La PDI ha logrado la captura de una serie de miembros de agrupaciones internacionales tras diversos operativos.
El Mercurio (archivo)
Secuestros, homicidios, extorsiones, trata de personas y porte ilegal de armas de fuego son algunos de los delitos con los que se identifica al Tren de Aragua, organización internacional de origen venezolano, cuya instalación en Chile se dio hace tres años. Durante 2020, la Fiscalía Regional de Tarapacá recibió los primeros indicios sobre su presencia en el país. Ese año, una serie de detenciones arrojaba un elemento común: los imputados decían que cumplían órdenes del temido y violento grupo. El Ministerio Público hoy identifica cinco células del Tren de Aragua en Chile y contabiliza 68 formalizados, muchos de ellos de nacionalidad venezolana. Al menos, cinco eran jefes locales o "luceros"; otros, integrantes de bandas vinculadas de forma indirecta con la organización criminal. De acuerdo a la indagatoria, estos jefes "de plaza" debían realizar pagos -conocidos como "vacunas" o "luz"- a la cúpula del Tren de Aragua o de Tocorón. Los hacían a través de pagos en efectivo o también mediante criptomonedas.
