sector, en ese caso la izquierda, no tomó en cuenta la opinión de la derecha y los dejó sin participación en los diálogos. Es por esta razón que “cuando empiezan a aparecer rasgos identitarios, evidentemente van mermando la fe pública. La gente está preocupada de la seguridad, de la migración y de su calidad de vida, ese es el principal objetivo de la opinión pública. Si esta Constitución no tiene guiños que sean frontales a eso, no va a ser aprobada”, afirma.
Respecto de este punto, Guzmán asegura que puede ayudar a que la ciudadanía le tome más atención al proceso, pero que todo dependerá de que los consejeros puedan llegar a un acuerdo en estas materias. “En la medida en que la agenda se identifique en torno a temas relevantes para la población, es probable que esta tendencia pueda cambiar. Ahora, esto puede jugar para los dos lados, pero, claramente, como todavía no vemos una definición clara respecto de urgencias como los derechos sociales, todo queda en un escenario difícil de dilucidar”.
Mayol es más tajante en su diagnóstico y asegura que aunque el texto tome en cuenta estos puntos “el tema de fondo es que esto continúa siendo algo impertinente, algo que aunque se hiciera el texto perfecto, si ganase incluso, la verdad es que no tiene importancia. En el mejor de los casos este proceso va a ser irrelevante, en el peor de los casos va a ser otra acreditación más de que este sistema político está llegando a un nivel de crisis muy grande”.
En tanto, Le Foulon alerta que “es preocupante que se vuelvan a cometer los errores del proceso anterior. Uno de ellos, fue sobreinterpretar el apoyo electoral y convertirlo en un apoyo masivo a todas las ideas, hayan sido o no un factor relevante en la campaña electoral o hayan sido o no conocidas por el electorado. Así, en este proceso, el Partido Republicano obtuvo un gran apoyo, pero este responde a diferentes razones y no todos quienes votaron por ellos comparten todas sus ideas”.
El escenario para el Gobierno
A juicio de los analistas, la posición que tome el Gobierno respecto del plebiscito es un punto importante a considerar, dado que el Presidente fue uno de los principales impulsores de este nuevo proceso y sería una forma de proyectar con cuánto apoyo cuenta el oficialismo para las elecciones municipales del próximo año.
Una opción sería que el Ejecutivo tome distancia del proyecto y se centre en fortalecer su base de apoyo para los comicios de 2024. Al respecto, Axel Callís precisa que “el Gobierno no puede tener una tercera derrota electoral, ya sería el colmo. Creo que va a prescindir de tomar posición en esta pasada. No lo veo en una campaña jugado por una opción porque una nueva derrota lo saca ya del juego y compromete las municipales”.
Por su parte, Eugenio Guzmán considera que “si el Gobierno sale a aprobar vamos a ver qué posición toman ciertos sectores de derecha y ese porcentaje de personas que aún no decide qué votar, pero este puede ser un incentivo para decidirse a modo de castigo. Por el contrario, si el Gobierno sale a rechazar se va a generar el efecto adverso. Por ende, es muy delicada la situación en que se encuentra”.
Alberto Mayol, en tanto, señala que el Ejecutivo enfrentará un problema en ese aspecto, dado que “ya se posicionó frente al tema desde el día uno, obviamente el texto final implica una probabilidad de que se mueva de una manera distinta, y va a ser difícil para el Gobierno mantenerse en la postura inicial de apoyar el proceso constitucional. Aunque pasa lo mismo en la vereda del frente, el Partido Republicano no puede salir a rechazar luego de haber hecho modificaciones tan importantes del texto con tantas enmiendas, es una encrucijada para el mundo político en general”.
Para Carmen Le Foulon, otra derrota del Gobierno en las urnas representa “una oportunidad perdida de mejorar el sistema político y de construcción de un acuerdo social. Además, puede terminar profundizando la crisis de representación y alimentando el caldo de cultivo para el surgimiento de líderes populistas. La ciudadanía espera que el sistema político dé respuesta a sus demandas, y por lo mismo, valora enormemente a quienes son capaces de construir acuerdos transversales para lograrlo”.
