Continúan los efectos de la tragedia tras los megaincendios que se registraron a inicios de febrero en la Región de Valparaíso, y que no han estado exento de duros cuestionamientos respecto a las respuesta de las autoridades, quienes se han enfrascado en acusaciones cruzadas respecto a las responsabilidades.
La gestión de la crisis quedó en entredicho, y le costó el cargo al
entonces director de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal. El pasado 16 de marzo, el Gobierno lo removió de su cargo, aludiendo a la "necesidad de darle un nuevo impulso al organismo".
Y aunque no se mencionó en el escueto comunicado, lo cierto es uqe Hormazábal se vio envuelto en acusaciones cruzadas con los municipios de Viña del Mar, liderado por Macarena Ripamonti, y de Quilpué, a cargo de Valeria Melipillán; ambas oficialistas.
Las alcaldesas enfrentan por estos días serios cuestionamientos e incluso acciones judiciales u oficios por la prevención y especialmente ante la respuesta ante los incendios. A mediados de febrero, se conoció que familiares de las personas que fallecieron al interior del Jardín Botánico de Viña del Mar en medio de los incendios forestales, presentaron una querella criminal contra la alcaldesa Ripamonti.
Pero esa no es la única acción judicial que aparece en la post tragedia. Según un reportaje de T13, otros familiares de víctimas también presentarán una querella por cuasidelito de homicidio múltiple y retardo de la prestación de servicios, contra todos quienes resulten responsables.
Sobre ello, Ripamonti respondió que frente al fallo de la planificación urbana y la incorporación del riesgo de incendio. "Hemos hecho todo el trabajo para incorporarlo, pero no depende de nosotros, es de la dirección de obras", dijo al citado medio. Esto, junto con señalar que han "estado detrás de los servicios para poder solicitar ayuda", y que había riesgo en las zonas que finalmente se quemaron.
Fiscalía abre causa contra Viña, Valparaíso y Quilpué
Son tres los municipios que están bajo la lupa del Ministeiro Público regional: Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué.
Según comunicaron desde el organismo persecutor, a la fecha mantienen "una causa por el incendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso. La investigación se mantiene vigente con diligencias en curso, en cada una de las distintas aristas investigativas que se han abierto".
Añaden que "todas las querellas que se han presentado a la fecha se han agrupado a dicha indagatoria y se trabaja con ambas policías".
"Una de las aristas que se investiga tiene relación con el funcionamiento de la alerta de evacuación, en este caso se han encargado diligencias y la causa avanza conforme a lo programado", precisaron.
Oficios de Contraloría
A fines de febrero, la Contraloría ofició a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, para informar por sus planes de reducción de riesgo de desastres, planes comunales de emergencia y medidas adoptadas por la Conaf.
Sobre ese tema, el
subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo por esos días que "ante hechos tan graves" ocurridos en esas comunas, "las instituciones del Estado tienen la obligación de investigar", tanto por parte del Ministerio Público, Contraloría, y del Gobierno, por lo cual se han instruido auditorías. "
Por supuesto es obligación del Estado saber de qué manera funcionaron las instituciones del Estado y cuáles son las características de la tragedia que ocurrió", razón por la cual contactaron a la UE para obtener una visión técnica al respecto.
Otra acción de Contraloría, registrada ayer, apunta al inicio de un proceso de fiscalización a los municipios antes mencionados, así como a la Delegación Presidencial Regional, solicitando detalles sobre los ingresos y gastos relacionados con el megaincendio.
En concreto, el organismo fiscalizador exigió el listado de convenios suscritos por la Delegación con entidades públicas y municipales. Además, se auditarán los gastos destinados para la ayuda de damnificados, incluyendo los contratos suscritos por el Gobierno.
Desde la notificación, las instituciones tienen 15 días hábiles para dar respuesta al oficio.
