"Es factible hacer presente que las acciones realizadas por parte de José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretario ejecutivo (de la Asociación Chilena de Farmacias Populares) y diferentes trabajadores detalladas en el presente informe, debieron efectuarse con pleno conocimiento del presidente de Achifarp, Óscar Daniel Jadue Jadue". Esa es una de las conclusiones de un informe que el Departamento OS-7 de Carabineros remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en enero pasado, como parte de la indagatoria por un eventual delito de cohecho en el marco del caso Farmacias Populares. Sobre el alcalde de Recoleta, el documento añade que el alcalde de Recoleta (PC), "teniendo a su cargo la gestión patrimonial de Asociación Chilena de Farmacias Populares, dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular por Muñoz Barrera". En este sentido, uno de los episodios que se cuestiona es "una venta masiva de productos en forma urgente", declararon testigos, la mayoría funcionarios a los que se les ofrecieron comisiones por las ventas.
