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Democracia Viva: Paz Fuica dice que le pareció extraño el convenio y que lo advirtió a Andrade y Contreras

En su primera entrevista tras salir de la cárcel, la concejala afirma que “se lo señalé a ambos y Carlos me aseguró que no había conflicto o impedimento”. Plantea, además, que cree importante que se conozca su versión y asegura: “No he cometido ningún delito”.

15 de Marzo de 2024 | 19:15 | Por Maximiliano Vega, El Mercurio
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La concejala por Antofagasta, Paz Fuica.

El Mercurio (archivo)
La próxima semana la concejala de Antofagasta Paz Fuica (suspendida RD) buscará retomar de manera remota sus actividades laborales y, en abril, un magíster. Por ahora, la psicóloga está con licencia médica, tras haber estado en prisión preventiva por más de un mes, luego de ser formalizada por fraude al fisco reiterado en el marco del caso Convenios.

En su primera entrevista tras salir de la cárcel, afirma que tuvo reparos respecto del convenio por más de $400 millones suscrito entre la Seremi de Vivienda —donde trabajó con el exjefe de la repartición, Carlos Contreras— y Democracia Viva, debido a que la fundación era representada por Daniel Andrade, quien entonces era pareja de la diputada Catalina Pérez. Todos en esa época eran militantes activos de RD.


También, que decidió referirse al caso para defenderse de las acusaciones en su contra: "Yo he evitado dar entrevistas, porque la verdad es que pretendía que actuaran las instituciones, que es lo que corresponde, pero también uno quiere salir a defenderse y decir 'yo no he hecho, no he cometido ningún delito'".

Hoy, además de Fuica, el exseremi Contreras y Andrade están formalizados en esta arista del caso. La legisladora, es indagada por estos hechos.

—¿No le pareció extraño o no le llamó la atención que el convenio fuera con una fundación que representaba Daniel Andrade, quien era en ese entonces, pareja de la diputada Catalina Pérez?

—Sí, me pareció, se lo señalé a ambos (Andrade y Contreras) y Carlos me aseguró que no había conflicto o impedimento, pues había consultado bien con sus equipos y cumplía con los requisitos. Además, cuando llegué las fundaciones ya estaban seleccionadas, habían pasado por el proceso de selección y la revisión de los documentos la hacía el área jurídica.

—Frente al impacto que provocó el caso en el oficialismo, ¿considera que quizás fue un error firmar estos convenios?

—A mi entender, y con la información que contaba, ninguna fundación tuvo un trato diferente de otra, todas fueron abordadas con los mismos protocolos, la misma cantidad de documentación y, en ese entendido, creo que efectivamente en términos administrativos se puede mejorar, se pudo haber mejorado.

"Es claro, si uno revisa al menos los informes de la Dipres o del Ministerio de Desarrollo Social que el programa Campamentos tiene bajo desempeño hace muchos años. Eso está en los informes de los gobiernos anteriores, ha ido cambiando de nombre, ha ido reformulándose, ha adquirido compromisos de mejoramiento, los cuales año tras año se van evaluando, se van midiendo y ha habido algunos cambios, pero efectivamente creo que el Ministerio de Vivienda, al trabajar con tantos colaboradores, debiese mejorar o revisar sus protocolos y todos los temas administrativos (...)”.

—Entonces, ¿considera que existió una falla al firmar estos convenios?

—Creo que hay errores de procedimiento, pero eso es institucional y tiene que verse de manera general. Aquí en Antofagasta a lo mejor hubo error al no revisar o no transparentar toda la información y, como digo, yo llegué de manera posterior, cuando las fundaciones ya estaban electas y, en el fondo, solo faltaba la designación de los convenios.

—¿Qué faltó transparentar?

—Me refiero a la claridad en los procedimientos, se piden pocos requisitos a las fundaciones, no están bien definidos los montos y los tipos de gastos —cómo se haría en las bases de una licitación o concurso—, de eso se habló en una jornada nacional del programa y los encargados se lo manifestaron a (Ricardo) Trincado (exjefe de Asentamiento Precarios de Vivienda, PS). Por otro lado, aquí hay un mecanismo que se lleva ejecutando desde hace 5 años y ahora nadie lo entiende —lo que me sorprende—. La falta de claridad genera más complejidades en la ejecución, seguimiento y fiscalización. No estaban bien definidos los roles, eso también pudo haber acrecentado el problema.

—¿No le pareció complejo tener dos cargos en esa época, como concejala y su labor en el área de campamentos de Vivienda?

—Estoy acostumbrada a una alta carga de trabajo y lo hago con mucho entusiasmo. Ser miembro de un concejo municipal no es de dedicación exclusiva. Por lo demás, la ley orgánica de municipalidades faculta a los empleadores de quienes sean concejales a otorgar ocho horas semanales para las labores propias del cargo y mi contrato a pesar de que se me pedía firmar un libro de asistencia, era a honorarios. Además, en ese mismo período comenzaba mis estudios de magíster con el objetivo de tener mejores herramientas para mi trabajo, razón por la cual requería ingresos adicionales.

—¿Durante su etapa en la seremi escuchó nombres como el de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas; el jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi; el del ministro Carlos Montes; antes de que se conociera el caso por el medio local Timeline?

Nunca tuve contacto directo con ellos, salvo en las visitas oficiales que hacen como autoridades. La verdad es que no tenía una vinculación directa ni con el ministro, ni con la subsecretaria, ni con el asesor del Presidente. No me correspondía por mis funciones.

—¿Cómo ve el actuar de la fiscalía en la investigación en su contra?

—La fiscalía está haciendo su trabajo. Tienen que investigar, tienen que tomar toda la información disponible, tienen que defender, en este caso, los intereses de la sociedad, del colectivo, del país. Lo que sí, a mí me parece que no tiene que perderse en cuenta la objetividad del trabajo que le corresponde a la fiscalía al analizar los hechos. Es un delito de connotación pública que afecta la credibilidad de las instituciones, por lo tanto, tiene que ser abordado con seriedad desde la fiscalía, pero sin perder el principio de objetividad.

"Ellos no me conocen, no tienen porqué saber cuáles son mis intenciones. Es parte de su trabajo, pero espero que lo siga haciendo, como lo ha hecho siempre la fiscalía, de la manera más rigurosa y sin perder, producto de la presión mediática y política, la objetividad dentro de su trabajo".

—¿Cómo sería su futuro respecto de la militancia?, ¿seguiría en RD cuando se acabe la suspensión?

—Yo al menos mantengo intactas mis convicciones en lo social y en lo político, y esas no tienen que ver con la militancia en un partido, eso para dejarlo claro. Respecto de la militancia es algo que estoy meditando y espero tomar la mejor decisión, porque es uno el que se pone a disposición del partido y, finalmente, uno espera que el colectivo te soporte y en este caso no ha sido de esta manera, por lo tanto, es algo que estoy analizando aún, (es algo) a definir.
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