Para este lunes a las 08:30 horas está planeado que empiece "el juicio de crimen organizado más significativo que hemos tenido en el último tiempo y para el cual ha trabajado muchísimo el Ministerio Público", afirmó el domingo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
En concreto iniciará el juicio oral en contra de 38 sujetos imputados como autores de delitos de homicidio calificado, secuestros, porte de armas, tráfico de drogas, entre otros, que formarían parte de Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua.
La audiencia se hará vía telemática, luego de una serie de solicitudes que se hicieron para que no fuera presencial para 19 de ellos. Cabe recordar que a mediados de abril, la Corte de Arica acogió recursos de protección en favor de esa cantidad de detenidos, ordenando su comparecencia presencial en dicha ciudad.
Desde el el Gendarmería, la Fiscalía e incluso el Gobierno, advirtieron el "altísimo riesgo" que implicaría hacer el juicio de manera presencial -por ejemplo, por el peligro de fuga-. También autoridades de la zona como el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, manifestaron sus reparos: La ciudad cuenta con "una dotación policial que es escasa para ser una ciudad frontera", indicó a Radio Universo, por lo que expresó que les preocupa que este tipo de juicios de alto riesgo se realicen en la ciudad. "Nos pone en alerta", agregó.
Pero además, las acotaciones se hicieron por lo que significaría trasladar a los reos, ya que ocho de los 19 actualmente se encuentran en cárceles de diferentes regiones (el más lejano, está en Puerto Montt).
Respecto a eso, también se refirió Cordero el domingo: "Si era presencial, el traslado implicaba movilizar a los equipos especializados de Gendarmería, aproximadamente entre 40 y 55, llevarlos para que hicieran el traslado y, en seguida, manteniéndolos allá mientras durara el juicio", aseveró a Estado Nacional de TVN.
Con todo, esta semana la Corte Suprema tomó la decisión de acoger una orden de no innovar y, con ello, decretó que este lunes la acción se realice de forma remota.
"La decisión tomada por la Corte (Suprema) ciertamente la respetamos y nos parece prudente. Atendía la preocupación que había para desarrollar el juicio sin estos traslados que generaban gran preocupación", valoró el sábado la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Misma apreciación tuvieron algunos parlamentarios como el diputado por la región de Arica, Vlado Mirosevic (PL), quien aseveró que "primo la cordura, porque la amenaza es bastante evidente y frente a una posibilidad de fuga o, incluso, las dificultades de seguridad para realizar las audiencias, porque recordemos, los tribunales están en el centro de la ciudad, en el centro de Arica, por lo tanto, esto significaba cortar calles, la verdad problematizar completamente el centro de la ciudad y, entonces, creo que la decisión de la Corte Suprema es una decisión razonable, equilibrada, sopesando los riesgos que esto significa y, por lo tanto, celebro la determinación".
El mismo jefe comunal Espíndola lo apreció. Es "una buena noticia el fallo", acotó. Pero, plasmó otra interrogante y eventual problema, pues dijo que la máxima instancia del Poder Judicial "se pronunció en la forma y no en el fondo".
Y es que la autoridad local sostuvo que "de momento no sería presencial, pero esto puede cambiar en cualquier momento".
El mismo fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, se refirió a esto. De acuerdo con El Mercurio, afirmó que lo resuelto "nos deja conformes, sin perjuicio de que estamos en condiciones de realizar el juicio de la forma en que determinen en definitiva los tribunales. Que se haya acogido la orden de no innovar, no implica que esté resuelto el recurso, sino que durante la próxima semana la Corte Suprema va a resolver en definitiva si se da luz verde al traslado o no. Estamos preparados para cualquier situación y esperamos que el juicio se inicie el lunes para presentar nuestra prueba".
Con ello -aunque se espera que haya una respuesta prontamente- aún faltaría saber qué ocurrirá con las siguientes audiencias.
El Ministerio Público pidió penas de presidio perpetuo para 11 implicados y condenas que suman más de 200 años de cárcel para los otros 27.
