Al menos 17 acusaciones constitucionales se han presentado en los últimos seis años, pero solo una ha prosperado: la del ministro del Interior del Presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick -y una tendencia similar se dio en periodos anteriores-. Esta semana, el Congreso nuevamente enfrentó la revisión de un libelo, pero contra el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, y también fue rechazada.
Según consigna el Congreso, la AC es un "procedimiento -con atribución exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados- que permite fiscalizar los actos del Gobierno". Así, la Cámara "declara si procede o no la acusación que presentan no menos de diez ni más de veinte, diputadas y diputados, en contra de las siguientes autoridades: Presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, generales, almirantes, intendentes y gobernadores".
Para ello, se constituye una comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación que presenta su informe a la Sala. Si la Sala declara que esta procede, el procedimiento se traslada al Senado, que actúa como jurado.
Ahora, analistas y académicos apuntan a que esta acción más que ser efectiva para sacar a un ministro o a un presidente de su cargo, tiene un trasfondo político y un impacto en la opinión pública. "Normalmente, por mayor exposición (de la persona) sujeta a la acusación, disminuye su aprobación ciudadana", dicen. También indican que últimamente estarían "utilizando esta herramienta sólo como una forma de obstruir la labor de los gobiernos" o por una "señal política de revancha".
En términos generales, para Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno Universidad Central, las AC "han perdido su eficacia en términos de resultado efectivo para lo cual estas fueron concebidas, que era el ejercicio de la responsabilidad política. Hemos visto que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en dos años han habido cinco acusaciones constitucionales contra ministros y ministras, y ninguna se ha concretado".
Y, si bien, explicó que los ministros y ministras igual en algún momento han abandonado el gabinete -salvo el actual secretario de Estado Montes-, ha sido "por razones distintas, lo que viene a confirmar la pérdida de la eficacia que tienen las AC".
Para el docente además ha existido "un abuso de parte de las oposiciones, de antes y ahora, ejerciendo este mecanismo que tiene el Congreso para poder hacer efectivo los principios de la responsabilidad política" y ello, cree que "está produciendo un agotamiento en los ciudadanos".
"Las personas ven que esto parece un juego más bien que algo que finalmente tenga y produzca algún resultado. No se entiende muy bien para qué hacer una AC, además de la salida de una autoridad, como pasó con el exministro Harald Beyer o Yasna Provoste, entonces, de alguna manera se está produciendo un cansancio en la ciudadanía respecto de que considera que la clase política, especialmente los parlamentarios, están utilizando esta herramienta sólo como una forma de obstruir la labor de los gobiernos", precisó.
Mario Herrera, académico e investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, sostuvo que "en términos del objetivo, sacar al ministro o al Presidente, es un mecanismo sumamente inefectivo. Solo una de las nueve presentadas en el gobierno de Piñera se aprobó y en el de Boric todas fueron rechazadas. Por tanto, si el objetivo fuese destituir a la autoridad, son un mecanismo muy poco efectivo, dada la mayoría que requieren para ser aprobadas. No obstante, estas acusaciones tienen un trasfondo político y un impacto en la opinión pública. Normalmente, por mayor exposición el ministro sujeto a la acusación disminuye su aprobación ciudadana".
Herrera explicó que "la herramienta pierde fuerza si su resultado es inesperado", no obstante, "es necesaria en un contexto democrático". "Mientras los tribunales deciden sobre la culpabilidad en términos jurídicos, el Congreso, dada su representación electoral, decide sobre la responsabilidad política. El rechazo de la acusación no exime a los ministros de su responsabilidad jurídica", mencionó.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de O'Higgins (UOH), Roberto Sagredo, consideró en tanto, que "es una medida poco efectiva en términos de responsabilidades, pues, incluso en los casos en que ha prosperado como con los exministros de Educación Yasna Provoste y Harald Beyer, no se ha logrado determinar responsabilidad jurídica por las conductas inconstitucionales de los acusados. Al no existir rigor jurídico en lo que es un juicio político, se trata de una forma en que una mayoría opositora en el Congreso puede crear presión hacia el Presidente de la República, ya sea porque un ministro genera repudio o para que el gobierno cambie algún enfoque de su gestión".
En una profundización, el experto mencionó que "antes de 2006, no hubo mayoría opositora en el Congreso. Desde aproximadamente 2008 en adelante, con excepción de la segunda administración Bachelet, todos los gobiernos han tenido minoría en una o ambas cámaras. Esto significa que la oposición puede tener poder para vetar ministros o presionar políticamente al gobierno. A partir de la AC de 2008 a la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, existe un uso vindicativo de la acusación constitucional, de forma tal que si en el gobierno siguiente hay una coalición diferente, se busca emplear el juicio político para 'vengar' la pérdida de ministros en el gobierno anterior. En el caso del gobierno del Presidente Boric, como la centroizquierda acusó en reiteradas ocasiones a ministros del Presidente Piñera, logrando una destitución y una renuncia, actualmente se usa esta herramienta como una señal política de revancha para señalar que hay una oposición firme".
En cuanto a los rechazos de los libelos, expuso que puede ser porque "a diferencia de legislaturas anteriores, no hay claridad en el concepto de mayoría y minoría en la Cámara Baja. De hecho, ninguna acusación durante el gobierno del Presidente Boric ha sido admitida por la Cámara y pasado al Senado. Queda clara la postura de Chile Vamos y el Partido Republicano, pero no así la de los independientes, quienes fueron elegidos por el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana y los diputados que renunciaron a ésta. De aquí que existe un error de cálculo de parte de la derecha al acusar, pues desconocen contar con los apoyos para al menos obtener la admisibilidad".
A su juicio, entonces, la herramienta en Chile "se encuentra plenamente desprestigiada, tanto por el fenómeno de las acusaciones constitucionales como demostración de poder o de justicia revanchista, como porque no existe deber alguno de resolver en derecho. Basta con que a un diputado no le guste la gestión de un ministro para que promueva una acusación, cuando ésta se basa en causales de incumplimiento grave de obligaciones constitucionales y legales".
Desde la misma casa de estudios, Soledad Mortera, docente de la carrera de Derecho, resaltó que el hecho de que se hayan presentado variadas AC en los últimos años y la mayoría no haya prosperado, da a entender, primero, "que esta no es una medida sancionatoria efectiva, sino que, por el contrario, es una herramienta utilizada por la oposición de turno respecto del Gobierno instalado democráticamente a efectos de entorpecer de alguna u otra forma su funcionamiento como parte del Poder Ejecutivo".
En segundo lugar, mencionó que "existe una irresponsabilidad por parte de nuestros representantes al momento de llevar a cabo este tipo de juicio, en el entendido que se preocupan más por la obtención del voto para efectos de evitar llegar al quórum necesario en la etapa acusatoria como de juzgamiento, en lugar de revisar los antecedentes del caso particular para efectos de analizar si efectivamente la autoridad respectiva transgredió o no con sus deberes constitucionales y que en definitiva vulneró con un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho".
Y, en tercer lugar, expresó que "a efectos de poder buscar un mayor respaldo de la ciudadanía y desprestigiar al opositor en términos políticos, se mal utiliza esta herramienta con el objeto de poder acaparar todos los medios de comunicación, con tal de atacar a la ideología contrincante, con el propósito principal de dejar en evidencia la especie de espectáculo que se está dando dentro del Congreso Nacional".
"Por todos los puntos anteriores, por supuesto que ello desprestigia y desvaloriza la herramienta previamente señalada, en el entendido que la AC busca justamente sancionar a las autoridades que han infringido deberes de especial relevancia, no obstante se puede apreciar en la práctica que este se ha convertido en un mecanismo de venganza y de obstaculización entre la operatividad y funcionamiento entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del país, en base a su mandato co-legislativo respecto de las distintas materias que deben sancionar, a fin de llevar a cabo diferentes políticas públicas a favor de los chilenos y chilenas de nuestra nación", puntualizó.
¿Qué sería más efectivo?
Dejando de lado la acusación constitucional, Marco Moreno dijo que por ahora parecen ser más efectivas las acciones vía Contraloría General de la República o de otros órganos cuando hay situaciones que investigar. "La acusación política siempre es una herramienta de última ratio y, por lo tanto, no está ayudando a la función del Congreso, porque más bien tiende a mostrar frente a los ciudadanos que no es una herramienta eficaz para ejercer la responsabilidad política. Es cierto que las comisiones de investigadores tampoco están teniendo efecto y, por lo tanto, lo que va quedando es que no hay por ahora mecanismos efectivos para controlar los actos del Ejecutivo y eso genera decepción en los ciudadanos", acotó.
Para Herrera, en cambio, la AC "debe ser siempre el principal mecanismo para perseguir las responsabilidades políticas, toda vez que los miembros del Congreso cuentan con la legitimidad democrática de ser electos por la ciudadanía. Esto permite el balance entre la autonomía de los poderes del Estado y la existencia de mecanismos de control y fiscalización entre ellos. Mientras el Poder Judicial persigue la responsabilidad legal, el Congreso hace lo propio en lo político".