Con las votaciones en marcha, el pleno del Consejo Constitucional comenzó a darle forma a la propuesta de nueva Carta Fundamental que será plebiscitada en diciembre. Oposición y oficialismo han protagonizado acalorados debates y acusaciones cruzadas evidenciando las miradas contrapuestas de lo que debe contener el texto y los pocos espacios para construir nuevos acuerdos, al menos en esta etapa.
El debate y votación comenzó con el Capítulo I “Fundamentos del orden constitucional”, el viernes pasado. Entre las propuestas que más llamaban la atención de este apartado estaban temas como el Estado social y democrático de derecho, los emblemas nacionales, los tratados internacionales, terrorismo y corrupción.
La mayoría de las normas fueron aprobadas con votos de la derecha, aunque hubo excepciones. El Partido Republicano y Chile Vamos se dividieron en temas sensibles como en el primer artículo del texto constitucional, que consagraba que “todo ser humano es persona”.
El inciso que contenía dicha redacción solo logró 29 votos, uno menos de los necesarios para aprobar, pues fue rechazado por la izquierda y contó con la abstención de Gloria Hutt (Evópoli), Lorena Gallardo (RN), Germán Becker (RN) y Edmundo Eluchans (UDI).
Del capítulo también se rechazó la norma que planteaba que “el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo chileno”, con 17 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones de consejeros de Chile Vamos y del Partido Republicano.
No obstante, se aprobó con 34 votos la norma que establece que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho”, con sentidas quejas de la izquierda que reclamaba que lo planteado en el anteproyecto otorgaba una definición más abierta para el artículo.
Además, se aprobó el reconocimiento a los pueblos indígenas, junto a este, y por unanimidad, se dio luz verde a la norma del anteproyecto que se refiere a “el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país”.
El capítulo II “De los Derechos y Libertades Fundamentales”, se comenzó a votar este martes, cuando la derecha dejó atrás las diferencias que había tenido el viernes y votó en bloque. Así, la mayoría de los artículos fueron aprobados con votos del Partido Republicano y Chile Vamos.
Uno de los que más revuelo causó en el ex-Congreso fue el que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, que contó con los 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo.
De la misma forma, se aprobó incluir la objeción de conciencia individual e institucional. No obstante, la derecha no votó en bloque a favor de este artículo, pues nuevamente las consejeras Gallardo y Hutt votaron en contra.
Asimismo, la norma relativa a la expulsión en el menor tiempo posible de migrantes que ingresan por pasos no habilitados generó áspero debate, aunque fue aprobada por 34 votos a favor y 15 en contra.
Las primeras cifras
La derecha ha hecho valer su mayoría. Al no llegar a acuerdos transversales ha conseguido aprobar gran parte de las normas que le parecían clave por 33 votos, es decir, votando alineados todos los consejeros del Partido Republicano (22) y de Chile Vamos (11). Con ello, han sobrepasado el quorum de aprobación de tres quintos o 30 votos mínimos para visar el articulado.
Igualmente, en las primeras 150 votaciones de los primeros dos capítulos, en 35 ocasiones se aprobaron disposiciones por unanimidad.
El viernes, cuando se votó el primer capítulo, de un total de 73 votaciones, en 40 las disposiciones fueron aprobadas —18 de ellas de manera unánime—, mientras que 33 se rechazaron. Ese día, además, tres propuestas estuvieron a un par de votos de alcanzar los 30 necesarios para ser aprobadas: defensa de integridad territorial (27), autonomía de gobiernos regionales y locales según determine la legislación (27) y todo ser humano es persona (29), donde hubo descuelgues de votos de oposición.
Por su parte, la jornada del miércoles, cuando se deliberó sobre la primera parte del segundo capítulo, hubo 77 votaciones y 51 de ellas terminaron en aprobación —17 unánimes— y 26 rechazadas. En esta ocasión, ninguna de las propuestas declinadas estuvo cerca de alcanzar los 30 votos.
Respecto de las redacciones que se mantuvieron del anteproyecto de los expertos de manera exacta, en el primer capítulo fueron cuatro relativas a: la dignidad humana (inciso 1), reconocimiento de pueblos indígenas (artículo 7, incisos 1 y 2) y obligación del Estado de mantener la paz social (artículo 11, inciso 2). Mientras que en la primera parte del segundo capítulo fueron 24 propuestas del anteproyecto que pasaron al texto final. Estas últimas dicen relación con el derecho a la libertad personal y seguridad individual, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, acceso a la justicia, a un debido proceso, garantías penales mínimas, al respeto y protección de la honra y la de su familia, respeto y protección de la vida privada y la de su familia, protección de sus datos personales, libertad de expresión, información y opinión, acceso a la información, asociarse sin permiso previo, peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos y dos disposiciones transitorias.
Las advertencias de los expertos
“No olviden que quienes le damos legitimidad democrática a este proceso somos los sentados en esta sala y también, con mucho respeto por nuestros comisionados expertos, si están tan preocupados, ustedes tendrán en la siguiente etapa la oportunidad de hacer las observaciones y enmiendas que estimen necesarias”.
Fue en la tarde del miércoles cuando la consejera Pilar Cuevas (RN) tomó la palabra para dirigirse a los comisionados, pero en especial a los expertos oficialistas. Desde la semana pasada estos últimos han criticado las enmiendas de la derecha, incluidas las unidades de propósito entre Chile Vamos y republicanos en las sesiones del pleno.
Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, expresó al inicio de esta etapa que las normas del anteproyecto “fueron trabajadas con respeto genuino y vocación democrática”, combinando miradas diversas, de izquierda a derecha, “por eso nos dolieron las enmiendas, y más aún la forma de su tramitación y aprobación, no porque estuviéramos enamorados del texto del anteproyecto, sino porque nos sacaron sin consideración alguna del texto”. Por redes sociales, el comisionado Domingo Lovera escribió: “Todavía estamos a tiempo, creemos, de volver a redactar las normas a varias manos y así de poder respaldarlas con los votos de todos los sectores”. De esa forma, han evidenciado los reparos que tienen a lo que se ha estado votando y lo que podrían intentar modificar en la próxima etapa.
Según el reglamento, luego de despachado el texto del Consejo, la Comisión, en no menos de cinco y máximo de 10 días podrá formular observaciones para “agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes”. Para esto los comisionados deberán sesionar en pleno y aprobar por tres quintos sus observaciones.
Sin embargo, en el pleno se han evidenciado diferencias entre los expertos: mientras comisionados oficialistas como Antonia Rivas y Catalina Lagos han tomado la palabra para plantear reparos a normas como la objeción de conciencia institucional, la protección a la vida de “quien” está por nacer, la norma sobre migrantes, entre otras, expertos de oposición como Natalia González y Máximo Pavez han respaldado los cambios al anteproyecto.
Otros expertos de centroderecha como Hernán Larraín y Juan José Ossa han intervenido más bien para referirse al proceso en general y no a artículos específicos. Eso sí, Larraín, el 15 de septiembre, antes que se iniciaran las votaciones de las enmiendas, señaló: “¿Este texto hará posible su aprobación? Y la verdad, resulta difícil asegurar ese resultado, a estas alturas los invito a seguir ahora en actitud de diálogo evidenciado con sus votos para hacer posible una buena y nueva Constitución”.
