EMOLTV

El dispar balance que realizan expertos sobre la propuesta constitucional en materia económica

Entre los temas que se incluyen por primera vez están la responsabilidad fiscal en la provisión de derechos sociales y la promoción de la libre competencia.

08 de Diciembre de 2023 | 08:45 | Por Joaquín Castro Mauro, Crónica Constitucional
imagen
El Mercurio (archivo)
Que en el país se requieren certezas y estabilidad económica que permitan volver a la senda del crecimiento es una idea que genera relativo consenso. Donde no existe acuerdo transversal es respecto de si la propuesta de nueva Constitución del Consejo Constitucional ayudará en esa tarea.

En noviembre, 40 profesionales —entre ellos, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, el extitular de Economía Carlos Ominami y la académica Andrea Repetto— firmaron una carta en la que expresaron su rechazo a la propuesta. Manifestaron que el texto no debe decidir sobre cuestiones de política pública y criticaron la exención del pago de contribuciones, entre otras materias, que, a su juicio, "nos bastan para votar en contra de un texto que restringe las posibilidades de políticas sociales efectivas, la estabilidad regulatoria y el potencial de crecimiento de nuestro país".

Desde el A favor también hubo un pronunciamiento con una misiva firmada el mismo mes por decenas de economistas (como Cristián Larroulet, exministro Secretario General de la Presidencia; el exalcalde de Las Condes y exministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín y los exministros de Economía José Ramón Valente y Juan Andrés Fontaine). Estos plantearon que en el plebiscito hay dos opciones: "Extender la incertidumbre (...) o respaldar un texto constitucional para darle a Chile mayores certezas que le permitan salir del pantano, retomar el vuelo con mayor justicia y libertad. Optamos por esto último".

Consultados por "El Mercurio", aquí distintos economistas dan su opinión respecto de la propuesta.

Las novedades


"Es deber del Estado promover y defender la libre competencia", dice el artículo 16, numeral 32 letra c del texto del Consejo. Se trata de una definición que no está en la Carta actual y una de las que generan mayor consenso entre los especialistas. La excomisionada experta Bettina Horst afirma que "la Constitución vigente se hace cargo de profundizar y respaldar la libre competencia, para eso ha desarrollado un andamiaje e instituciones que promueven, protegen y buscan fortalecer la libre competencia, esencial para el buen funcionamiento de una economía de mercado. La propuesta lo que hace es darle un respaldo político y se le da más fuerza a lo ya plasmado, asegurando un ecosistema financiero sano y seguro".


Por su parte, Eduardo Bitrán, exministro de Obras Públicas, cree que "es una medida que ayuda a que no se formen monopolios y potenciar la infraestructura en esta materia. No obstante, esto no sirve de nada con el resto de medidas que hay en la propuesta, porque va a haber un período largo de cambios legales con una enorme tensión, que a su vez generará inestabilidad, haciendo muy compleja la implementación de las medidas".

Otro punto que no está en la Constitución vigente es la responsabilidad fiscal con la cual se debe avanzar en la provisión de derechos sociales (artículos 1 y 24). Carlos Ominami afirma que "si se aprobara este texto y hubiera una obligación constitucional de eximir del pago de contribuciones, hay que ver cómo se compensa a los municipios y eso erosiona la responsabilidad fiscal porque habría que buscar la forma en la que todo cuadre, y ahí hay un problema serio porque les añade aún más presión al Gobierno y a las comunas".

No obstante, la académica de la U. de los Andes Cecilia Cifuentes sostiene que al establecer un Estado social de derecho sujeto a la responsabilidad fiscal, "existe el compromiso de poner en orden todas las cuentas y eso no está en la Constitución vigente. Con esto refuerzas el aparato público y puedes dar pie a otras medidas para beneficiar a la economía sin desordenarse".

Tributos y propiedad


Quizá uno de los temas que más se ha discutido tiene que ver con lo tributario. La propuesta hace algunas referencias que hoy no son parte del ordenamiento constitucional, como que "los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia se considerarán deducibles para la determinación de los tributos que correspondan", además de la exención del pago de contribuciones de la vivienda principal, con excepciones fundadas en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia.

Para la académica de la U. de Valparaíso Bernardita Escobar, consagrar esto a nivel constitucional "baja severamente la vara de lo que debe estar regulado en una Constitución, dejando abierta la posibilidad de que cualquier cosa puede estar en el texto, cosas que hasta hoy han sido materia de ley. Con esto, además de alterar la política fiscal, se crean expectativas de que cualquier cosa podría ser regulada constitucionalmente".

Pero una visión distinta tiene Horst, para quien estas medidas apuntan a "avanzar a un sistema de pago de impuestos a la renta como grupo familiar y no solamente como una persona. Hoy el impuesto a las personas tiene un tramo exento bastante alto, lo que se hace aquí es incorporar un concepto nuevo que beneficia a las familias y no afecta las arcas fiscales".

Agrega que la exención de contribuciones a la primera vivienda "busca proteger a aquellas familias, principalmente de clase media y cuyo barrio sufrió un aumento en su plusvalía como con la llegada del metro, un cambio del plan regulador, pero que tiene impacto en el avalúo fiscal".

Otra materia que desde el proceso de la Convención ha sido motivo de debate es el derecho a la propiedad, en el numeral 35 del artículo 16 del texto del Consejo. Este, en general, mantiene la normativa vigente, con mayor desarrollo respecto de los requisitos y condiciones para la expropiación y la indemnización por daño patrimonial causado.

A juicio de Ominami, la propuesta "está muy centrada en la defensa de intereses privados, se dejan muchas cosas en el aire y puede traer bastantes disputas legales. Por ejemplo, en el tema de las pensiones se abre un espacio complejo y ambiguo, porque con un artículo tan rígido no se podrán generar elementos de solidaridad".

En contraposición, el economista y vocero de "Con mi plata no", Bernardo Fontaine, destaca la redacción y sobre el tema previsional afirma que "se asegura que los trabajadores serán dueños de sus ahorros previsionales y podrán elegir administrador. Eso es una enorme tranquilidad para los trabajadores, pero también es una garantía de un mercado de capitales potente, algo muy necesario para la economía, ya que se puede demostrar a cualquier inversionista que tenemos una estructura económica fuerte que nos diferencia de los demás países de la región e impulsar el crecimiento".

Impacto


¿Ayudaría la propuesta a la estabilidad económica y el crecimiento? Bernardo Fontaine prevé efectos positivos si se aprueba: "Va a empezar a generar la estabilidad necesaria para que florezca la inversión y la economía vuelva a despegar. Especialmente, considerando que se trata de una nueva Constitución que garantiza la estructura básica de una economía social de mercado garantizando la propiedad privada, el derecho a emprender, regula la intervención del Estado y que las empresas tienen que competir en igualdad de condiciones".

En la misma línea, Cifuentes plantea que "estoy convencida de que la propuesta es mejor que la Constitución vigente en temas que apuntan al desarrollo económico". La académica destaca avances no solo en aspectos económicos, sino también "la mejoría que se hace al sistema político (...) porque nosotros llevamos una década en Chile sin que se puedan aprobar reformas, con una fragmentación política creciente que impide el proceso de desarrollo".

En cambio, Escobar estima el efecto contrario: "Se redactó un texto frágil, disputable por nuevos motivos. Si a ello le incluimos la incertidumbre que abre en otras materias, como, por ejemplo, sobre el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, me cuesta reconocer una visión de estabilidad institucional que dé confianza a los mercados en el mediano plazo".

Comparte su visión el exministro Bitrán: "(Si se aprueba) va a haber un período largo de cambios legales, con una enorme tensión en el Parlamento, porque un sector va a sentir que una mayoría circunstancial le impuso al resto del país una Constitución sesgada. Si creen que eso va a traer estabilidad, están equivocados".

Este artículo es parte del suplemento Crónica Constitucional publicado por el diario El Mercurio el viernes 8 de diciembre de 2023.