El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la carta que 27 internos del penal Punta Peuco enviaron al diputado Gonzalo de la Carrera, requiriendo la "conmiseración" del poder político y judicial para suboficiales y soldados que actuaron en el marco del golpe de Estado.
"Expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando (…) hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente", sostuvieron, apuntando también que "hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos".
En dicho documento, los internos reconocen además que "en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias".
Sobre la misiva, el titular de Justicia indicó que en la cartera valoran el hecho de que "en esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos, en algunos de quienes suscriben que las habían negado en el pasado".
Asimismo, destacó que "es una carta al parecer escrita a favor de terceros, que son suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de derechos humanos".
Dicho eso, expresó que "lo que me parece relevante de esa carta, es que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa, sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran donde están".
En esa línea, recalcó que la misiva "la firma un grupo de personas, que si bien, insisto, en el pasado negaron violaciones a los derechos humanos, en esta carta señalan que si existieron y es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas que sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia, que la pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación".
Con todo, Cordero explicó que "en el contexto de Plan Nacional de Búsqueda no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios, entre otras porque esto requiere adecuaciones normativas con ese fin. Por ahora no es algo que esté evaluando el Gobierno, sin perjuicio de que nosotros estemos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta".
