Fachada de la supuesta oficina de Democracia Viva en Ñuñoa.
Aton
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) analiza nuevas acciones judiciales contra otras cuatro fundaciones, además de las ya ejecutadas respecto de Democracia Viva, en el marco del caso Convenios, en virtud de antecedentes proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El objetivo central de estas eventuales medidas es la recuperación de los recursos fiscales involucrados en una serie de contratos con organismos estatales, así como también obtener penas por los delitos cometidos en relación a estos. En el caso de Democracia Viva, el CDE presentó una medida precautoria que permitió retener los fondos que había en la cuenta corriente de la fundación, y luego se interpuso una demanda civil para que se decrete la restitución de los mismos: en total, $391 millones. En sede penal, se querelló por el delito de fraude al fisco. Ahora, las fundaciones bajo a mira son: EnRed, Red Integral y Comunitaria, Acción Digital y Arquiduc.
