La ministra del Interior,
Carolina Tohá, abordó las 27 pensiones de gracia que el Presidente
Gabriel Boric decidió revocar, al no contar con los requisitos zanjados por el Gobierno para mantener el beneficio.
En conversación con Buenos Días a Todos de TVN, la secretaria de Estado, relevó que "claramente el proceso de pensiones de gracia en Chile no tenía una regulación adecuada. No solo respecto a estas pensiones, sino que de todas las pensiones de gracia".
"En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y se han otorgado todo este tiempo sin consideración a los antecedentes penales. Ahora, tener antecedentes penales no te excluye per se a tener un beneficio de este tipo", acotó.
Y explicó que "una persona porque tiene antecedentes penales porque cometió un delito, pagó, fue condenado y cumplió su condena, y después, en una manifestación pública, por un procedimiento errado, pierde un ojo, esa persona tiene derecho a que el Estado lo compense, porque el hecho que tenga un antecedente penal no justifica que se pasen a llevar sus derechos".
"Ahora, qué es lo que sucede aquí, que en estos casos donde hay un tipo de daño de esa cuantía, vamos a mantener las pensiones, pero en caso en que el daño no es de esa cuantía y hay un historial de antecedentes penales, nosotros decimos, esta persona no califica para una pensión de gracia", añadió.
En cuando a las personas que no califican o se les quita el beneficio, Tohá señaló que "igual puede ir a los tribunales y pedir una indemnización (...) como gracia presidencial, que es un gesto de los Presidentes por compensar un daño causado, hemos decidido en estos 27 casos, el Presidente ha planteado que se deben dejar sin efecto las pensiones de gracia".
Sobre las condiciones que presentaban las personas de estas 27 revocaciones, la titular de Interior apuntó que "hay distintos tipos de delitos. Hay personas que han participado en robos, en robos con intimidación, personas que tienen antecedentes de tráfico de drogas, personas que han participado en abusos sexuales de menores, personas que han participado en homicidios. Hay antecedentes graves".
Rol del Congreso
Consultada sobre cómo se le entrega pensiones de gracia a estas personas, la ministra recalcó que "con un procedimiento mal resuelto, con un Parlamento que no logró un buen acuerdo por este tema".
"El primer año después del estallido, el Parlamento acordó un mecanismo de pensiones de gracia que no se ocupó, no se entregó ninguna pensión de gracia. Al año siguiente, cuando se volvió a discutir esto, ya los ánimos estaban caldeados porque por un año entero no se había compensado a nadie y no se logró un acuerdo en el Parlamento respecto a cómo hacerlo. Entonces se aprobaron dos normas para hacerlo, dos distintas, una más del oficialismo y una más de la oposición", recordó.
"Cuando hubo que aplicarlo", continuó, "que le tocó al Gobierno del Presidente Piñera -no a nosotros, al subsecretario Galli- tenía dos normas distintas, una decía una cosa y una decía otra ¿Qué haces tu con eso? Tuvo que encontrar una combinación. Ese es el oficio que reglamenta cómo se van a entregar y nuestro Gobierno siguió aplicando el mismo reglamento con todas las falencias de este acuerdo inicial y con una ley que no consideraba los antecedentes penales".
"Eso se va a arreglar hacia futuro, van a exigirse que se miren los antecedentes, el Presidente igual puede decidir darla, pero tiene saber, la persona y el historial que tienen", aseguró, acotando que en el Ejecutivo "ya concluimos con las pensiones del estallido y ahora vamos a revisar todas las demás".
