Con el objetivo de reforzar la protección de los derechos humanos de quienes participan en programas de tratamientos por consumo problemático de alcohol y otras drogas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) lanzó un decálogo de los derechos de estas personas. Esto, como parte de las actividades que se han realizado en torno al Mes de la Recuperación 2024, periodo en el que el Senda busca transparentar la importancia de los tratamientos por consumo problemático y la integración social de quienes han finalizado procesos terapéuticos.
En la instancia estuvieron presentes la directora nacional del Senda, Natalia Riffo, diversos representantes de entidades públicas y privadas, además de algunas personas que actualmente participan en programas de recuperación e integración social.
Riffo destacó que el decálogo significa un gran avance en el enfoque de derechos humanos que promueve la institución con sus programas de prevención y recuperación del consumo problemático de alcohol y otras drogas. Este, establece nueve derechos y un deber, los que están acompañados de una explicación que detalla tanto su alcance como aplicación.
El primer derecho es a la salud física y mental y asegura un acceso en igualdad de condiciones a programas de recuperación y prestaciones de calidad; el segundo apunta la libertad de las personas a cualquier forma de discriminación, con pleno respeto a su identidad y dignidad. Un tercer derecho apunta a la integridad física y psíquica, es decir, a recibir un trato respetuoso, sin maltratos ni tratos degradantes durante todo el proceso.
También se detalla el derecho a la libertad de expresión y opinión sobre los programas, además de recibir información clara y comprensible. Un quinto derecho es a la honra y vida privada, apuntando a la protección de la confidencialidad y privacidad en el tratamiento y recuperación.
El sexto derecho es a la autonomía personal o libre determinación, asegurando libertad plena a la hora de la toma de decisiones y la conciencia respecto al proceso de recuperación. El séptimo derecho contenido en el decálogo apunta a la participación social y cultural, es decir, ser parte de manera activa en la planificación y ejecución del proceso de recuperación.
Así, el penúltimo derecho se refiere a la seguridad y protección social, asegurando el acceso a una atención adecuada en salud y protección social para su reintegración. Finalmente, el noveno derecho es a un proceso de recuperación libre de cargas personales, es decir, acceder a un tratamiento sin requisitos excesivos ni cargas desproporcionadas.
El único deber contenido en el decálogo apunta al respeto que deben tener los pacientes con el personal que participa en los programas de recuperación.
Este decálogo sostuvo Riffo, "refleja nuestro compromiso por garantizar que todas las personas en recuperación reciban una atención digna, respetuosa y libre de discriminación. No solo buscamos que accedan a tratamiento, sino que participen activamente en su propio proceso, siempre respetando su autonomía y derechos".
El representante de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal, Gonzalo Cuadra, expresó esta nueva herramienta "es parte de las que debemos implementar desde la coordinación intersectorial y que está muy alineado con los principios que tenemos en la red de salud para el abordaje de las personas que requieren este tipo de tratamientos".
Desde el Comité de Prevención de la Tortura, órgano que realizó recomendaciones, Luis Vial, manifestó la importancia de que "pueda concretarse en la implementación de los programas, tanto para el trabajo con las personas usuarias, facilitando su participación y comprensión de la situación en la que están, como también para el personal y el respeto que requieren (...) Esto va bastante en dirección con respecto a las recomendaciones que ha planteado el Comité de Prevención de la Tortura, y esperamos que, efectivamente, pueda manifestarse con gestiones que faciliten el acceso, la continuidad y el acompañamiento", dijo.
Finalmente, Riffo sostuvo que "este decálogo es una herramienta más para garantizar que la atención sea integral, respetuosa y basada en los derechos humanos".
