Cinco ex ministros de Salud analizaron las indicaciones que presentó el Gobierno a la Ley corta de Isapres, que busca darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema. Y, mientras algunos apuntaron a que con ello se busca "proteger a los usuarios" y "da más viabilidad política a la aprobación" de la misma, otros criticaron que se "desechó el trabajo de los expertos" y que la propuesta es una "guillotina al sistema de salud privado".
Fue el viernes cuando la actual titular de la cartera, Ximena Aguilera, anunció que se hará efectiva la adecuación de los planes a la tabla única de factores; que se establece la obligación de aportar el 7% de las remuneraciones imponibles en consistencia con el régimen de la seguridad social; y que quienes tenían un plan con un monto inferior al 7%, podrán optar a mayores beneficios.
Asimismo, que cada isapre deberá presentar un plan de pago -que debe ser aprobado por la Superintendencia de Salud- en un plazo de dos meses.
En cuanto a la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa, la secretaria de Estado explicó que se simplifica la propuesta original que tenía tres distintos esquemas de cobertura, por lo que ahora es un solo esquema de cobertura. Se trata del arancel que será propuesto por Fonasa y el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda.
Así, Aguilera detalló que "se incorporará un seguro catastrófico en esta modalidad de cobertura complementaria, y el valor de la prima, como se había establecido, será de una prima plana, es decir, un mismo valor para todas las personas independientes de su edad, de su sexo y de las preexistencias".
En conversación con Emol, el otrora ministro de Salud, Osvaldo Artaza (periodo 2002-2003) dijo que, a su juicio, "las indicaciones enviadas por el Ejecutivo van en la línea de lograr un adecuado balance en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y sostener el sistema asegurador privado a objeto no se vean afectadas las personas".
También sostuvo que "da más viabilidad política a la aprobación de la Ley corta de Isapres, ya que coloca un monto razonable de deuda. Hay que recordar que la propuesta de la comisión técnica sugería, a través de argumentos muy controversiales, rebajar a un tercio de lo que la Superintendencia de Salud había previamente estimado al traducir a cifras literalmente el fallo, lo que era muy poco presentable".
La diputada Helia Molina, quien fue secretaria de Estado en 2014, aseveró que "lo fundamental hoy es dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema" y "las indicaciones al proyecto han sido muy claras y explícitas en resaltar que lo que se busca primordialmente es proteger a los usuarios y que sus derechos no sean vulnerados, generando factibilidad al cumplimiento de la sentencia en cuanto a los pagos que deben hacer las isapres a los usuarios. No hay ningún perdonazo".
"La idea es que las isapres paguen, que los usuarios y los que tienen contrato con las isapres no queden en el aire y, por otro lado, también fortalecer al máximo Fonasa, de modo que aquellas personas que quieran migrar de sistema, tengan alternativas adecuando las normas del sistema privado, y que estén en situaciones más precarias en el sistema económico. En esta modernización es muy valorable la incorporación de un seguro catastrófico en Fonasa, y la posibilidad de contratar seguros privados voluntarios de salud", subrayó.
Por otro lado, Molina precisó que "las indicaciones se encargan también de dotar a la Superintendencia de Salud de herramientas y facultades que no posee en la actualidad, como también de aprobar los planes de pago y ajuste de los cobros en exceso en un plazo máximo de 10 años, estableciendo además como permanente un Consejo Asesor Técnico, compuesto por cinco expertos, supervisando los planes, tarifas y gastos".
"Habrá restricciones al retiro de utilidades dependiendo de los acuerdos, ya que las isapres tendrán dos meses de plazo para proponer un mecanismo de pago", agregó.
Para Emilio Santelices, quien fue ministro de Salud entre 2018 y 2019 y es uno de los coordinadores del comité técnico convocado por la comisión de Salud del Senado, "la propuesta del Gobierno genera mayores incertidumbres que certezas".
Asimismo, según consignó El Mercurio, "abre muchas interrogantes y desarticula una propuesta armónica que hizo el comité de expertos, que buscaba avanzar en que esto fuera una oportunidad para que esto fuera una transición que resolviera los problemas de judicialización y nos instalara en un modelo de seguridad social".
"Las indicaciones presentadas establecen una fórmula que genera, en forma progresiva, una disminución significativa de los afiliados de las isapres por la vía del incremento de los precios, por tránsito acelerado de personas jóvenes a Fonasa. Entonces, esto en el corto a mediano plazo, transforma a las isapres en un aseguramiento para personas de altos ingresos y alta siniestralidad, con precios muy altos. Es una forma de facto de ponerle una lápida al sistema", enfatizó.
Al mismo medio el ex titular de Salud, Jaime Mañalich (2019-2020), advirtió que esta propuesta "es una guillotina al sistema de salud privado partiendo por su cabeza, que es el sistema de aseguramiento".
"Antes podíamos decir que el Gobierno estaba sorprendido por un dictamen de la Corte Suprema y que estaba buscando una forma de, respetando el fallo, mantener la viabilidad del sistema. Ahora, es el propio Poder Ejecutivo el que toma la iniciativa y propone una ley que tiene la forma de la ley corta conocida, pero es una nueva ley que termina con el sistema de isapres en Chile", remarcó.
Por último, el ex ministro Enrique Paris (2020-2022) y actual presidente del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, proyectó que "de llevarse a cabo la propuesta del Ejecutivo, vamos a tener una quiebra en las isapres, de muchas clínicas privadas y, nuevamente, va a ocurrir lo que con anterioridad se postuló. Eso va a acarrear cesantía, cierres de lugares de trabajo y muy probablemente encarecimiento de muchos de los planes de salud. Creo que la propuesta enviada por el Ejecutivo es mala, desecha y no toma en cuenta el trabajo de los expertos que fue hecho y aceptado por unanimidad".
Paris resaltó que la Comisión de Salud del Senado formó el comité técnico para "presentar una propuesta armónica que diera una solución a lo planteado por los dictámenes" y que esta, en la que "participaron personas de diferentes orígenes políticos y de diferentes instituciones", tomó las decisiones "por unanimidad, no por imposición".
Por lo tanto, comentó que "si se tomaron por unanimidad, se tomaron en cuenta las propuestas o posiciones de todos los partidos políticos que ahí estaban representados y eso es lo que produce una inquietud y una falta de comprensión de la respuesta que lleva a cabo el Ejecutivo al enviar las indicaciones a este proyecto de ley, porque no toman en cuenta las recomendaciones de los expertos".
