Son días ajetreados para Katherine Martorell. Después de terminar su labor como miembro de la Comisión Experta (nominada por RN), la abogada asumió un rol en la campaña del A favor que la mantiene con una ocupada agenda. Pero la ex subsecretaria de Prevención del Delito durante la segunda administración de Sebastián Piñera hace un alto en sus actividades para abordar, en esta conversación, qué dice en materia de seguridad el texto que se plebiscitará en solo unos días más.
—¿Qué falta hoy a nivel constitucional, a su juicio, que consideraron que se requerían cambios?
—Hoy la Constitución no habla mucho de seguridad. Si bien tiene un capítulo de Fuerzas Armadas y orden y seguridad, no se resguarda el derecho a vivir en un entorno seguro y la protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada, como se incorpora. La propuesta separa en dos ese capítulo. Uno es el de las Fuerzas Armadas y dentro de este establece algo fundamental: el resguardo de las fronteras. Hoy la Fuerza Aérea resguarda la frontera aérea; la Armada, la frontera marítima, sin embargo, el Ejército no resguarda la frontera terrestre y estamos viviendo en un momento en que la inmigración está descontrolada, entonces necesitamos contar las FF.AA. con facultades reales para realizar controles en la frontera.
—El texto también crea una policía fronteriza, ¿cómo se conjugan ambas?
—Es súper importante la creación de una policía fronteriza. Existe un proyecto de acuerdo del Congreso de este año donde se solicita al Ejecutivo crearla, porque se requiere que quienes estén a cargo del cuidado de la frontera, que puede ser una fuerza de tarea, Carabineros, el Ejército, lo tendrá que definir el legislador, cuente con la capacitación, tecnología, especialidad necesaria.
—¿Pero no se superponen?
—No. Por eso es tan importante que exista esta policía fronteriza porque permite darle forma a esto, ya sea que dependa del Ejército, como lo hace Directemar hoy día de la Armada, o de Carabineros, pero tenga un rol coordinador. Eso aparece también en el artículo transitorio.
—Las policías también tienen un capítulo propio que hoy no existe. ¿Por qué el cambio?
—Se incorporan cuatro cosas. Se releva el rol profesional de Carabineros; se establece que la ley determinará las reglas de uso de la fuerza, es decir, un reconocimiento a la Ley Nain-Retamal; se establece a Gendarmería con el uso legítimo de las fuerzas, por supuesto además de su rol rehabilitador, porque necesitamos perfeccionarlo técnicamente, darle más capacidades, mejorar las escuelas, las instalaciones, las herramientas con que cuentan; y también se establece en ese capítulo la colaboración con los municipios, que es esencial.
—Dos municipios han decretado emergencia comunal por crisis de seguridad. ¿La propuesta les da más herramientas?
—Los municipios tienen un rol preventivo. Lo que las municipalidades pueden hacer en materia de seguridad está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que no se toca en la propuesta. Sin embargo, el texto sí reconoce la colaboración con las policías y ahí se genera un cambio porque muchas veces la colaboración hoy está dada por las buenas relaciones, pero no siempre por mandato normativo. El existir mandato normativo hace que las policías puedan solicitar a los municipios entrega de información, conectarse a sus cámaras, que los municipios puedan solicitar a la policía patrullaje conjunto, desarrollar planes en común.
—¿Tendrá impacto establecer el derecho a vivir en un entorno seguro o es algo meramente declarativo?
—Estamos estableciendo un derecho de las personas que antes no estaba. Y cuando tengo un derecho que se encuentra amparado por una acción de protección, en una situación de vulnerabilidad yo puedo recurrir a la Corte y se pueden adoptar medidas de protección o de colaboración, incluso la Corte puede instruir al municipio o a las policías que se proteja una situación de inseguridad.
—¿Qué sentido tiene crear la Defensoría de las víctimas?
—Hoy las víctimas no cuentan con abogados porque el fiscal es abogado de la sociedad. Sin embargo, el delincuente tiene un abogado pagado por el Estado. Cuando la víctima quiere aportar pruebas o considera que se debe considerar otro delito y no el que propone el fiscal, no lo puede hacer si no tiene plata para pagar un abogado. Contar con un abogado puede ayudar a tener un buen resultado en el juicio. Pero más importante aún, desde mi perspectiva, es el apoyo psicológico y social. Cuando una persona es víctima, para volver a enfrentar la vida requiere pasar por una terapia reparatoria. Es importante no solamente mirar la Defensoría de las víctimas desde la perspectiva de la asesoría jurídica, sino también desde el apoyo psicológico y social.
—¿Cuál sería el rol de la fiscalía supraterritorial?
—Hay delitos que trascienden las fronteras de las regiones: crimen organizado, terrorismo en el sur, contrabando en el norte. Por lo tanto, ahí se requiere una mirada mucho más eficiente en cuanto a la investigación de los autores de estos delitos. Contar con un fiscal con un equipo propio capaz de mirar de manera transversal, coordinado con fiscales regionales y el fiscal nacional, hace que la investigación y la persecución sean mucho más eficientes y eficaz.
—Sectores del En contra han dicho que podrían quedar libres narcotraficantes a partir de la interpretación de la frase del texto “ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella”. ¿Qué responde?
—La propuesta de la Convención decía que la descripción de la conducta debía ser “clara y precisa”. La Comisión Experta estableció por unanimidad que debía ser “precisa y expresa” de la misma forma en que lo ha señalado el Tribunal Constitucional. En ningún caso esto afecta la norma infralegal donde se establece por reglamento la sustancia y que no está relacionada con la conducta (...). A mí me parece que este es un argumento rebuscado para justificar una votación en contra. Si realmente hubiera una duda razonable, esto se habría dicho en la Convención pasada, en la Comisión Experta o en el Consejo.
—Una de las críticas que se hace al sistema hoy es que los delincuentes son detenidos, pero quedan libres. ¿Hace algo la propuesta al respecto?
—Al fortalecer la persecución, las policías, el trabajo coordinado con los municipios, etcétera, por supuesto que se hace algo porque se está evitando que exista más delincuencia y, al mismo tiempo, se establece una mayor posibilidad de estándar probatorio. Hay una norma muy especial que crea un consejo que depende del Ministerio Público cuyo objetivo es coordinar a las instituciones relacionadas con seguridad. Toda la información de estas es fundamental para que se realice con mayor eficiencia la persecución penal y para que tengamos más pruebas para presentar en juicio. Muchas veces perdemos la posibilidad de una condena porque no contamos con estándar probatorio.
—¿Es la propuesta, en materia de seguridad, más robusta que la Constitución vigente?
—No solo es más robusta, es una propuesta muy concreta, completa y adecuada a los tiempos que estamos viviendo. La Constitución del 80, dado su contexto, no enfrenta la situación delictual que vivimos hoy día. Aquí estamos hablando de crear órganos, enfrentar el terrorismo, el crimen organizado, de modernizar instituciones, cuidar las fronteras. Hay una verdadera propuesta de seguridad.
