Imágenes de los procedimientos policiales realizados en el cerro Chuño de Arica para desarticular a la banda criminal.
Aton (archivo)
La
Fiscalía Regional de Arica valoró la resolución de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, que acogió su recurso de protección a fin de
no entregar las identidades de más de 50 testigos protegidos del caso Los Gallegos, grupo criminal vinculado al Tren de Aragua.
Con dicha medida, se suspende la decisión del juez del Juzgado de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó ayer entregar los nombres de los testigos a las defensas de la banda delictual.
Al respecto, el fiscal regional Mario Carrera destacó que "la Corte de Apelaciones resolvió conforme a la solicitud del Ministerio Público decretando lo que se llama una orden de no innovar, que significa que se accede a la limitación de la entrega de esos antecedentes. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya tenemos conformidad en torno a los argumentos que presentamos el día de ayer".
"Ahora, lo que sigue en los próximos días es ver la tramitación ya concreta de ese recurso de protección para que la Corte se pronuncie de manera definitiva", complementó el persecutor.
Carrera reconoció además que se alcanzaron a entregar algunos antecedentes al interior de sobres que fueron retirados ayer, pero que "están en el poder de la Defensoría Penal Pública".
En ese sentido, aseguró que el organismo "debería hacer devolución de las mismas en las próximas horas, esperamos que de manera voluntaria, de lo contrario, tendríamos que recurrir para que estos sobres vuelvan a poder del tribunal donde deberían mantenerse custodiados".
Junto con esto, el fiscal regional hizo un llamado a modificar la normativa vigente sobre la materia para evitar que se vuelvan a producir situaciones como la ocurrida ayer, dado que, según dijo, entregar dicha información pone en riesgo a testigos clave en investigaciones contra grupos criminales.
De acuerdo a Carrera, "evidentemente hay que hacer una reforma, urgen reformas. Esto no puede quedar a criterio necesariamente de una persona en particular, sino que tenemos que tener una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado".
"Acá no hay que inventar mucho toda vez que tenemos en el derecho comparado situaciones similares que se han resuelto de la manera que corresponde, como en el caso italiano o en el caso de Colombia, donde efectivamente en casusas contra el crimen organizado se dan estas medidas de protección sin que tengan que estarse discutiendo y debatiendo audiencia a audiencia", enfatizó.
