Siete días atrás, el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, ordenó entregar a las defensas de los 44 imputados que pertenecen a "Los Gallegos" - brazo armado del Tren de Aragua que opera en el norte del país - el listado con las identidades de los 56 testigos reservados y agentes encubiertos.
La resolución del magistrado inquietó a la Fiscalía y al Ejecutivo, ya que ponía en riesgo el combate contra el crimen organizado y también la seguridad de las personas que colaboraron para desarticular la banda criminal.
El fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, acusó falta de lógica al tomar una determinación como tal y aseguró que esta causa es una de las emblemáticas y que ha sido tomado con prioridad por parte de la Fiscalía Nacional, quienes han entregado todos los recursos solicitados.
Ejecutivo apunta a anular decisión del juez
La orden de Barraza fue inmediatamente cuestionada por el Gobierno y desplegaron una serie de medidas para anular la decisión del juez. "Para quienes trabajan día a día en combatir el crimen organizado, esta decisión es como un balde de agua fría", dijo la Ministra del Interior, Carolina Tohá.
"Son investigaciones muy complejas donde se están persiguiendo grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder también desarticular estas bandas criminales", continuó Tohá.
En ese contexto, anunció que el Ejecutivo presentó un recurso para establecer la nulidad procesal y un recursos de protección para las personas afectadas por la decisión del juez.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección a fin de no entregar las identidades protegidas y con ello, se revocó la decisión del juez Barraza.
Gobierno busca sanciones contra Barraza
Con el pasar de los días, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó que Barraza habría incumplido sus "deberes funcionarios". El Presidente Gabriel Boric ordenó al secretario de Estado que entregue los detalles de lo sucedido a la Corte Suprema para determinar posibles sanciones contra el magistrado.
En vista de que la determinación tomada por Barraza, Cordero apuntó a "hechos graves que pueden comprometer esa conducta ministerial, de modo tal que el pleno de la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan".
"Nosotros creemos que la forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que hubiese incumplimiento a deberes funcionarios, esa situación hoy está cubierta por tres vías: el recurso de protección que se ha interpuesto por el Ministerio Público, también por el Ministerio del Interior que es querellante en este caso, además de los recursos de protección que se han interpuesto contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica", agregó.
En esa línea, el jefe de la cartera de Justicia indicó que "el Ejecutivo esta mañana ha comunicado a la Corte Suprema que, en el ejercicio de velar por la conducta ministerial de los jueces, dispone de los antecedentes para que el pleno de la Corte tome las medidas que estime convenientes, que son muy amplias: desde la instrucción de procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde dirimir a ellos".
Asociación de Magistrados acusa "intromisión"
La ofensiva del Ejecutivo no cayó bien entre los magistrados. La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, dijo que "la decisión del Gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del Gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país".
Hernández hizo hincapié en que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, y es eso lo que ocurrió en este caso, por lo que la presentación del Gobierno no se justifica.
"Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial", concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
