El Consejo seguirá votando hasta la próxima semana, aunque para muchos la parte más compleja terminó este miércoles, tras abordar los artículos sobre Fuerzas Armadas y de Orden, y seguridad, y ya habiendo discutido los derechos sociales y el sistema político, la llamada "sala de máquinas" que ordena la distribución del poder.
Respecto de esto último, las bases del proceso establecen que la propuesta de nueva Constitución debe mantener un Ejecutivo con un jefe de gobierno, y un Legislativo bicameral con un Senado y una Cámara de Diputados, en respuesta al rechazado texto de la Convención, que terminaba con el Senado. Igualmente, uno de los diagnósticos compartidos en el debate constituyente era que el actual sistema político tiene debilidades que complejizan la gobernabilidad, por lo que, ciñéndose a los marcos establecidos, había que introducir algunos cambios.
Durante la discusión en comisiones, Arturo Fontaine, académico de la U. Adolfo Ibáñez, expresó: “Creo que todos estamos de acuerdo en que con más de 20 partidos en el Parlamento, como ahora, no es posible gobernar bien, ningún sistema político lo resiste”, mientras que el exministro Ignacio Walker señaló que “cualquiera sea el sistema de gobierno, debiera decir que ningún partido político que no obtenga el 4% o 5% de los votos tenga representación parlamentaria”.
Así, buena parte de las modificaciones presentadas buscaron mejorar la relación entre Legislativo y Ejecutivo, fortalecer los partidos políticos y enfrentar la fragmentación en el Congreso. Para analizar cómo quedó la propuesta de los consejeros, “El Mercurio” contactó a Fontaine, Pamela Figueroa (U. de Santiago de Chile), Patricio Zapata y Constanza Hube (ambos de la U. Católica).
Redistritaje
El Consejo visó que solo los partidos políticos que logren al menos 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de la Cámara de Diputados "tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”; esta pasaría de tener 155 a 138 integrantes y “en cada uno de estos distritos se elegirán entre dos y seis escaños de acuerdo a un sistema previamente establecido por la ley electoral".
Fontaine afirma que estos tres puntos son relevantes para enfrentar la fragmentación, siendo los últimos dos los más importantes, a su juicio, pues "estimulan la conformación de pocas grandes coaliciones electorales (...) esas coaliciones tenderán a comportarse como bloques o suprapartidos en el Parlamento. Y eso bajará los costos de transacción de los proyectos de ley, que es lo que se necesita para darle gobernabilidad al país".
Fontaine agrega: "Con 21, 22 o más partidos en el Parlamento, cualquiera sea el régimen político, el país se vuelve ingobernable. Los costos de transacción para aprobar un proyecto de ley escalan y los gobiernos se revuelven en la impotencia. Eso conduce a un Estado fallido o a un despotismo tipo (Viktor) Orbán o (Nayib) Bukele o a un autoritarismo clásico".
Ayer Fontaine y Kenneth Bunker (U. San Sebastián) destacaron en una columna de "El Mercurio" que tanto la Comisión Experta como el Consejo "han apuntado a mejorar la gobernabilidad. Es especialmente destacable la propuesta de reducir el número total de parlamentarios y el promedio de parlamentarios por distrito".
Patricio Zapata, quien trabajó en la reforma que terminó con el sistema binominal, tiene una mirada distinta. Opina que "la mayoría de derecha del Consejo ha resuelto fijar en la propia Constitución el número de diputados en 138. No se ha proporcionado ningún argumento técnico para avalar esta decisión. Lo único que se ha destacado es que 138 es menos que los actuales 155. En uno de los episodios más ‘populistas’ de este segundo proceso (...). Lo único que he oído en favor de esta medida es la columna de ayer de Fontaine y Bunker, pero en verdad todo lo que dicen apunta a la magnitud de distrito y no al número de diputados”.
El académico sostiene que pese a que el redistritaje quedó entregado al Servel, "los principios de juego y aritmética” permiten anticipar eventuales escenarios, y concluye: “La propuesta de los 138, entonces, dejaría 91 diputados (138 menos 47) para todo el resto de Chile (el Chile que no es Santiago hoy elige 108). O sea, los 17 ‘ahorrados’ saldrían todos de las regiones. Desde ya, resulta evidente que el ajuste va a significar que Arica, Iquique, Aysén y Punta Arenas —los distritos con menos población— van a perder un diputado cada uno, volviendo a ser binominales. Los otros 13 diputados que se ‘ahorran’ van a salir de Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Los Ríos y La Araucanía".
Por último, reflexiona que "la rebaja en el número volverá mucho más difícil lograr la proporcionalidad y el igual peso del voto".
Entre otras normas visadas por el pleno está la que obliga al cese en sus funciones de congresistas que renuncien al partido político que hubiera declarado su candidatura y que no podrá haber listas solo de independientes para participar en las elecciones. Se rechazó, en tanto, aquella que constitucionalizaba las órdenes de partidos.
Colaboración
Luego de un primer examen, Pamela Figueroa considera que se mantiene la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que ya existe en la Carta vigente. Destaca que "se hicieron algunas modificaciones en cuanto a las urgencias, que se hacen compartidas entre ambos poderes, pero no necesariamente se fortalece el Congreso o se generan mecanismos de colaboración entre Ejecutivo y Legislativo. Probablemente se podría haber profundizado mucho más en este ámbito".
Una de las novedades es que el Presidente de la República informará en cada cuenta pública de hasta tres proyectos de ley en una "agenda legislativa prioritaria" que debe ser despachada en un año. La especialista señala que "los que creen más en el presidencialismo profundizaron muchos aspectos de ese ámbito, habiendo un diagnóstico compartido de la dificultad que genera el presidencialismo con un sistema multipartidista que está dentro de nuestra cultura política. Todavía queda pendiente cómo será el sistema electoral, que genera mucho incentivo en cuanto a colaboración".
Una de las normas que se rechazaron fue que la segunda vuelta presidencial coincidiera con la elección del Congreso, lo cual hubiera "fortalecido la alianza parlamentaria para apoyar a un gobierno", esgrime Figueroa. Constanza Hube cree que esta era “una idea interesante", porque los parlamentarios hubieran tendido "a moderarse en cuanto a los proyectos políticos".
En general, Hube dice que lo aprobado hasta ahora “colabora con la idea de potenciar la gobernabilidad, apunta en la dirección correcta y es mejor de lo que tenemos hoy”. Estima que si bien en el papel la relación Ejecutivo-Legislativo es similar a la actual, novedades como el umbral y el cambio de distritos “van a mejorar la relación del Gobierno con el Congreso en la medida en que tendrás un Congreso que no tienda hacia la fragmentación”.
Entre las propuestas rechazadas por el pleno estuvieron los escaños reservados para pueblos indígenas y la paridad de salida. Sobre esta última, Hube señala que es "una buena noticia" al ser una herramienta que "mete la mano en la urna", mientras que para Figueroa la paridad es "un avance democrático" que sería importante que “quede incorporado” en el texto final.
